Una polémica de alto voltaje: ¿Qué va a pasar ahora con las tarifas de los servicios públicos?

El recibo de una factura del servicio de energía que mostró en SEMANA un usuario de estrato 4 en una ciudad como Bogotá registraba un cobro de 677,03 pesos por kilovatio/hora en julio de 2022 y pasó a 731,03 pesos en enero, lo que significa un aumento de 7,93 por ciento. En los departamentos de la región Caribe, ese cobro estaría bordeando los 900 pesos por kilovatio, mientras los embalses, en un país que en 2022 generó el 82 por ciento de la energía a punta de agua, se desbordan por cuenta del prolongado invierno.

Ese panorama fue el que argumentó el presidente Gustavo Petro para hacer un anuncio que provocó un cortocircuito. “Voy a asumir, directa y personalmente, el control de las políticas de administración de servicios públicos, en función de la misma ley, para que prime el interés general y del usuario, y no al revés, como ha venido ocurriendo en los últimos años”.

El mandatario habló de servicios públicos, pero la realidad es que el meollo del asunto está en la energía. La expectativa, desde noviembre, cuando ya el nuevo Gobierno estaba reposado en el poder, era que las tarifas de ese servicio bajaran entre un 4 y un 8 por ciento, meta que salió a relucir después del debate nacional que se gestó alrededor de las estadísticas del Dane según las cuales, en septiembre, los precios de la energía iban cuesta arriba y llegaron a un incremento de 27 por ciento anual en ese mes, con picos geográficos, como el de 45 por ciento en zonas de la región Caribe.

Los acuerdos con los integrantes de la cadena que lleva la luz a los usuarios se dieron, pero el alivio al consumidor no fue visible, lo que finalmente desembocó en la anunciada toma de control de las tarifas de servicios públicos, para tratar de resolver el alza tarifaria en la energía, según dijo el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga.

El mecanismo de toma de control temporal por parte del presidente, si bien había sido utilizado en otros gobiernos (en 2001 y 2010, en este último año no duró más de dos meses), empezó a ser tildado de populista. La idea de que el mandatario pueda llevar la batuta para bajar las tarifas que cobran los prestadores de servicios públicos domiciliarios fue vista como la puerta de entrada al temido control de precios en otras áreas, por lo que el anuncio genera toda clase de expectativas. Por un lado, los usuarios esperan un bajonazo rápido en los costos de su factura, pero los generadores, distribuidores, comercializadores y demás integrantes de la cadena muestran preocupación, pues el agua en los embalses no es lo único que determina el costo. La economista y profesora de la Universidad de los Andes María del Pilar López hizo aclaraciones en ese sentido, que fueron consideradas como una clase oportuna para el debate sobre el anuncio presidencial. “El precio que ponen los oferentes está determinado por el futuro no por el presente. Aunque los embalses estén llenos, si se esperan choques negativos de oferta en el corto plazo, los precios hoy pueden ser altos”.

Sin falsas expectativas

De producirse una disminución abrupta en los precios de la energía al usuario, lo que el representante a la Cámara Óscar Darío Pérez catalogó como inconveniente y poco probable si el Gobierno actúa con responsabilidad, los inversionistas saldrían corriendo e incluso entregarían los contratos suscritos, como los que se hicieron en la región Atlántica para reemplazar a Electricaribe. Así lo advirtió Camilo Sánchez, presidente de Andesco, gremio de empresas de servicios públicos.

“Teníamos un Electricaribe que era una empresa politizada, que no hacía inversiones. Era un desangre para el Estado. Se llegaron a unos acuerdos con nuevos inversionistas para que tomaran la prestación del servicio y se comprometieran a mejorarlo. Si ahora el presidente, de la noche a la mañana, decide bajar en un 20 por ciento las tarifas, muy seguramente esas compañías le devuelven el servicio al Estado, que no estaría listo para asumirlo de inmediato, lo que podría llevar a apagones y deterioro en el servicio, sin contar con que la seguridad jurídica, que se pasa por alto, desincentivaría la llegada de nuevos jugadores a reemplazar los que se van”.

En el horizonte de un próximo decreto, para que el presidente Petro asuma un control temporal de las labores de los reguladores se ven venir muchas posibilidades, unas buenas y otras que causan incertidumbre. El común denominador para todos, incluso para los dueños del negocio de la energía, es que baje el costo y sea un servicio de amplia cobertura y calidad, con eso se crea un gana-gana.

