Los impuestos del oro, otro mito en Colombia

El país todavía tiene fresco, y en parte pendiente, el debate del proyecto minero en Soto Norte, Santander, por el que Minesa todavía no obtiene las licencias para operar, pero ya generó debates en el Congreso, manifestaciones en el país y una declaración de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) señalando que la suspensión no significa que el proyecto no se vaya a hacer.

Pero esta no sería ni la primera, ni la única explotación de oro en el país. Según el Censo Minero del 2010-2011, el 32% de los títulos mineros en el país eran para metales y de esa proporción, el 90,9% correspondía a proyectos de oro.

Sin embargo, un estudio de E-Concept calculó en 2019 que “para el caso del oro, se encuentra que apenas el 13,3% de las unidades de producción poseen un título minero”.

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En el país, explica el exministro de Minas y Energía Tomás González, hay una mezcla de “minería de empresas más grandes, de empresas formales, empresas que cumplen muy bien con sus obligaciones; una minería de otras empresas que son más pequeñas, pero igualmente juiciosas en cumplir sus obligaciones; minería informal o que no está cumpliendo todos los requisitos de ley por diversas razones, y minería criminal o así se ha llamado a esa minería que financia a los grupos armados ilegales y que ayuda a blanquear capitales”.

González advierte que mientras a los ilegales se les debe combatir con los instrumentos que tiene el país para ese fin, a la hora de revisar las condiciones de los grandes, pequeños y medianos formales o en vías de formalización se les debe juzgar con múltiples variables.

“La minería no es como la agricultura, un sector manufacturero o el comercio, la minería y los hidrocarburos tienen unos riesgos inherentes a la actividad muy grandes que no están en otros sectores: geológicos, de mercado, de precios internacionales, de licenciamientos y permisos que son particularmente difíciles en este sector. Y cuando uno suma todo eso, hay que tener en cuenta los riesgos a la hora de comparar”, señala el experto.

Pese a todos estos factores, su cálculo es que la minería de oro podría dejarle impuestos pagados a Colombia durante los próximo 10 años por entre $2 billones y $3 billones.

Sin embargo, por el contrario, un estudio sobre distorsiones en los ingresos generados por diferentes actividades, elaborado por Cedetrabajo, advierte que, para 2018, la minería en general fue la segunda actividad que más beneficios tributarios recibió con “$1,5 billones de beneficios en apenas 6.864 compañías”.

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De acuerdo con el documento, con la idea de simplificar y agilizar los trámites ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), “si una empresa está explotando algún mineral, y realiza algún tipo de inversión en materia ambiental, puede solicitar el beneficio tributario. Esto se sumaría al descuento en el impuesto sobre la renta del 25% de la inversión ambiental llevada a cabo”.

A esto se suman, también en 2018, los $20.094 millones de costo por los proyectos aprobados a empresas del sector en Obras por Impuestos.

Para González, el debate sobre la minería en el país se ha politizado y a esto se suma que se generalizado para todas las empresas, formales o no, las consecuencias que tiene la minería ilegal y “al final del día, lo que termina pasando es que es muy difícil encontrar escenarios donde se pueda hablar con tranquilidad y donde la gente que tiene dudas pueda sentarse a oír y que le digan la verdad y que le digan el cuento completo, lo que sí sabemos, lo que no sabemos bien. Dejar enterrada esa riqueza en esta crisis no le va a ayudar a nadie”.

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