Un proyecto de resolución de la Creg para ponerle un techo al precio en bolsa de energía, generó alta tensión en el sector y los consumidores terminarían pagando más

Afinales de 2023, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió un borrador de resolución que generó un corrientazo en el sector eléctrico.

Según el documento, la Creg tomaría medidas para mantener la formación eficiente del precio de energía en la bolsa durante el periodo del fenómeno de El Niño, dada la disminución en la oferta de energía en el sistema por los retrasos en proyectos y el aumento de la demanda.

Los incrementos en la bolsa han superado los cálculos, al bordear los 1.500 pesos por kilovatio hora (kWh). A ello se sumó la situación de algunos comercializadores y distribuidores que padecen una difícil coyuntura financiera debido a los saldos acumulados de la opción tarifaria tras la pandemia.

Al cierre del año, la energía fue uno de los rubros que más aumentó, al registrar una variación anual en la inflación de más del 20 por ciento.

La propuesta de la Comisión, que también argumenta que no hay una formación eficiente de precios por un mercado oligopólico y con posición de dominio, es ponerle un techo al precio en bolsa, que calculó en 532 pesos por kWh.

Sin embargo, el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Como explica el exministro Amylkar Acosta, el tope establecido al precio en bolsa tiene un efecto muy limitado en el cargo de generación dependiendo del grado de exposición de cada empresa, que en promedio es del 20 por ciento. El 80 por ciento restante de la energía, explica Acosta, la compran las compañías a través de contratos bilaterales, cuyo precio pactado no depende de las oscilaciones en bolsa.

“Lo grave del asunto es que, de acuerdo con la propuesta, la diferencia entre el precio de la energía en bolsa y el precio ofertado por el generador se traslada al usuario final vía cargo por restricción, que se calcula en 350 pesos por kWh, el cual equivale al 30 por ciento de la tarifa al usuario final”, dice Acosta. Es decir, la tarifa no solo no bajará, sino que subirá.

En el mismo sentido se pronunció Andeg, gremio que agrupa a las generadoras térmicas, y calificó la propuesta de “inoportuna, inoperante e ineficaz”. Inoperante porque el valor máximo impuesto se está definiendo sobre supuestos que no existen. Ineficaz porque, si bien busca beneficiar al usuario final, puede tener un efecto contrario.

“Los comercializadores que sí han hecho la tarea y tienen contratos con precios estables para atender cerca del 80 por ciento de la demanda en el marco del fenómeno de El Niño terminarán pagando mucho más en sus facturas con lo que plantea la propuesta”, dice Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg. E inoportuna porque coincide con la subasta programada para estos meses y podría comprometer inversiones por 2.500 millones de dólares.

Por su parte, Asoenergía, que representa a los grandes consumidores de energía industriales y comerciales, alertó sobre el impacto para la demanda, ya que la gran mayoría de los colombianos podrían pagar alrededor de 2,4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril de 2024 en caso de materializarse el proyecto.

El viceministro de Energía, Javier Campillo, en entrevista con Blu Radio, desestimó las advertencias frente a la medida. “Estamos trabajando en una composición eficiente de precios de mercado, buscando no solo garantizar el suministro de energía, sino que también podamos contar con una tarifa eficiente para las electrificadoras que desde la pandemia han estado en una opción tarifaria y se encuentran, algunas de ellas, muy apretadas en flujo de caja. Buscamos que el mercado pueda tener un balance de este periodo en el que el sistema eléctrico se estresa por la baja afluencia de agua en nuestro sistema hídrico”, dijo Campillo. Sigue la alta tensión en el sector.