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Atención: nuevos bloqueos en La Guajira afectan la operación de El Cerrejón
La multinacional pidió con urgencia la actuación del Gobierno nacional.
La línea férrea de Cerrejón, uno de los proyectos mineros más grandes del país, se encuentra paralizada debido a bloqueos ilegales en dos puntos clave: en el kilómetro 32 del municipio de Maicao y en el kilómetro 132 en Uribia. Esta situación está generando serias complicaciones para la operación de la empresa y afectando a diversas comunidades en La Guajira.
La empresa Cerrejón ha expresado su rechazo a estos bloqueos, que no solo interrumpen el transporte de carbón desde la mina hasta Puerto Bolívar, sino que también impiden el normal funcionamiento del Tren del Agua, un servicio vital que suministra agua potable a 163 comunidades en el área de influencia de la compañía. Este servicio beneficia a más de 2.350 familias guajiras, lo que evidencia la magnitud del impacto de estos bloqueos.
Los bloqueos, que parecen estar relacionados con demandas y exigencias planteadas por vías de hecho, han despertado preocupación en Cerrejón, puesto que la compañía, que ha reiterado su compromiso con el diálogo y las relaciones transparentes con las comunidades, sostuvo que no comparte este tipo de acciones e instó a las autoridades a intervenir para resolver la situación de manera inmediata.
Luis Eduardo Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerrejón, subrayó que la empresa está dispuesta al diálogo, pero rechaza la imposición de exigencias mediante bloqueos ilegales. Marulanda hizo un llamado a las autoridades para que intervengan y pongan fin a esta problemática que afecta tanto a la operación de la compañía como a la vida cotidiana de las comunidades involucradas.
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“Somos una compañía abierta al diálogo y comprometidos en tener relaciones transparentes con nuestras comunidades. Sin embargo, estas acciones pretenden imponer exigencias por las vías de hecho. Rechazamos estos bloqueos ilegales y solicitamos a las autoridades que actúen de inmediato para poner fin a esta situación”, dijo Marulanda.
Cabe recordar que la paralización de la línea férrea no solo impacta el suministro de agua potable, sino que también pone en riesgo la estabilidad de más de 12.000 trabajadores, incluyendo empleados directos y contratistas, que dependen de la operación de Cerrejón. Además, esta situación amenaza los ingresos fiscales que el país y La Guajira obtienen a través de impuestos y regalías provenientes de la actividad minera. En el año 2022, la empresa Cerrejón contribuyó con 3,7 billones de pesos en impuestos y regalías, lo que subraya la importancia de su operación para la economía local y nacional.
Pullas del presidente Petro contra El Cerrejón
En la tercera jornada de trabajo que tuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, hace unas semanas en La Guajira, y que tuvo un traspié debido a una afectación estomacal que sufrió el mandatario, el Gobierno nacional, del Pacto Histórico, firmó un acuerdo con las comunidades indígenas de ese departamento para destrabar y darles celeridad a los proyectos de la transición energética.
Y en la Biblioteca Héctor Salah Zuleta se despachó con dureza contra la mina de carbón del Cerrejón, señalando de manera directa que el modelo que aplica no funciona, ya que explicó que no se vincula realmente a la comunidad en proyectos sostenibles en el tiempo.
“El pacto, entonces, no tiene que ver, y yo sería crítico de ello, con el sistema tradicional de proyectos en Colombia. Se hace un proyecto, le dan permiso en unas instancias, invitan a la comunidad a que diga qué quiere y ahí viene una pelea, una compensación, sea dinero, sea especie, y viene una pelea entre la comunidad”, sostuvo Petro.
El mandatario agregó en su tesis: “Que si la comunidad es la legítima, que si sustituyeron autoridades legítimas, que quién va a negociar. Obviamente, también se desata la corrupción en nuestro país. ¿Quién va a negociar? Y yo creo que ese modelo no es el que funciona”.
“Ese modelo es por una sola vez. Llega el proyecto, x, 100, 200, 500 millones de dólares, logra sus consultas, visto, chulito, pa’ la autorización, empieza a construir y nunca más vuelve a ver a las comunidades. Las comunidades se gastan lo que les dieron y de pronto empiezan a ver al cabo de los años, cuando los niños crecen, que la empresa está ahí, que está ganando y que la comunidad cedió sus derechos y que ya no la voltean ni a ver”.
