Uber: las claves para entender el fallo que les permite "volver"

En medio de la crisis del coronavirus, el Tribunal Superior de Bogotá hizo pública el viernes en la mañana una decisión que nadie esperaba por estos días. En un fallo, el alto tribunal tumbó la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que en enero de este año suspendió a Uber en Colombia.

El giro que le da la justicia a este caso, sin embargo, no resuelve de fondo el asunto. El tribunal resolvió emitir una sentencia anticipada con la cual le dio un aire a esa plataforma tecnólogica. Su argumento para concluir no tuvo que ver con los cargos del pleito judicial por competencia desleal, sino que la decision se basó en el vencimiento de términos dentro del proceso. En el fondo, el documento también envía un mensaje al tumbar una decisión de un órgano del Poder Ejecutivo que había asumido en este caso funciones jurisdiccionales. La Superintendencia le dejó saber a SEMANA que seguirá insistiendo en la necesidad de regular todas las plataformas digitales. 

Hay que recordar que Uber seguía operando con el argumento de que no prestaba un servicio de transporte, sino de alquiler. Bajo esa teoría, el usuario —antes de tomar el carro— firmaba digitalmente un contrato con Uber de renta. En febrero, la compañía aseguró en un comunicado que ese nuevo modelo permitía arrendar un vehículo con un conductor, bajo un acuerdo entre las partes al momento de la llamada. Y así le habían hecho el quite a la decisión de la Superintendencia. 

Al conocerse la decisión, la empresa envió un comunicado de prensa. "Ante la difícil coyuntura económica que enfrentamos a causa de la covid-19, Uber busca ser un aliado del país para recuperar la economía y ofrecer oportunidades de generación de ganancias adicionales para miles de personas. Aquellos que se han visto afectados por la crisis encuentran en Uber una gran alternativa en este momento de reactivación económica", señaló.

Lo que hay detrás de esa pelea

El tema de Uber ha producido en los últimos meses un álgido debate jurídico y ha levantado la indignación de muchos ciudadanos que consideran que el Estado no debe bloquear estas aplicaciones que complementan su oferta de transporte en medio del caos de la movilidad y recientemente ante la necesidad de tener transportes individuales para protegerse del contagio de coronavirus. Por el otro lado, el gremio de taxistas ha ejercido una fuerte resistencia a que este tipo de plataformas puedan operar con menos requisitos y costos de los que tienen ellos. Paralelamente, el Gobierno busca soluciones en medio de proyectos de ley para regular la actividad, pero sin la tracción para convertirse en la agenda prioritaria.

La situación ha desatado una tormenta en el sector de transporte por las implicaciones de tener vigente y sin modernizar una legislación de finales del siglo pasado. Pero también lo ha hecho frente a los profundos y complejos cambios que impulsa la revolución tecnológica en sectores tradicionales, con nuevas propuestas, nuevos hábitos de consumo y una alta tensión competitiva en los mercados.

Se trata de piezas recientes que no encajan en un rompecabezas regulatorio y legalmente anticuado. Y el caso de Uber deja en evidencia la distancia que deben recorrer hoy Colombia y muchos países para ajustarse a esos entornos.

Es un tema de fondo: la disrupción tecnológica está cambiando el modo de vida de las personas, en un escenario en el que hay que adaptar las reglas al nuevo ambiente. Y en ese sentido el desafío es gigantesco. Se requiere la competencia para que el mercado funcione abiertamente y con la mayor cantidad de jugadores, tanto entrantes como establecidos, sin provocar efectos perversos, como crear o mantener monopolios para cualquiera de los protagonistas del sector.

La competencia es el mejor estímulo para el crecimiento económico, pues obliga a las empresas a innovar y buscar los mecanismos para crecer. Lo peor que puede pasar es que alguien gane el mercado por W; es decir, por ausencia de competidores. O que ocurra lo que acaba de suceder con Uber y los taxistas, donde quedó la amarga sensación de vencedores y vencidos.

