Andi pide “todo el peso de la ley” para promotores del paro armado

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se unió a las voces de rechazo contra el paro nacional que fue anunciado por miembros del Clan de Golfo, esto tras la extradición de su principal cabecilla, alias Otoniel, y manifestaron que debe caer todo el peso de la ley contra los responsables de los ataques armados que se han registrado en diferentes regiones del país.

La Andi señaló que estas intimidaciones y hechos delictivos, que solo en el sector transportador deja pérdidas por más de 13 mil millones de pesos y al menos 60 vehículos incinerados, son inaceptables y deben ser entendidas como una “vil agresión” contra las personas más necesitadas, teniendo en cuenta los lugares donde se desarrollan.

Bruce Mac Master, presidente de esta asociación, señaló que como gremio respaldan a la Fuerza Pública en la lucha contra organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, al tiempo que envió su solidaridad con las poblaciones que están encerradas por cuenta de las amenazas.

“Esto debe ser entendido como una agresión delincuencial grave, que atenta directamente el bienestar y los derechos de la población civil, configurándose como un secuestro colectivo que debe ser judicializado”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

El vocero gremial resaltó que este tipo de acciones atentan contra la tranquilidad de las personas que necesitan movilizarse para buscar un sustento para sus familias, violando derechos fundamentales de la sociedad en general.

“La intimidación, las amenazas y los ataques a la población civil son totalmente inaceptables. Las personas necesitan poder movilizarse con tranquilidad para conseguir su sustento. Este tipo de acciones afecta directamente el derecho de trabajar, y eso tiene consecuencias para las familias”, dijo Mac Master.

Agregó que también se han registrado afectaciones a la propiedad privada que no se pueden tolerar. “Los delincuentes que deciden proceder de esta manera deben ser judicializados de la manera que lo determina la Ley”, agregó.

Así mismo, el dirigente gremial precisó que “no debemos olvidar que con estas acciones se vulneran los derechos de millones de colombianos y que estamos en un momento de atender las demandas sociales al tiempo que volvemos a muchas de las actividades laborales sin restricciones”.

“Al Estado le pedimos hacer todo lo que esté a su alcance para que dentro del marco de nuestra Constitución haga todo lo posible para evitar estas acciones abiertamente ilegales”, concluyó.

Este anuncio de la Andi se da luego de que organizaciones de camioneros y el gremio transportador lanzaran un SOS al Gobierno nacional y a las autoridades de las diferentes regiones en el país para que presten atención a lo que está pasando en las carreteras del país, en materia de seguridad, por cuenta del paro armado del Clan del Golfo. Y es que las consecuencias de esta escalada terrorista ya ha hecho que las pérdidas económicas sean muy altas y que la cifra siga subiendo.

Según Colfecar, gremio que reúne a las principales empresas transportadoras del país, hasta el momento se han reportado pérdidas superiores a los 13 mil millones de pesos, a raíz de esta situación que afecta, principalmente, a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y Atlántico.

Entre tanto, las cifras de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) dan cuenta de un panorama mucho más preocupante, ya que sus estimaciones se acercan a los 66 vehículos incinerados (entre carga, pasajeros y particulares), en menos de 56 horas.

Los representantes de los camioneros y las empresas transportadoras hicieron un llamado urgente al Gobierno para vincular a los transportadores de manera coordinada a las caravanas, a fin de poder garantizar su seguridad y la protección de los automotores. Resaltan que la situación de orden público es muy preocupante.