Una salida para el Llano en medio de la crisis por el cierre

EL anuncio del cierre de la vía al Llano durante los próximos tres meses tiene a medio país al borde de un ataque de nervios. Se trata, ni más ni menos, de una de las regiones con mayor producción agrícola, avícola, porcícola y pecuaria del país, conformada por siete departamentos que albergan cerca de 1,7 millones de habitantes.

La región es también la principal zona petrolera. De allí se extrae el 75 por ciento del crudo que produce el país y es uno de los centros de turismo con mayor potencial. Por si fuera poco, en los últimos años se convirtió en una de las zonas con mayor desarrollo comercial, de servicios y construcción.

Por eso resultan abrumadoras las cifras que se conocen del impacto económico y los sobrecostos que produce el cierre de la principal vía que comunica a Villavicencio y los demás departamentos de la Orinoquia con Bogotá.

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La Cámara de Comercio de Villavicencio estima en 1,5 billones de pesos las pérdidas y sobrecostos de las últimas cinco semanas, cuatro de ellas con cierres intermitentes de la vía y la última con cierre total. Leonardo Baquero, presidente de esta entidad, calcula en 50.000 millones las pérdidas por día.

Estas incluyen tanto los sobrecostos como las pérdidas por negocios que se dejan de hacer en doble vía. Esa región es una de las mayores despensas de Bogotá: 12.000 toneladas diarias de alimentos, 1.800 cabezas de ganado, 1.500 toneladas de aceite de palma, 600 cerdos y 80.000 barriles de petróleo.

El presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, estima que los sobrecostos por kilo de pollo alcanzan ya 400 pesos, en cerdos es de 200 pesos por kilo y en ganado bovino de 400 pesos por kilo. Los fletes han subido cerca de 40 por ciento. A partir de julio, cuando arranque la cosecha arrocera, la situación se podría complicar más, según ha anunciado Fedearroz.

En turismo, preocupa la cancelación de más del 90 por ciento de las reservas en plena temporada vacacional, mientras que la ocupación hotelera llegó al 25 por ciento, de acuerdo con Cotelco. El transporte también está bajo amenaza por la caída en el flujo de pasajeros y el aumento de los fletes, debido a que los recorridos por vías alternas toman entre 10 y 16 horas.

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En esta lista de efectos económicos deben incluirse también los sobrecostos en los productos que compra la región: desde gasolina hasta insumos para la construcción, pasando por los artículos que surten el comercio, bebidas y alimentos; incluso, fertilizantes, alimentos concentrados y todo tipo de insumos agrícolas.

Hasta ahora, la cuantificación de las pérdidas muestran un panorama sombrío para la economía llanera. Pero lo que viene puede ser peor para la región y el país, en general, con el cierre por tres meses de la carretera principal.

El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, anunció varios auxilios para el agro del Llano; pero la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, cree que la salida es declarar una emergencia.

Pocos creen que la recuperación de la vía tome solo tres meses. Carlos Vigna, presidente de la compañía palmera Poligrow, teme que la situación pueda extenderse, lo que dejaría a los productores de palma en desventaja frente a otros competidores nacionales y del exterior.

Nadie quiere ser ave de mal agüero, por eso, buscan evitar a toda costa una debacle en la economía llanera. Líderes políticos, sociales y empresariales de la región han comenzado a organizar mesas de trabajo y a movilizarse para presionar al Gobierno central con el fin de que adopte medidas definitivas y no solo paños de agua tibia como en el pasado, asegura la gobernadora del Meta, Marcela Amaya.

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Un bloque creado por gobernadores, alcaldes, políticos, gremios y empresarios llaneros promueve hace una semana la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica para que el Gobierno tome medidas de choque y disponga de los millonarios recursos que solucionen la crisis.

La gobernadora del Meta cree que de manera inmediata se requiere un incentivo para los combustibles, que se suspenda el cobro de peajes o que haya una rebaja del 50 por ciento en ellos, se construya una nueva vía alterna y se interrumpa el cobro del IVA para todos los productos de la región. Lo cierto es que con el cierre de la vía no solo se resienten los negocios del sector productivo, también el recaudo regional. Alcaldes y gobernadores ya sufren la caída en ingresos por cigarrillos, licores y combustibles.

Por eso insisten en la emergencia económica para lograr que el Llano tenga su propia versión de la Ley Páez de mediados de los noventa, que transformó la economía del departamento del Cauca y de todo el sur del país. Clara Leticia Serrano, directora de Asorinoquia, asegura que esta iniciativa es clave para evitar una recesión, pues permitiría la llegada de nuevas empresas y negocios.

Baquero, de la Cámara de Comercio de Villavicencio, coincide en que esa propuesta es la salida. Esta misma petición la harán los líderes de la región al presidente Iván Duque este martes 25 de junio, durante una sesión del Consejo de Ministros en la capital del Meta.

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Pero no es claro que el Gobierno adopte la emergencia económica, pues se trata de una medida de excepción contemplada en la Constitución cuando “se perturbe en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública”. El argumento de algunos funcionarios es que, si bien la economía llanera está afectada por el cierre de la carretera y eso genera grandes pérdidas para la región, existe conectividad por dos vías alternas.

En el Gobierno hay una clara división de opiniones frente al tema. Privadamente, algunos ministros han dicho que no se puede responder con medidas de excepción a cada situación de crisis por razones climáticas. A esto se suma que la situación fiscal es compleja y ‘abrir el grifo’ para gastos que no estén contemplados en el presupuesto es muy difícil.

El Gobierno ha insistido en un trabajo coordinado, apelando a los instrumentos que ya existen para mitigar los impactos económicos. Hasta el momento, varios ministerios del área económica han lanzado salvavidas a la región.

La ministra de Transporte, Ángela Orozco, dijo que con su colega de Hacienda habían dispuesto 235.000 millones de pesos para atender puntos críticos en la vía Bogotá-Villavicencio y la habilitación de las dos carreteras alternas, a las que se les asignó 50.000 millones de pesos para mejorar las condiciones de transitabilidad. También coordina medidas temporales para facilitar el transporte aéreo y aumentar las frecuencias. Easyfly, Satena y Avianca ya respondieron a este llamado.

Desde el Ministerio de Comercio se lanzó una campaña para promover el turismo en los Llanos, y Bancóldex creó una línea adicional para los departamentos afectados por 200.000 millones de pesos, en condiciones muy competitivas. El Banco Agrario anunció prórrogas de hasta seis meses para todos sus deudores con cuotas próximas a vencerse.

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El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, lanzó un incentivo al almacenamiento de arroz de 39.000 pesos por tonelada por mes para la cosecha que se recogerá en julio, mientras que Induarroz, el cámara de los industriales de este cereal en la Andi, anunció que comprará en su totalidad las 900.000 toneladas de la cosecha para apoyar a los cultivadores de la región.

Mientras tanto, el Ministerio de Minas asumirá parte del sobrecosto en el flete del transporte de combustibles hacia los Llanos para evitar que los consumidores de la región se vean afectados por mayores precios en diésel y gasolina.

Las soluciones a la crisis económica y social que vive el Llano serán demoradas y costosas. El Gobierno tendrá que sopesar los efectos en la economía de este cierre y tomar las medidas necesarias para que esta vez el remedio no sea un simple paño de agua tibia.