¿Qué está pasando en los 12 principales departamentos en Colombia para combatir la minería ilegal?

Una de las principales problemáticas que enfrenta el Bajo Cauca Antioqueño es la extracción ilegal de minerales, que entre otras cosas genera daños al medio ambiente. Incluso recientemente, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, aseguró que las problemáticas actuales en Colombia, como la migración y la minería ilegal, podrían estar contribuyendo al aumento de los casos de violencia basada en el género y el sexo en el país.

Los departamentos con mayor presencia de minería ilegal son Antioquia, Chocó, Nariño, sur de Bolívar, Caldas, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vichada y Guainía. De manera que este es un tema de interés nacional del cual diferentes candidatos a las elecciones regionales se han referido para enfrentar la problemática.

Actualmente, Tropas del Ejército Nacional, con el apoyo de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, mediante acción conjunta y coordinada desarrollan operaciones en zona rural del municipio de Argelia, con el fin de restablecer los derechos y proteger a la población de la región.

“Este gran esfuerzo va dirigido a tres objetivos primordiales: primero la protección de nuestra población civil, en segunda instancia el fortalecimiento de la gobernabilidad de nuestros alcaldes y gobernadores de la región, en tercera instancia la desarticulación y neutralización de las estructuras criminales del ELN, FARC y también clan del Golfo que delinquen en los departamentos”, manifestó el General Érick Rodríguez, comandante del Comando Conjunto Número 2 Suroccidente del Ejército Nacional.

La estructura Carlos Patiño del GAO Residual Estado Mayor Central de las Farc, está coaccionando a la población civil mediante el uso de la violencia, amenazas y limitación de los servicios básicos con el fin de instrumentalizar a las comunidades en contra del Ejército Nacional y la institucionalidad del Estado.

Dentro de las principales acciones que se han evidenciado en esta vil estrategia por parte de los grupos ilegales ha sido la limitación de comunicaciones a los pobladores, la afectación del fluido eléctrico y la instalación de artefactos explosivos improvisados en los alrededores de los municipios y áreas rurales, amenazando de esta manera el correcto y normal desarrollo de la vida diaria de estas comunidades.

Con esta coerción, estos grupos criminales buscan desestabilizar las regiones, obligando a la población a realizar asonadas contra la Fuerza Pública y poner en riesgo los derechos fundamentales de los pobladores de la región.