¡Atención! Consorcio recusa a Daniel Quintero ante Procuraduría para que se aparte de decisiones en obra Hidroituango

Al menos en lo que concierne a decisiones sobre las actividades previstas en el contrato que tiene el consorcio CCC Ituango, para adelantar el proyecto de la hidroeléctrica el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se debería apartar del proceso.

Así lo pidió el abogado de la constructora, Santiago García Cadavid, ante la Procuraduría General, a través de un oficio de RECUSACIÓN, radicado el 26 de octubre, en el cual solicitan que se reconozca la existencia de un impedimento para que el alcalde tome decisiones sobre las actividades de construcción de la presa, central y obras asociadas al proyecto Hidroituango.

El documento se ampara en lo establecido en el Código Contencioso Administrativo, según el cual, se establecen los “conflictos de interés y causales de impedimento y recusación”.

En la recusación, el consorcio pide que el alcalde Quintero se abstenga de intervenir en las reuniones de la Junta directiva, en las que se discuta sobre las actividades de construcción.

Además, piden que el mandatario se abstenga de participar en las reuniones en las cuales se toman decisiones acerca de la manera como se va a continuar la ejecución de las obras de construcción.

En una extensa explicación del consorcio, con la cual sustenta la recusación, hacen la solicitud expresa de que el alcalde se abstenga de realizar cualquier actuación relacionada con el consorcio CCC Ituango y sus integrantes.

La Procuraduría tendrá unos días para decidir sobre la recusación, teniendo en cuenta que el abogado del consorcio constructor pidió dar curso a la Procuraduría general, en caso de que a través del oficio radicado no se acepte reconocer la existencia de un impedimento para la intervención del alcalde.

Una entidad descentralizada

Uno de los argumentos de la recusación está en las normas relacionadas con las entidades descentralizadas. Según se expresa en el documento, si bien EPM es una entidad descentralizada y como tal, el municipio de Medellín ejerce el control sobre ella, existe también una directriz emitida por la Corte Constitucional, según la cual, “la autonomía para la gestión de los asuntos de los entes descentralizados no es absoluta, sino que se ejerce a través de parámetros que emanan de la voluntad general y de otros que emanan de la política formulada por el poder central”.

Innegable influencia del alcalde sobre la junta

Otra razón que pone de presente el abogado que interpuso la recusación a nombre del consorcio es la de la influencia que podría ejercer el alcalde sobre la junta de EPM, toda vez que el procedimiento para el nombramiento de los integrantes, le permite designar libremente a 5 miembros, de los cuales, un renglón está reservado al municipio y puede ser ocupado por el mismo alcalde. “Para la vigencia actual, el alcalde ejerce como miembro de la junta y también la preside, y fue él quien designó a los otros 7 miembros”, dice en el documento de recusación.

Controversia jurídica con el consorcio

De acuerdo con el contenido de la recusación, entre EPM y los integrantes del consorcio hay una controversia jurídica que está relacionada con la ejecución del contrato de obra y derivada de la contingencia ocurrida el 28 de abril de 2018, la cual, fue sometida por las partes a dos procesos que están a penas iniciando. En otras palabras, se demandaron mutuamente.

Para el representante del consorcio, el alcalde Quintero “ha emitido pronunciamientos públicos en los cuales ha fijado su posición personal con relación al papel de los integrantes del consorcio, y en relación con la continuidad no no del consorcio, lo que debería ser decisión de EPM”.

De igual manera, señalan que el mandatario de Medellín ha expresado su preferencia por un tercer contratista que concluya las obras, argumenta el consorcio en la recusación.

Se esperaba humo blanco

Durante este miércoles, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, dio señales de que empezaría a haber humo blanco en la controversia alrededor del proyecto. Se habló de una prórroga del contrato a los actuales constructores, en combinación con una licitación.

Sin embargo, con la recusación, se sigue sintiendo el ‘tufillo’ de la discordia.