Abogados piden cuidar el derecho a la salud en la reforma que se discute en el Congreso

Hay un tema que le está sacando canas al Gobierno y a muchos colombianos. Se trata de la reforma a la salud, uno de los tres proyectos de carácter social que presentó el Gobierno ante el Congreso, junto con el de pensiones y el laboral.

La reforma implica un cambio radical en la forma como ha funcionado el sistema en los últimos 30 años y el papel que desempeñan las diferentes instituciones del sector. Ha sido tan polémica esta iniciativa que ya le pasó factura a la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien salió del cargo por su radicalidad y poca disposición al diálogo y fue reemplazada por el médico Guillermo Jaramillo.

La propuesta les quitaría participación a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que no estarían a cargo del aseguramiento en salud y no serían intermediarias en el pago de los servicios del sector, para abrirle la puerta a un modelo más público, en el que tendrá un rol relevante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que sería la única entidad pagadora. Además, se crearían los Centros de Atención Primaria, encargados, en primera instancia, de atender y remitir a los pacientes a las distintas instituciones prestadoras de los servicios de salud.

El proyecto tiene en alerta máxima a las EPS, que, además, advirtieron sobre los recursos insuficientes que les llega a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que les gira el Estado por cada paciente atendido. Las EPS señalan que están desfinanciadas y que las deudas que acumulan son millonarias.

Ante este panorama están prendidas las alarmas por las profundas implicaciones jurídicas y de prestación de los servicios de salud. Para José Miguel de la Calle, socio de la firma de abogados Garrigues, revisar y reasignar responsabilidades a todo nivel dentro del sistema implicará cambios en todos los contratos, reglamentos y acuerdos de servicio a nivel regional y nacional. “El reto más grande es lograr que dicha revisión integral de las bases jurídicas y operacionales de todo el modelo se realice de forma ordenada y bajo un esquema de transición debidamente diseñado, previa realización de un gran mapa de riesgos y mitigantes”, asegura.

Johann Schomberger, socio de Brigard Urrutia, y Álvaro Samuel Arias, del equipo de Salud de dicha firma, consideran que el principal reto jurídico es la expedición de una reglamentación que permita materializar el derecho a la salud y desde lo operativo, el tema es lograr una adecuada articulación de los nuevos actores del sistema para la correcta prestación de los servicios.

Por su parte, Daniela Arbeláez Galeano, asociada de Holland & Knight, dice que las implicaciones son de todo tipo: administrativas, logísticas, operativas, financieras y regulatorias. En el tema administrativo hay dudas sobre cómo se va a garantizar que opere el sistema sin afectar a los usuarios; en materia logística, si bien se contempla un periodo de transición de dos años, no es claro cómo será este proceso, quién se encargaría de recibir las funciones, la documentación y la administración de lo que está en cabeza de las EPS y si la Adres está en capacidad de centralizar los pagos, auditaría y contratación del sistema.

En el tema operativo tampoco está claro como actuarán los Centros de Atención Prioritaria y el acceso a los servicios de mediana y alta complejidad; en materia financiera, hay dudas sobre cuál será el impacto fiscal de la reforma, mientras en el aspecto regulatorio, frente a los numerosos cambios y ajustes, esto implicaría tiempo y trabajo que, de cara al periodo de transición de dos años, parece insuficiente.

Problemas financieros de las EPS

Como si no faltaran los interrogantes sobre cómo operará el nuevo sistema de salud, las EPS han llamado la atención sobre los graves problemas financieros que vienen de tiempo atrás y se están acumulando sin una solución de fondo. Como los gastos son mayores a los recursos que les ingresan, le han pedido al Gobierno revisar el tema de la UPC. Las que prendieron la alerta en las últimas semanas fueron Sura, Compensar y Sanitas.

Sobre el particular, De la Calle señala que, más allá del futuro de las EPS, el país debería aprovechar la coyuntura de esta crisis financiera para incorporar en la reforma mecanismos jurídicos, reales y definitivos, que le den punto final a la situación crónica de la cartera pendiente en todos los niveles de la cadena.

Schomberger y Arias dicen que la situación de las EPS plantea escenarios jurídicos que van desde procesos judiciales para el cobro de la cartera hasta procesos de liquidación al no contar con los recursos requeridos para su operación, afectando la prestación de servicios. Por eso, es importante que los usuarios apoyen el uso racional de los recursos del sistema y que se contribuya con la financiación oportuna del sistema.

Los problemas financieros de las EPS implican un gran reto judicial, pues, a mayor dificultad y barreras de acceso a los servicios de salud, mayor sería el número de tutelas y de congestión en el sistema judicial. Así lo considera Arbeláez, quien afirma que a ello habría que sumar los procesos de tipo declarativo y ejecutivo que muchos prestadores de servicios de salud se ven obligados a iniciar contra las EPS y contra los demás actores del sector.

La realidad es que hay una falta de recursos generalizada en el sistema de salud. Según Arbeláez, esto obedece a múltiples factores, como la diferencia entre los precios que les son reconocidos a los prestadores por los insumos y servicios prestados y el costo real de los mismos. Además, están las deudas de las EPS, que son en gran parte cartera corriente, es decir, cuentas por pagar por servicios prestados a sus usuarios, y las deudas de tipo administrativo, pasivos en insumos y medicamentos, y pagos pendientes de la Adres.

Son muchos los cambios que conlleva la reforma que se estudia en el Congreso y que ya dio su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Pero la discusión sigue muy enredada, no se han logrado acuerdos entre el Gobierno y los partidos para el segundo debate, y mientras tanto los ánimos volvieron a caldearse con la conformación de una subcomisión en la Cámara. Es decir, hasta el momento no se ha dicho la última palabra sobre los cambios al sistema de salud.