Urgente: se levanta el paro. Gobierno y transportadores logran acuerdo. Habrá incremento de 800 pesos en el precio del diésel. ¿Cómo se hará?

Durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, los transportadores y el Gobierno volvieron a sentarse en la mesa de negociación para buscar un acuerdo ante las protestas y los bloqueos de los camioneros por el incremento del diésel de 1.904 pesos por galón, que entró en vigencia a finales del mes de agosto pasado.

Pasadas las 5 de la mañana de este viernes, se firmó el acta que consagró los acuerdos, que llevaron al levantamiento del paro y de los bloqueos, que duraron casi cuatro días de esta semana. El principal acuerdo fue el incremento de 800 pesos en el precio del galón de diésel y se realizará, en un primer cobro de 400 pesos que empieza a regir en el momento en que se ajuste la resolución, y otros 400 pesos cuyo cobro se hará efectivo a partir del primero de diciembre de 2024.

“Hemos resuelto más rápido de lo que pensaban y de la mejor manera el paro camionero. Felicitaciones a los pequeños camioneros que supieron poner como prioridad su agenda de reivindicación y no agendas extrañas. Les cumpliremos”, aseguró el presidente Gustavo Petro.

Con ello, se modifica la resolución original del 29 de agosto expedida por los ministerios de Minas y Energía y el de Hacienda y Crédito Público, que contemplaba un alza de 1.904 pesos. De esta manera, el Gobierno se ratificó en su propuesta de un incremento de 800 pesos, pero cambió los plazos. Antes eran 200 pesos mensuales desde septiembre hasta diciembre.

También se acordó la suspensión de las alzas previstas por el Gobierno con los incrementos que aumentarían el precio del galón en 6.000 pesos, que había considerado el Ejecutivo necesario para reducir el déficit del fondo de estabilización de precios de los combustibles. Esto se discutirá sólo hasta que se logren las soluciones estructurales al transporte de carga y pasajeros, en las problemáticas de las relaciones económicas.

Para ello, se convocarán mesas técnicas, en los próximos ocho días, con el fin de estructurar el sistema de costos eficientes para otros jugadores del sector, como volquetas, refrigerados y camabajas, entre otros. También se convocará una mesa técnica para analizar la problemática del transporte público de pasajeros especial.

Uno de los temas más sensibles ha sido el laboral. El Ministerio de Trabajo, en cabeza de Gloria Inés Ramírez, se comprometió con llevar a la discusión de la reforma laboral en el Congreso, que inicia la próxima semana, una proposición para el sector transportador que recoja las preocupaciones de los conductores.

Se incluyó en el acuerdo revisar ajustes en el registro nacional de carga (RNDC) y continuar con la estrategia de fortalecimiento de la Superintendencia de Transporte en la vigilancia y control del sistema de costos eficientes, en especial para el tema de pagos de parte de los generadores y empresas de transporte de carga.

En el acuerdo se incorporó la revisión de la política de reposición vehicular que sea uno a uno, incluyendo volquetas y vehículos de carga de dos ejes rígidos. También se acordó que se presentará en el Congreso el proyecto de ley del régimen sancionatorio del sector transporte.

Se generará una mesa con los ministerios de Hacienda y Minas para analizar y revisar la fórmula con la que se calcula el precio de los combustibles, abriendo de esta manera la discusión a este tema crítico. Y dependiendo de los alcances de las conversaciones, se podría presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República.

El acuerdo finalizó con el levantamiento del paro y los bloqueos que han sido protagonistas durante esta semana, y permitir así la libre movilidad por las vías del pais.

Además, ante la preocupación de los camioneros de que sean judicializados por las protestas, en el acuerdo se incluyó solicitar ante las autoridades que correspondan el archivo de los procesos penales y la cancelación de las sanciones administrativas y/o contravencionales que hayan sido impuestas con ocasión de lo que se denominó en el acuerdo como “el ejercicio legítimo a la protesta”.

Decenas de transportadores participaron en la reunión con el Gobierno, mientras más de cuatro mil personas se conectaron vía plataformas virtuales. Por el Gobierno estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; la ministra de Transporte, María Constanza García, y la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, llegó a la reunión en la madrugada del viernes.

La ministra García dijo que el Gobierno redujo al 13 % su expectativa, que estaba inicialmente en 6.000 pesos y quedó en un incremento de 800 pesos.

“Esto no es un regateo. El Gobierno ya puso su límite”, dijo la ministra de Transporte en medio de la reunión y ante las dificultades para lograr el acuerdo. También hubo momentos de tensión y diferencias, en especial, entre los transportadores, algunos de ellos que no estaban de acuerdo con lo que se pactó.

García señaló que en las mesas de trabajo propuestas se analizarán los cambios y ajustes en el sector para mejorar las relaciones y eliminar las asimetrías en la cadena logística. “Ya identificamos el qué y el cómo lo haremos con ustedes en los territorios”, agregó ante los transportadores.

Por su parte, el ministro Bonilla explicó que ya está en vigor un decreto para grandes consumidores de diésel, de más de 20.000 galones mensuales, que compran a distribuidores y no en estaciones de servicio, que tienen tarifa plena. Dijo que es el 5 % del consumo del diésel. Pero agregó que hay más de 300.000 vehículos —camionetas y automóviles— que no son de carga y “hay que quitarles el subsidio”.

Al cierre de la jornada, Bonilla señaló que ya había sido levantado el paro en Villapinzón y que los camiones ya se movilizaban hacia Corabastos. Tambien dijo que el plazo es desarrollar en dos meses los decretos para este sector.

