Tremendo lío: constructora del proyecto Aquarela, en Cartagena, demandó al Estado colombiano

Cansados de un alegato que ya lleva varios años y que tiene a los inversionistas, los constructores y los compradores en el limbo, la Promotora calle 47 S.A. que adelanta el proyecto Aquarela, en el costado posterior del emblemático Castillo de San Felipe, decidieron acudir a los estrados judiciales.

Según los voceros de la Promotora, que agrupa a cinco compañías antioqueñas del sector inmobiliario, la decisión fue tomada ante “el sistemático desconocimiento de los derechos de desarrollo y construcción otorgados a través de las licencias urbanísticas legalmente adquiridas, y los graves daños morales y económicos ocasionados con ello a constructores, inversionistas y compradores de vivienda”.

La acción jurídica, que involucra al Ministerio de Cultura al Distrito de Cartagena, busca “reparación directa a través del resarcimiento por parte del Estado, del daño causado a los afectados”.

Los demandantes sostienen que, “de llegarse a establecer una afectación por parte del proyecto habitacional al Patrimonio Cultural de Cartagena, tal daño obedece a la negligencia del Ministerio de Cultura que no diseñó ni adoptó de manera oportuna el Plan Especial de Manejo y Protección de los monumentos patrimonio requerido por la Unesco”.

Torres en la zona histórica

Se trata de un proyecto de 5 torres de 30 pisos cada una, el cual recibió el licenciamiento para levantar la obra, cuando aún no había un Plan Especial de Manejo y Protección de monumentos que son patrimonio de la Unesco. Dicho plan de manejo era algo en lo que el organismo internacional le insistía a Cartagena que presentara pronto, precisamente, para evitar circunstancias como las que están ocurriendo ahora.

No obstante, ante la inexistencia del mencionado plan, la constructora recibió los permisos respectivos y, en marzo del 2017, empezó a construir el primer edificio, el cual consta de 25 pisos.

Seguidamente, el Ministerio de Cultura instauró una acción popular contra el Distrito de Cartagena, por haber aprobado la licencia en mención.

Ahora, de acuerdo con lo señalado por los voceros de la constructora, ya surtieron una audiencia de conciliación que concluyó sin éxito.

En la demanda, la firma constructora sustenta “el sistemático desconocimiento por parte del Ministerio de Cultura y demás partes demandadas, de los derechos de desarrollo y construcción obtenidos a través de las licencias urbanísticas, así como de la normatividad urbanística aplicable al proyecto de vivienda de interés social situado en la manzana 186 del Barrio Torices”.

La demanda quedó en firme luego de que se interpusiera, el pasado 1 de noviembre, pero como intento, se llevó a una audiencia de conciliación que no tuvo ningún éxito.

La Promotora sustenta que, en la demanda, “se expone la utilización del proyecto habitacional como excusa de la incapacidad del Ministerio de Cultura para atender las recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, expresadas por este organismo desde hace más de 15 años, sobre las medidas regulatorias y normativas necesarias para proteger la totalidad del conjunto monumental de Cartagena”.

Los pronunciamientos de La promotora son fuertes. Expresan que ha existido “instrumentalización del Comité de Patrimonio Mundial, de las autoridades nacionales y de la opinión pública, a través de información imprecisa, tendenciosa y errónea difundida por el Ministerio de Cultura, para direccionar y presionar decisiones judiciales y administrativas que buscan suspender e inviabilizar el proyecto habitacional”.

Hay que recordar que las soluciones de vivienda de este proyecto están orientadas a colombianos de escasos recursos, pues se trata de vivienda de interés social, es decir, no puede tener precios por encima de los 135 salarios mínimos.