Por otra parte, la revolución tecnológica también exige buscar una mayor transparencia en materia tributaria y laboral para los nuevos desarrollos. Esto significa equilibrar la cancha para todos los actores: los trabajadores de las plataformas; los consumidores, que buscan acceso a más y mejores servicios con mejor calidad; y las compañías establecidas, para que puedan competir en igualdad de condiciones. Asimismo, las nuevas plataformas y empresas tecnológicas deben tener modelos de negocios que funcionen y sean más inclusivos, sobre todo, en esta época de tensión social.

Sin embargo, el país y muchas partes del mundo, al parecer, van a otro ritmo. Esta discusión preocupa porque no es nueva ni distante. Uber completó en Colombia más de un lustro, con debates hasta ahora estériles en torno a su legalidad, que se suman a amenazas y demandas de los taxistas por mantener el statu quo.

Pero una cosa es discutir en el sofisticado mundo de los abogados de competencia o en las oficinas de los gobiernos, y otra en el día a día de la gente. En Colombia, Uber ha tenido más de 80.000 conductores, 2,2 millones de usuarios y cerca de un centenar de empleados directos. Junto con otras plataformas que participan en el país lograron volverse parte del ecosistema de transporte nacional. 

Las decisiones judiciales alrededor de Uber abren la puerta para que los sectores tradicionales amenazados aprovechen la regulación antigua para demandar a sus nuevos competidores: medios y empresas de telecomunicaciones contra Google o Facebook, los hoteles contra Airbnb, los canales de televisión contra Netflix o Amazon Prime. Pero también para que las plataformas y firmas de tecnología aprovechen esos vacíos legales a fin de copar espacios y generar contextos de competencia desequilibrados.

Para muchos países, regular a las empresas tecnológicas se ha convertido en una verdadera papa caliente. Gigantes como Facebook, Google o Amazon casi se han convertido, hoy por hoy, en el mercado mismo. Según ‘The Economist‘, Google en algunos países procesa el 90 % de las búsquedas en la web; Amazon captura más del 40 % de las compras en línea en Estados Unidos, y Facebook, con más de 2.000 millones de usuarios mensuales, domina el sector de los medios. Además, Facebook y Google controlan dos tercios de los ingresos publicitarios en línea de Estados Unidos y tienen una participación muy parecida en otros países.

Las barreras de entrada se consolidan. Las poderosas bases de datos que han construido les permite a los gigantes tener una mina de información de las personas que acceden a la red. Pero también por su vigoroso brazo financiero y de inversión desarrollan agresivos procesos de compras, fusiones y adquisiciones, con las que limitan la posibilidad de que empresas nuevas con gran potencial puedan convertirse en el David que le gane a Goliat. Facebook lo hizo evidente con una intensa agenda en la que compró Instagram, WhatsApp y TBH, entre otras empresas.

Esta es, en la actualidad, una dinámica global: cómo regular las plataformas, facilitar la competencia en los mercados y lograr equilibrios tributarios para que los recursos irriguen a los países y las zonas donde operen.

Pero también hay otros frentes de discusión. El caso de Uber ilustra claramente lo que pasa en el mundo y representa dos caras de una moneda. Una, el desarrollo de la economía digital y colaborativa, con un pensamiento global, disruptivo e innovador que ha descubierto nuevas maneras de hacer negocios. La otra, dominada por controversias acerca de su forma de actuar y hasta dónde estas nuevas empresas agregan valor o, simplemente, capturan el que otros sectores producen. Además, su impulso ha generado interrogantes por la relación laboral con quienes prestan sus servicios, y discusiones tributarias sobre el alcance en el recaudo y el pago de IVA e impuesto de renta. También, por las mencionadas preocupaciones por la competencia y la protección de datos del consumidor.

La gran pregunta es si es posible regularlas y hasta dónde pueden llegar los países para ajustarlas a las normas. Adicionalmente, la tecnología, con la cuarta revolución industrial en marcha, se ha convertido en un instrumento de crecimiento e innovación. Nadie puede renunciar a ella. Ni los mercados para avanzar, ni los consumidores para tener más opciones, ni los países para evitar quedarse en el pasado. Se trata de un verdadero dilema digital.

*Datos a enero de 2020.