La jornada

“El Gobierno reconoce la necesidad de medidas estructurales en pro de la democratización del transporte y estamos atentos a poder recibir a los líderes con una respuesta clara a la propuesta que hace el Gobierno nacional y poder llegar a un acuerdo que redunde en el beneficio en el levantamiento de este paro”, dijo la ministra García en la mañana del jueves, al advertir que las puertas del diálogo seguían abiertas, mientras en distintos puntos del país, en especial de Bogota, la Fuerza Pública abría paso y levantaba los bloqueos.

Hacia las 9 de la noche del jueves inició la reunión entre el Gobierno y los transportadores, que se extendió hasta más allá de las 5 de la mañana del viernes. La jornada empezó con la intervención de cerca de una docena de transportadores y representantes de sus movimientos que presentaron las iniciativas al Gobierno nacional. Un primer grupo planteó en su propuesta que no hubiera incremento del diésel, en concordancia con las propuestas del Gobierno en campaña de que no habría aumento en el precio de los combustibles. Este grupo, identificado como Colombia Camionera, argumentó tener control de cerca 180 puntos de bloqueos en el país.

Un segundo grupo de camioneros ratificó la propuesta del día anterior, de un aumento de 400 pesos congelados hasta iniciar el proceso de mejora estructural del sector del transporte, con herramientas que les permitan ser viables. Por su parte, el representante de la Asamblea Nacional del Transporte argumentó que está en juego la estabilidad del país. Otro de los voceros de esta asociación pidió que mientras se hace el proceso de transición para cumplir con los cambios previstos en el sector, se acogiera el incremento de los 400 pesos propuestos por los transportadores, y luego negociar el aumento basados en los objetivos cumplidos.

Otras de las propuestas, independientes al incremento del diésel, que se incluyeron de parte de los transportadores fueron: incluir en el articulado de la reforma laboral iniciativas para los conductores de servicio público; regulación para transporte de carga uno a uno, es decir, para matricular un vehículo nuevo tiene que salir uno antiguo; no llevar a cabo eso, “nos llevó a fletes de hambre”, dijo el vocero. También cumplimiento al Sicetac —el sistema de transporte—, que paguen, agregó, lo justo y desarrollar uno nuevo para carga liviana que va a la Colombia profunda y no cuenta con tabla de fletes. Y también incluyó una propuesta para llevar al Congreso sobre la creación de peajes.

Una iniciativa adicional, esta de los transportadores independientes, fue la creación de una empresa de transporte estatal. Por su parte, la Asociación de Transporte de Carga planteó regular la oferta del parque automotor porque en su concepto hay una sobreoferta de 1.000 %.

Por otro lado, los transportadores plantearon una política integral de seguridad en las carreteras. “Nos están masacrando en las vías”, dijo uno de los representantes, quien agregó dentro de las iniciativas una ley de peajes. Incluso, se planteó la apertura de un fondo pensional para los trabajadores del sector, propuesta a la que la ministra Ramírez respondió que no era posible en este momento.

Posteriormente, se dio una nueva ronda de propuestas de los camioneros sobre el incremento en el precio del diésel. Algunos se mantuvieron en la posición del aumento de los 400 pesos y los incrementos estarían sujetos a resultados en las mesas de trabajo sobre fletes y los ajustes en el sistema de transporte. Otros manifestaron que si no hay aumento en el flete, no hay aumento en el combustible, y unos más propusieron incrementos de 125 pesos mensuales por cuatro meses hasta llegar a los 500 pesos. Una de las propuestas de los transportadores fue realizar los incrementos de 400 pesos cada uno en las fechas del 15 de octubre y 15 de diciembre; sin embargo, prevalecieron las fechas que planteó el Gobierno.

Los efectos del paro

Varios sectores de la economía se vieron afectados por los bloqueos de las vías. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) emitió una alerta sobre la crisis de suministro que enfrenta el sector de la construcción en Bogotá y Cundinamarca. Según un sondeo, el 80 % de las 1.282 obras activas en la región se encuentran gravemente afectadas por la falta de materiales e insumos, además se ha elevado la inasistencia de los trabajadores.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Energía (Andeg) encendió las alarmas, por medio de una carta dirigida a la ministra de Transporte, María Constanza García, y al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho. En la misiva explicó que si los bloqueos se siguen manteniendo en los próximos días, “se estaría poniendo en riesgo la capacidad de generación de energía para atender la demanda que requiere el país”.

Según explicó el gremio, durante los últimos 15 días se ha presentado una generación a carbón de cerca de 28 GWh-día en promedio, lo que representa cerca del 12 % de la generación en el país, teniendo un consumo promedio de 14.000 toneladas diarias y una generación con combustibles líquidos cercana a los 6.1GWh-día, con un consumo promedio de 1.000 barriles diarios. Andeg precisó que al momento se cuenta con un inventario en patio de carbón que permitiría generar energía durante los próximos 15 días.

En cadenas de comercio se presentó desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, pues los pedidos no lograron llegar a los puntos de venta, e incluso de registraron incrementos en los precios que para muchos pasará factura a la inflación del mes de septiembre. Sectores como el avícola y el de porcicultura advierten el riesgo que tienen los animales porque no les ha llegado la comida y podrían iniciar algunos sacrificios, como ya sucedió en Norte de Santander.

Las empresas de comercio exterior, agrupadas en Analdex, estimaron pérdidas por 300 millones de dólares diarios, por los bloqueos y las restricciones en el tránsito en el país.

Incluso, por el bloqueo y las afectaciones económicas y sociales, el presidente Gustavo Petro aseguró que las instituciones del país se alistan para tomar medidas contra los promotores de las manifestaciones y apuntó directamente contra los grandes actores del sector.

“La Fiscalía tomará las medidas que hay que tomar, Dian y superintendencias inician visitas a empresas intermediarias para asegurar que se estén pagando los precios de carga a los camioneros”, aseguró el presidente Petro.