Vuelve la incertidumbre energética y todas las alarmas están prendidas

Para mayo de 2023, el país conocerá la hoja de ruta de la transición energética, como lo anunció hace unos meses el Gobierno. Ahí se definirá el futuro de los nuevos contratos de exploración petrolera y de gas, cuánto tiempo durará el ‘apagón’ de los hidrocarburos y el carbón, y de dónde saldrán los recursos para responder por las divisas que hoy genera la industria extractiva, la cual, paradójicamente, soportará el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por eso sorprendieron las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, desde Davos, en el Foro Económico Mundial, en las que aseguró que el Gobierno no autorizará nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.

Cualquier decisión de corto plazo en torno al petróleo, al gas o al carbón y acelerar la transición energética puede provocar un cisma para las finanzas públicas, pues hoy no hay cómo reemplazar los ingresos que traen estos productos. Apenas unos días antes del anuncio de la ministra Vélez, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) lo había advertido: “Para dar mayor tranquilidad sobre las proyecciones fiscales y de balanza de pagos (...), sigue siendo indispensable que el Gobierno publique cuanto antes el plan para la transición energética y dé tranquilidad al mercado y a los actores del sector, sobre la continuidad de la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. La eliminación de la incertidumbre en este frente contribuirá a afianzar las expectativas de los agentes sobre el tipo de cambio, la inversión y el crecimiento, al tiempo que harán más predecibles los ingresos de la nación”.

Sin embargo, el pronunciamiento no fue tenido en cuenta por la ministra. Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), cerca del 40 por ciento de las exportaciones dependen de este sector; el 20 por ciento, de los ingresos fiscales de la nación; y el 76 por ciento, de las regalías. “Diversificar la canasta exportadora debe ser un objetivo, pero no a costa de marchitar la industria. Y el desarrollo de otros sectores, como el turismo, tiene un enorme potencial, pero tomará tiempo. Esa transición no se dará en el corto plazo. Se necesita una triple transición: energética, fiscal y de regalías, y productiva”, dijo el gremio.

Resaltó que el Gobierno nacional no le ha dicho al país cómo aspira a sustituir, “con realismo”, el petróleo y el gas, sabiendo que las reservas probadas alcanzan para aproximadamente diez años y que los contratos de exploración suscritos no le aseguran la autosuficiencia ni la soberanía energética a mediano y largo plazo.

“El Gobierno nacional afirmó el año pasado que sometería la decisión de suscribir o no nuevos contratos de exploración a un estudio del potencial hidrocarburífero del país, de un análisis de los contratos de exploración y producción suscritos, y del tiempo que Colombia necesitará de la industria para su diversificación exportadora, y la sustitución de ingresos fiscales y de regalías. Dicho estudio no existe”, advirtió la ACP.

Las reacciones de distintos sectores no se hicieron esperar, incluso desde el mismo Gobierno. José Roberto Acosta, director de Crédito Público, dijo en su cuenta de Twitter que la transición energética llevará alrededor de 20 años, que Ecopetrol aporta ingresos por alrededor del 10 por ciento del presupuesto nacional y que esto “debe cambiar, pero llevará tiempo. Colombia sigue necesitando dividendos, regalías e impuestos del petróleo”.

El país está a la expectativa del documento que defina cómo se efectuará la transición energética, con soportes y estudios técnicos, para garantizar los recursos fiscales y el autoabastecimiento en el corto y mediano plazo, y que no sea un salto al vacío y un suicidio económico.