Vuelve el debate de los traslados exprés en pensiones

Las pensiones de millones de colombianos y la viabilidad fiscal del país estarán en juego el próximo martes, cuando en el Congreso de la República vuelva a comenzar el debate de un proyecto de ley denominado ‘Traslados exprés’ o ‘Ventana pensional’. Se trata de una iniciativa que, pese a mantener una gran desigualdad y un costo fiscal enorme, hizo tránsito en la pasada legislatura y ahora está a un par de pasos de convertirse en ley.

El proyecto permite el traslado entre los regímenes pensionales (Prima media con prestación definida de Colpensiones y ahorro individual con solidaridad de los fondos privados) por un periodo de seis meses a personas que les falten menos de diez años para pensionarse y que tengan más de 750 semanas cotizadas. Algo que hoy prohíbe la regulación para tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema.

Los autores del proyecto argumentan que los fondos de pensiones engañaron a miles de personas cuando arrancaron hace 20 años y que eso ha llevado a más de 30.000 demandas judiciales de personas que consideran vulnerado su derecho a la información. De esta cifra, alcanzada en mayo de este año, 23.576 procesos siguen activos y 6.221 ya terminaron.

Pero el proyecto tiene el problema de que además de abrir una ventana para quienes efectivamente fueron engañados, también le abre una tronera al sistema, pues permite que personas de mayores ingresos y altos funcionarios del Estado que han buscado mediante demandas conseguir millonarias pensiones sin cumplir los requisitos, ahora lo puedan hacer con cargo a los recursos públicos.

De acuerdo con el concepto rendido por Colpensiones, actualmente más de 400.000 afiliados cotizantes en este régimen cumplen las condiciones propuestas por el proyecto de ley y podrían acceder al traslado. Muchos de ellos son personas de altos ingresos que cumplen requisitos y al trasladarse obtendrían enormes subsidios del régimen público. Y perjudicarían a los más pobres, quienes terminarían sin pensión y financiando las mesadas de los que más tienen.

El proyecto le exigiría al Gobierno recursos por alrededor de 27 billones de pesos en el primer año. En el largo plazo costaría cerca de 60 billones de pesos. Es decir que, según cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público respaldadas por la Superintendencia Financiera, el proyecto tendría un impacto fiscal neto de 34,2 billones de pesos en un sistema que hoy ya le cuesta al Estado 4 puntos del PIB por año. Ese desequilibrio fiscal puede llevar a que esta norma sea considerada inconstitucional, como ha sucedido con otras recientes.

Pese a todos estos inconvenientes, los autores del proyecto argumentan que solucionará el viacrucis judicial para los afiliados, el costo de esta litigiosidad para el sistema –que asciende a más de 10.000 millones al año– y la justicia social “dada la carencia de asesoría y buen consejo que sufrió la ciudadanía durante más de 20 años”.

El Congreso ha negado proposiciones para limitar el alcance del proyecto a las personas que en efecto fueron engañadas y a las que tienen pensiones de menos de cuatro salarios mínimos; o excluir a altos funcionarios del Estado. Hay quienes consideran que algunos Congresistas estarían legislando en causa propia y deberían declararse impedidos.

Para el senador Carlos Fernando Motoa, una iniciativa como esta debería discutirse en el marco de una reforma pensional integral. Y como otros congresistas, analistas y expertos, insiste en la inconveniencia de abrir esta “ventana pensional” y la urgencia de que el Gobierno presente cuanto antes la reforma del tema. “No se puede seguir haciendo una reforma a retazos: hay que abordar todas las aristas de los problemas del sistema pensional en materia de cobertura, equidad y sostenibilidad”, afirma.

Motoa propuso, ante la multiplicidad de iniciativas que cursan en el Congreso en materia pensional, crear una comisión incidental que las estudie y las unifique. Sin embargo, esta comisión no logró ponerse de acuerdo, lo cual demuestra las múltiples visiones e intereses que rodean los temas pensionales. Y en el Congreso cualquier cosa puede pasar.

Pensiones bajo fuego

El proyecto que permite los traslados exprés no es el único que pretende cambiar las reglas de juego en materia pensional y echarles mano a los más de 300 billones de pesos que tendrían hoy acumulados los afiliados en sus fondos privados de pensiones.

También hace trámite en el Congreso una iniciativa que buscar darles la oportunidad a los afiliados de retirar hasta el 10 por ciento de sus ahorros pensionales para atender la crisis derivada de la pandemia.

La iniciativa suena muy popular, pero podría ser un inmenso y devastador error, pues equivaldría a que los colombianos más necesitados paguen con sus ahorros pensionales los costos de esta crisis. Y los dejaría desprotegidos cuando más lo necesitan: en su vejez.

La experiencia internacional es muy importante en este momento. En Chile, donde el Gobierno abrió esta posibilidad, los retiros impulsaron el consumo de bienes duraderos importados como televisores y computadores, mientras que el gasto se alejó de los servicios y otros bienes que impulsan el crecimiento real del país.

Cifras del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF) indican que más del 90 por ciento de los afiliados solicitaron retiros por un total del 6,5 por ciento del PIB y cerca del 18 por ciento sacó todo lo que tenía. Eso significará pensiones más bajas en el futuro y aumentará la presión sobre el Gobierno para que suba los ingresos. Es decir, hace inminentes temas como una nueva reforma tributaria.

Esto demuestra que permitir un retiro masivo dejaría sin pensión a muchas personas y afectaría la de las afiliadas a los fondos privados. Estos tendrían que salir a liquidar sus inversiones, lo que afectaría los mercados y hasta la estabilidad de las instituciones financieras. El resultado sería catastrófico en este momento en que se necesita la recuperación.

Para Asofondos, todas estas iniciativas muestran graves antecedentes. Y citan el ejemplo de Perú, donde una vez se abrió esa puerta para acceder a los recursos pensionales hubo sucesivas autorizaciones que podrían hasta acabar con el régimen.

Los expertos han advertido que Colombia ya tiene las cesantías, un sistema que permite el retiro para momentos de dificultad. Y que la norma resultaría inconstitucional al ser solo aplicable a los fondos de pensiones y no a los del régimen público, lo cual tendría un costo fiscal gigantesco.

Incluso ni los sindicatos ni las centrales obreras están de acuerdo con este tipo de medidas desesperadas, que atentarían contra el futuro pensional de millones de personas, como se determinó recientemente en una audiencia pública sobre el tema.

Pero hay más iniciativas en materia de pensiones. Una busca cambiar las normas a un grupo específico y otra ponerles a los fondos inversiones forzosas para ayudar a la reactivación.

En esta avalancha de iniciativas que se tramitan en el Congreso hay un denominador común: mucho populismo. Propuestas en apariencia con buenas intenciones avanzan ante la falta de liderazgo del Ejecutivo para marcar la agenda legislativa.

Este panorama confirma la necesidad de abordar los problemas del sistema pensional de un modo integral. Y acabar con la paradoja de que el sistema público es hoy una de las mayores fuentes de inequidad e insostenibilidad fiscal en el país.

El Gobierno trabaja desde hace más de un año en una ley de protección a la vejez y ya va siendo hora de que destape sus cartas. Pero también el Congreso debe demostrar su responsabilidad con el país para no avalar proyectos que, en plena pandemia, pueden agravar los problemas.