El fraude corporativo, un fenómeno creciente en Colombia y Latinoamérica que produce millonarias pérdidas

Los riesgos asociados al fraude corporativo se han disparado a nivel global, afectando a empresas de todos los sectores. En América Latina, el impacto es especialmente alto, con cifras alarmantes en países como Colombia, donde la Superintendencia de Industria y Comercio registró más de 20 mil millones de intentos de hackeo en el primer semestre de 2024, afectando tanto a individuos como a empresas. Las organizaciones enfrentan desafíos enormes en un entorno donde los esquemas fraudulentos se vuelven cada vez más sofisticados y difíciles de prevenir.

Para Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, presidente del Instituto para la Cooperación y Prevención del Fraude (ICPF), estos datos no son solo números, sino un reflejo de la falta de preparación y recursos de muchas empresas para enfrentar amenazas complejas.

“Es esencial que las empresas adopten sistemas de ciberseguridad y actualicen sus protocolos para anticiparse a los ataques”, subrayó Ruiz. La problemática se agrava con el hecho de que el 65 % de las organizaciones en Colombia reportaron un aumento en los casos de fraude en el último año, lo que subraya la vulnerabilidad del sector corporativo.

En cuanto al tipo de fraude, el 48 % de los casos de fraude ocupacional en América Latina incluye actos de corrupción, según el Reporte de Naciones 2024 de la Acfe. Además, la detección suele depender de informantes internos, que representan el 53 % de las denuncias. La Superintendencia Financiera de Colombia también reportó 324.829 quejas formales por fraude en la primera mitad del año, lo cual evidencia la magnitud del problema y la necesidad urgente de acciones concretas para proteger a las organizaciones y al público.

En términos de recuperación, el panorama es igualmente preocupante: el 72 % de las corporaciones en la región no logran recuperar las pérdidas financieras ni el daño reputacional tras un fraude. En este contexto, se hace evidente la creciente necesidad de que las entidades privadas prioricen el fortalecimiento de sus estrategias de prevención, con las que se puede asegurar a los negocios frente a una amenaza cada vez más común y costosa.