También parece haber un consenso en que las normas que rigen los servicios públicos, tanto la general, que está en la Ley 142, como la específica de la energía, que es la 143, requieren remodelación, como lo sustentó el superintendente Quiroga, al señalar que hay normas que tienen más de 20 años y no han vuelto a cambiar, pese a que permiten que en las tarifas se incluyan costos por riesgos que ya desaparecieron.

“Los usuarios reclaman. Todas las clases socioeconómicas están protestando por el alza desmesurada de la energía y, ante la no respuesta por parte de las comisiones reguladoras y el no acuerdo entre el Ministerio de Minas y los generadores, el presidente retoma las funciones que había delegado en dichas comisiones”.

Claridades

Pero no todo está despejado. Falta esperar los términos en los cuales saldrá el decreto que será expedido para que el presidente asuma directamente el control de los precios de las tarifas, pero las señales apuntan a que la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y la CRA (Comisión de Regulación de Agua) quedarían a un lado por un tiempo, lo que, a juicio de Sánchez, de Andesco, le restaría el componente técnico que se requiere para la toma de decisiones alrededor de un tema tan sensible como es el de las tarifas de servicios públicos, que no solo toca al usuario, sino a los que prestan el servicio.

Alejandro Castañeda, presidente del gremio de generadoras térmicas Andeg, señala que si bien es cierto que hay que hacer ajustes en el sector para que sea más eficiente, se debe tener cuidado. “La Creg avanza en un paquete de regulaciones para buscar eficiencias en el mercado. Unas cien personas trabajan día a día en temas regulatorios. La pregunta es si la Presidencia tendrá eso en el radar. Tomar toda la función de la comisión puede ser un suicidio desde el punto de vista técnico”.

Y la Creg también se pronunció. José Fernando Prada, director de la comisión, tomó la vocería para enfatizar que la independencia de este organismo es clave. “Los principios constitucionales y las funciones legales relacionadas con la regulación de los servicios públicos se ejecutan a través de la articulación y la independencia institucional entre rectores de la política, reguladores y entes de vigilancia, y el control que coexiste en la rama Ejecutiva”.

Por unos pagan todos

Lo que hay de por medio en el anuncio del presidente Petro toca a todos los colombianos. El usuario necesita un alivio en las tarifas de los servicios, lo que, sin embargo, requiere tener en cuenta que hay una fórmula para establecer los precios del servicio. Según Acolgen, gremio de generadores de energía eléctrica, en el valor total de la factura se paga un 35 por ciento para los generadores; 5 por la transmisión; 38 para la distribución, 13 por la comercialización, 2 por restricciones (mantenimiento, entre otros) y 7 por pérdidas eléctricas.

El cobro más cuestionado en la fórmula tarifaria ha sido el de las pérdidas, pues unos pagan por todos los que hacen fraude y se roban la energía. Quitar ese peso a la factura demandaría recursos por 800.000 millones de pesos al año, según cifras de Castañeda, quien asegura que tendría que ser el Estado el que asuma ese costo, de manera que no se les traslade ni al usuario ni a las empresas inversionistas.

“Con el anuncio estamos atentos y preocupados por las inversiones en el año. El Gobierno había hablado de una expansión de carga por confiabilidad, lo que básicamente es una subasta para nuevos proyectos de generación. Todo eso quedaría congelado”, dijo Castañeda.

En el caso del gremio Andeg, la mayor parte de los asociados son generadores térmicos, que han invertido 2,6 billones de pesos en los últimos años. “Esa inversión futura se dio por la confianza en la regulación”, sostuvo el dirigente gremial.

Los voceros del sector energético también llaman la atención sobre el riesgo de no contar con suficiente energía para abastecer al usuario en 2026, si los que iban a apostarle a invertir en nuevos proyectos se desaniman.

En todo caso, ya el presidente dio el primer paso para ejercer control en los precios de las tarifas de servicios públicos, lo que llevó al exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry a advertir: “Ojo a los precios. Van a distorsionar todos los que puedan y, con ello, a trastocar el sistema de oferta. Son errores que se repiten en los gobiernos progresistas”.