El sector agropecuario impulsa el empleo con 3,2 millones de personas ocupadas y una reducción del desempleo rural

Para septiembre de 2024, el sector agropecuario colombiano reportó un crecimiento significativo en el empleo, alcanzando un total de 3,2 millones de personas ocupadas, lo que representa un incremento del 3,1 % respecto al mismo mes del año anterior.

Este avance consolida al sector como una de las principales fuentes de empleo en el país, aportando 97 mil nuevos puestos de trabajo en áreas como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. La tasa de desempleo en el ámbito rural descendió a un 5,9 %, la cifra más baja en seis años para septiembre, con una reducción de 1,3 puntos porcentuales en comparación con 2023.

La ministra de Agricultura y la UPRA han destacado la resiliencia y crecimiento del sector, atribuyendo estos resultados a las políticas de fomento y desarrollo rural implementadas en el último año. Desde la dirección de la entidad, Dora Inés Rey enfatizó el impacto de estas cifras en las comunidades rurales y la economía nacional: “El crecimiento en la ocupación del sector agropecuario es una señal clara de que estamos avanzando hacia una economía más inclusiva y sostenible. Cada empleo creado representa una oportunidad para las comunidades rurales y un paso más hacia la seguridad alimentaria de nuestro país”.

El sector rural, que en septiembre incrementó su número de ocupados en 89 mil personas, sigue mostrando su importancia en la economía del país, con una población ocupada total de 4,9 millones de personas. A nivel nacional, la tasa de desempleo general también ha disminuido, situándose en un 9,1 % en septiembre de 2024, reflejando una leve mejora frente al 9,3 % registrado en el mismo mes del año pasado.

A pesar de estos avances, el reto de la informalidad laboral persiste en el sector rural, con un 84,1 % de los trabajadores en situación informal entre junio y agosto de 2024, cifra que asciende a un 87,9 % en áreas de agricultura, ganadería y pesca. Este panorama subraya la necesidad de implementar políticas que impulsen la formalización del empleo en el campo y protejan los derechos laborales de quienes desempeñan labores agropecuarias, clave para el desarrollo rural sostenible y equitativo.