Uribe dice que sería mejor “tener a EPM intervenida”, en lugar de cambiar contratistas de Hidroituango

La posibilidad de que el proyecto hidroeléctrico Ituango, que generará el 17 % de la energía del país, se atrase al menos 10 meses, si se llega a tomar la decisión de abrir una licitación pública para cambiar de contratistas, es motivo de preocupación en Colombia.

Por eso, este viernes, el expresidente Álvaro Uribe hizo un pronunciamiento a través de sus redes sociales, en el sentido de que sería algo inconveniente y que, incluso, resultaría más benéfico que las autoridades competentes procedieran a intervenir a EPM. De esa manera se evita el riesgo de un cambio de contratistas, ante los conflictos entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien preside la junta de la empresa que tiene a su cargo el proyecto Hidroituango, y el consorcio contratista.

Textualmente Uribe dijo que “sería mejor tener a EPM intervenida, a que la Alcaldía, por rabia y vanidad, cambie los contratistas de Hidroituango”.

Intercambio de demandas

Los conflictos alrededor de Hidroituango son varios, pero quizás uno de los más complejos y difíciles de resolver, en las actuales circunstancias, es el enfrentamiento político.

La hidroeléctrica se requiere en el país, pero está metida en un nudo, con un fallo de responsabilidad de primera instancia, por parte de la Contraloría General, que imputó cargos a 26 personas, entre naturales y jurídicas.

El hecho de que esté pendiente un fallo de segunda instancia, luego de las apelaciones presentadas a la primera decisión, hace que la situación de los contratistas –el consorcio CCC Ituango, a quienes se les vence el contrato para adelantar las obras el 31 de diciembre– genere incertidumbre.

Todo porque no se sabe cuándo ni en qué condiciones sea emitido el fallo de la Contraloría. Por lo tanto, si se hace la prórroga del contrato, como se ha venido ventilando en los últimos días, pero sale el fallo, vuelve y juega el problema: los contratistas no podrían seguir con el proyecto si se ratifica la decisión del organismo de control.

En medio de esas circunstancias, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, ha hablado de que los acuerdos preliminares con el consorcio apuntan a una prórroga, pero a la par, se abrirá una licitación pública, como plan B, para estar preparados ante lo que pueda ocurrir.

Pero internacionalmente no se ve el panorama tan despejado. Por lo que, en días pasados, se conoció un pronunciamiento del BID, según el cual, se retirarían del proyecto si se cambia de contratista, con lo cual EPM tendría que pagar el crédito de inmediato.

Con esas prerrogativas, internamente no cesan los ataques. Entre demandas van y demandas vienen, se desenvuelve la relación entre el alcalde Daniel Quintero y el consorcio. El mandatario alega estar interesado en defender los intereses de EPM, como empresa del municipio de Medellín, por lo que se pronuncia en contra de los contratistas y hace gestiones para recuperar la plata que deben pagar las aseguradoras, ante los daños y perjuicios por los atrasos en el proyecto.

Los integrantes del consorcio, por su parte, se sienten agredidos por los pronunciamientos de Quintero.

¿Intervención?

Ante esas situaciones, que dan la sensación de que continuarán poniendo en riesgo el avance del proyecto de generación de energía más grande en el país, las superintendencias de Servicios Públicos y la Financiera, requirieron a EPM para que diera explicaciones acerca de un posible cambio de contratistas.

Hasta el momento, la Superfinanciera ya se pronunció, tras analizar las respuestas de EPM, y dijo que no habría riesgo de que se afecte el crédito del BID con un cambio de contratista. Falta conocer la posición de la Superservicios. Esa es la entidad que tendría que tomar una decisión de intervención, en el contexto de lo que propone Uribe.

SEMANA consultó a la Superintendente de Servicios, Natasha Avendaño, sobre la viabilidad de una intervención, pero aún se espera su respuesta.