Admiten demanda contra administración de Daniel Quintero por presunto mal manejo corporativo de EPM

Siguen los problemas para Empresas Públicas de Medellín (EPM) por el manejo administrativo que el alcalde Daniel Quintero le ha dado a la compañía.

Recientemente, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Medellín aceptó una demanda en contra de la ciudad interpuesta por el Sindicato de Profesionales de las Empresas Públicas de Medellín (Sinpro).

De acuerdo con el documento de aceptación de la demanda, publicado por el portal ifmnoticias.com, el Juzgado ordenó medidas cautelares relacionadas con la aplicación estricta del Código de Gobierno corporativo de EPM mientras se resuelve la disputa.

Lo que busca la demanda es defender el patrimonio público y la prestación y acceso a los servicios públicos, los cuales se han visto afectados, según Sinpro, por las presuntas violaciones al código de gobierno de EPM que ha llevado a cabo la Alcaldía de Quintero.

La demanda también busca demostrar que la calificación de EPM por parte de Fitch Ratings fue disminuida por culpa de las acciones del alcalde Daniel Quintero. Dicha rebaja en la calificación lo que hace, según los demandantes, es incrementar el costo de financiamiento de la compañía.

Como parte del proceso, el alcalde Quintero deberá presentar un reporte de cumplimiento de gobierno corporativo de EPM para los años 2020 y 2021.

En agosto de 2020, Fitch Ratings rebajó a BBB- la calificación de EPM aludiendo a un mal manejo e intervención llevada a cabo por parte del municipio de Medellín.

“La baja de las calificaciones se debe a una intervención mayor del propietario de EPM, la ciudad de Medellín, en la gestión de la empresa. Esto representa un deterioro de los controles de gobierno corporativo de la compañía. Fitch cree que las acciones tomadas recientemente por la compañía son contrarias a lo establecido en el Convenio de Gobernabilidad, suscrito el 23 de abril de 2007, entre la Alcaldía de Medellín y la gerencia de EPM. En este convenio la municipalidad acordó respetar la autonomía de EPM como empresa comercial e industrial del estado y actuar exclusivamente a través de la junta directiva”, dijo la calificadora entonces.

Los problemas de EPM comenzaron cuando los ocho miembros de la Junta Directiva de la compañía renunciaron de manera simultánea, luego de que Quintero tomara decisiones relacionadas a EPM sin consultarlo a la Junta.

Más problemas para EPM

Semanas atrás, la Contraloría General de la Nación ordenó el embargo de las cuentas del Consorcio de Hidroituango como una medida preventiva en el marco de las investigaciones por las fallas en la construcción de la hidroeléctrica.

En diciembre, la Contraloría encontró como presuntos responsables fiscales a cuatro consorcios, conformados por siete empresas en total.

El 28 de abril de 2018 se presentó un derrumbe en el túnel de desviación de la obra, por lo que el proyecto Hidroituango tuvo que entrar en contingencia por los factores de riesgos que presentaba.

La obra habría sido adelantada sin los estándares de calidad iniciales, según el documento entregado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a la Fiscalía General de la Nación en 2020.

Hasta el momento, el órgano de control ordenó el embargo de la firma Integral S.A. Explica, en el auto MC061, que serán embargados y retenidos “los dineros depositados o que lleguen a depositarse en las cuentas bancarias de titularidad de esta compañía” hasta por la suma de cuatro billones doscientos treinta mil pesos ($4.230.000.000.000).

Luego del embargo, la calificadora Moody’s Investors Service advirtió que este problema podría afectar las notas de EPM.

Roxana Muñoz, analista de Moody’s Investors Service, dijo que “la orden de embargo a las cuentas de contratistas de Hidroituango podría retrasar el inicio de operaciones del proyecto esperado para mediados de 2022, lo cual sería un factor crediticio negativo para EPM”.

Se pretende que mientras el Juzgado 35 administrativo avanza en el desarrollo de la demanda y se resuelve la acción popular, se tenga que aplicar estrictamente el Código de Gobierno Corporativo vigente.