Acceso a la tierra será uno de los temas claves de la agraria

El ambiente en materia agraria en el país está caldeado. Al debate sobre el proceso para la adquisición de tierras por parte del Gobierno para ser redistribuidas, se sumó el proyecto de decreto a través del cual el Ejecutivo busca promover la movilización y organización campesina como mecanismo de democracia participativa, para conformar comités municipales e impulsar la reforma agraria.

Para expertos, lo que en un comienzo logró el presidente Petro en el sentido de crear un ambiente positivo y conciliador para avanzar en una reforma agraria concertada ahora se ve opacado por el afán de querer sacar esa reforma a la fuerza. “A través de un proyecto de decreto que reglamenta un artículo del Plan Nacional de Desarrollo para agilizar la compra de tierras, incluyen el concepto de extinción de dominio, que si bien existe en la legislación, lo ponen de una manera que le hace ruido y genera incertidumbre. Para mí es una señal de que quieren hacer la reforma agraria, no de manera concertada, sino a la fuerza”, dijo la exministra de Agricultura Cecilia López.

Por su parte, el también exministro de Agricultura Andrés Valencia manifestó que otro proyecto de decreto, el que promueve la movilización campesina, pareciera que pretende lo mismo. “El decreto de movilización campesina busca presionar la reforma agraria desde los territorios con control social a las actividades productivas. Eso quiere decir que ¿serán los comités campesinos los que definan si los dueños de la tierra le están dando su función social? ¿Es con esa información que la Agencia Nacional de Tierras iniciará los procesos de expropiación o extinción?”, se pregunta Valencia.

Para el sector legal del país, si bien es positivo que se quiera cerrar la brecha en el acceso a la tierra para hacerla productiva, el lunar está en el hecho de que no hay claridad sobre cómo lo hará. “Veo con optimismo que este Gobierno cierre la brecha de acceso a la tierra de quienes históricamente la han ocupado y busque herramientas para volverla productiva. Sin embargo, la forma como se pretende adquirir la tierra por parte del Ejecutivo no es clara en cuanto al criterio legal para considerar un lote rural como no explotado o improductivo”, dijo Julián Cardona, director de la práctica de Derecho Urbanístico de la firma Dentons Cárdenas & Cárdenas.

Explicó además que el Gobierno lo que busca es expedir decretos reglamentarios y aprobar algunas leyes o actos legislativos, para poner en marcha algunos aspectos de la Ley 160 de 1994, la primera reforma agraria, que no se habían desarrollado. “Habrá que ver la constitucionalidad y legalidad de estas nuevas normas que se irán aprobando”.

Lo cierto es que, hasta ahora, el Gobierno ha logrado el reconocimiento de los derechos de acceso a la tierra rural de los campesinos (Acto Legislativo 01 de 2023), la aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural (Acto Legislativo 03 de 2023), la expedición del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo (proceso de compra de tierras por oferta voluntaria) y está cerca de expedir un decreto que permitirá agilizar los procesos de adquisición de tierras rurales en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras.

Lograr el éxito

Lograr que la reforma agraria sea exitosa y el país transite hacia la soberanía alimentaria requiere varios aspectos. Para empezar, debe definir y garantizar el debido proceso en la adquisición de las tierras rurales, que respete los derechos de propiedad de terceros no campesinos. Además, que regule expresamente todas las causales de adquisición de la tierra rural, “para que no existan elementos subjetivos en la decisión de compra de tierras por parte del Gobierno”, dijo Cardona.

Agregó que debe también definir políticas públicas serias y cumplibles en el corto y mediano plazo, con el fin de que la tierra se vuelva productiva de manera ágil y eficiente; debe ser fiscalmente sostenible y regular con determinación la seguridad que se les dará a los campesinos que retornarán a sus tierras, con el fin de evitar que sean revictimizados por cuenta de la presencia de actores armados ilegales a lo largo y ancho del país.

Y uno de los mecanismos necesarios en todo este proceso es el catastro. Para la exministra López es necesario y urgente acelerar el catastro, “coger ese catastro multipropósito, acelerarlo para que vaya a las zonas en las que se redistribuirá la tierra para que la gente pueda tomar decisiones económicas, pero esto va despacio”.

Por su parte, socios de la firma Posse Herrera Ruiz han asegurado que se debe ser creativos, sensatos y garantizar la seguridad jurídica, pues el desarrollo del campo requiere campesinos propietarios pero también empresas e inversionistas con capacidad de invertir en el desarrollo de la infraestructura, implementar modelos de eficiencia e internacionalización y seguir estándares de sostenibilidad ambiental.

El Sistema

Como se mencionó, son varios los procesos que ha logrado adelantar el Gobierno. Uno de ellos es el Sistema Nacional de Reforma Agraria, un mecanismo creado en la Ley 160 de 1994, que no había sido reglamentado pero que la administración de Petro puso en marcha.

El objetivo de este sistema, según explicó en su momento el Ministerio de Agricultura, es orientar y promover la articulación entre las entidades para materializar y acelerar la reforma agraria. Así, se coordinarán las instituciones para evitar duplicidad y repetición de acciones. Este hace parte de la Reforma Rural Integral, pactada en el Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc.

“Lo que pretende este Gobierno es desarrollar algunos puntos que no han sido ejecutados hasta el momento, fundamentalmente los relacionados con la entrega de tierras rurales a los campesinos colombianos y con la activación de un sistema de producción agroindustrial que fomente la producción masiva de alimentos de origen agrícola” dijo Cardona.