Abren investigación contra Movistar y Claro por no permitir a usuarios mantener número de su preferencia

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció este jueves 27 de abril una nueva investigación contra Movistar y Comcel S. A. por presuntamente negar solicitudes de portabilidad numérica a sus usuarios, amparándose en la activación de productos denominados “Bono de fidelización”, “Mejor Juntos” y “Datos Plus”.

Estas conductas a investigar incluyen el desconocimiento del deber de información, activación y cobro de servicios que presuntamente no fueron aceptados por los usuarios y la posible omisión del deber de entregar copia del contrato. Según la SIC, estos operadores estarían creando una permanencia para el usuario a través de sus estrategias comerciales, promociones y ofertas.

La SIC indicó que estos requerimientos se justifican en el entendido de que al parecer se están registrando serias violaciones al Régimen de Protección a los Usuarios que podrían estar limitando el derecho de los usuarios de elegir libremente el operador de su preferencia a través de la portabilidad numérica.

Según la información recopilada, se presume que Movistar y Comcel S. A. están activando y cobrando a sus usuarios productos sin su autorización o aceptación previa y expresa. Los productos denominados “Mejor Juntos” y “Bonos de Fidelización” de parte de Movistar y “Datos Plus” de parte de Comcel estarían siendo activados y cobrados por dichos operadores, vulnerando con ello el derecho que les asiste a los usuarios de elegir libremente su proveedor, planes y servicios de telecomunicaciones.

La investigación se inicia a raíz de las diferentes quejas de usuarios y otros proveedores del mercado, quienes han alegado que las solicitudes de portabilidad están siendo rechazadas. La SIC ha formulado cuatro cargos en las respectivas investigaciones, incluyendo el desconocimiento del derecho que les asiste a los usuarios de recibir información clara, cierta, veraz, oportuna y completa para tomar decisiones respecto del servicio ofrecido.

También por la activación o modificación de las condiciones acordadas previamente con los usuarios, imponiéndoles y cobrándoles servicios que presuntamente no fueron aceptados expresamente por estos, y el desconocimiento del derecho que les asiste a los usuarios de recibir copia del contrato de prestación de servicios de comunicaciones ajustado.

Además, la SIC alega que estos operadores diseñan e implementan estrategias comerciales y/o promociones y ofertas que tienen como efecto impedir que los usuarios elijan libremente su proveedor de servicios, generando una permanencia en el uso del servicio prestado con el operador.

La SIC ha impuesto medidas administrativas de carácter inmediato y permanente a estas dos empresas, para no limitar a sus usuarios en la libre elección de proveedor, la conservación de su línea y la activación sin autorización previa y comprobable de los productos mencionados. En caso de demostrarse que estos operadores incurrieron en las conductas descritas, podrían someterse a multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De igual modo, esta autoridad invitó a los usuarios de los servicios de comunicaciones móviles a que estén atentos a los posibles cobros no autorizados en su factura de servicios y a que revisen detalladamente las promociones y ofertas que les ofrecen los operadores de telecomunicaciones. Además, se recomienda a los usuarios que, en caso de presentar alguna situación de esta naturaleza, interpongan las respectivas quejas y reclamos ante la entidad correspondiente, con el fin de que se garantice el respeto y protección de sus derechos como consumidores.

La SIC fue enfática en advertir que no se puede limitar el derecho de los usuarios a elegir libremente el operador de su preferencia a través de la portabilidad numérica, luego de evidenciar la posible activación y cobro de productos sin la aceptación previa y expresa de los usuarios, lo que atentaría contra sus derechos y generaría una permanencia en el uso del servicio prestado con el operador.

Por último, resaltó que los consumidores deben ser protegidos ante cualquier práctica abusiva o engañosa de las empresas prestadoras de servicios, razón por la cual reiteró que seguirá atendiendo de cerca los llamados de la ciudadanía ante cualquier irregularidad que se perciba.