Amazon | Trabajadora presentó una denuncia por presunto caso de discriminación

La empresa estadounidense de comercio electrónico Amazon recibió una demanda en un tribunal federal de Washington D. C. por supuesta discriminación en contra de trabajadores, particularmente hacia mujeres negras, al momento de elegir las personas que estarán en las oficinas corporativas.

De acuerdo con la demanda, que fue presentada en la capital estadounidense, la empresa contrata “menos personas de color” y son promovidos en menor medida con sus pares blancos, pese a que las competencias son similares, dice el comunicado de Widgor LLP, el bufete de abogados que presentó la demanda.

Charlotte Newman, jefa de desarrollo comercial de Amazon Web Services, quien presentó la demanda, afirma que la compañía sufre de un “patrón sistémico de discriminación insuperable”, pese a que públicamente se ha comprometido a luchar contra el racismo y su director ejecutivo, Jeff Bezos, ha lanzado numerosas declaraciones de solidaridad.

Al respecto, Amazon, con sede en Seattle, comenzó una investigación sobre las acusaciones y defendió su esfuerzo por una cultura equitativa y cero tolerancia contra la discriminación: “Estas acusaciones no reflejan esos esfuerzos o nuestros valores”, dijo la empresa, según Reuters.

La mujer, que se graduó de la Escuela de Negocios de Harvard y se desempeñó como asesora del senador estadounidense Cory Booker, acusa a Amazon de retrasar por dos años y medio su ascenso a gerente sénior, pues en 2017 la contrató para un puesto júnior, para el que estaba sobrecalificada.

Afirmó, además, que un supervisor utilizó tropos raciales al referirse a ella como “agresiva”, “demasiado directa” y “simplemente aterradora”, y a otro compañero de trabajo de acosarla sexualmente.

Los dos hombres fueron acusados, por lo que la demanda solicita que el supervisor reciba una capacitación, mientras el compañero a quien se le atribuye el acoso sexual debe ser despedido. Este sujeto no pudo ser identificado inmediatamente.

En días pasados, la empresa también recibió una demanda por parte de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por negligencia en la protección de sus empleados durante la pandemia de la covid-19 y por adoptar represalias contra aquellos que expresaron su preocupación, informó el miércoles la Fiscalía.

La fiscal asegura que Amazon violó las leyes laborales del estado de Nueva York y acusó a la empresa de “despedir y castigar” a empleados que se opusieron a las condiciones laborales impuestas durante la pandemia.

“Mientras Amazon y su presidente hacían miles de millones durante esta crisis, empleados trabajadores fueron obligados a soportar condiciones que no eran seguras y sufrieron represalias por expresar estas inquietudes, con razón”, dijo James en un comunicado.

La fiscal general sostuvo que desde marzo pasado “es claro que Amazon ha otorgado más valor a las ganancias que a la gente y ha fracasado en garantizar la salud y seguridad de sus trabajadores”, y lamentó que los trabajadores que hacen que el país funcione “son los peor tratados”.

Anticipándose a la acción de James, Amazon presentó el viernes pasado una demanda contra la propia fiscal general, acusándola de no tener en cuenta la información que la empresa le proporcionó sobre el trato de los empleados durante la pandemia y de someter al grupo a una suerte de chantaje.

La empresa pidió a un juez federal que dictamine que la Fiscalía de Nueva York no tiene jurisdicción para llevar estos asuntos a los tribunales. Empleados de Amazon se manifestaron varias veces en la primavera boreal frente a uno de los galpones de la empresa en el distrito de Staten Island, en Nueva York, criticando a la dirección por no haberlos protegido lo suficiente contra la covid-19.

Amazon aseguró entonces haber hecho más de lo necesario para limitar los riesgos de contagio, estableciendo distancia entre los empleados y triplicando la frecuencia de limpieza del local. La Fiscalía comenzó entonces a investigar el asunto. A finales de abril, James envió una carta al gigante del comercio electrónico tras concluir que las medidas de protección eran “inadecuadas”.