Empresas
Bogotá está entre las ciudades investigadas por la Supertransporte por la instalación de cámaras de fotomultas
La ciudad de Cartago y el Magdalena también están siendo investigados por irregularidades en estas cámaras de fotodetección.
Ante las recientes polémicas desatadas en las principales ciudades del país, la Superintendencia de Transporte anunció este miércoles tres nuevas investigaciones a entes territoriales por la presunta instalación y puesta en operación de cámaras de fotodetección que no cumplen con todos los requisitos exigidos por la ley.
Los organismos a investigar son la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Cartago y la Oficina de Tránsito y Transporte del Magdalena, que presuntamente habrían instalado en su jurisdicción este tipo de aparatos electrónicos sin la debida autorización o sin tener la señalización requerida que advierta su presencia.
“Los organismos de tránsito tienen que ser conscientes de que si colocan sistemas sin autorización se exponen a sanciones por parte de la Supertransporte, sin perjuicio de otras consecuencias legales. La entidad continuará escuchando a los ciudadanos para investigar a quien esté infringiendo la ley”, precisó el superintendente Camilo Pabón.
El funcionario también precisó que con estas tres nuevas investigaciones, ya son 14 en total las entidades investigadas por posiblemente infringir la regulación para poner en marcha estos sistemas de fotomulta. Otros 40 organismos tienen requerimientos para establecer la legalidad de estas tecnologías.
Lo más leído
Si estos organismos de tránsito y transporte son encontrados responsables por los incumplimientos de los criterios técnicos y tecnológicos aplicables a los sistemas o equipos automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones de tránsito (SAST), se podrán suspender las ayudas tecnológicas hasta tanto estos cumplan con la norma. En cuanto al no suministro de información, los investigados podrán ser multados hasta con 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
“Identificar cuáles son los puntos críticos en materia de siniestralidad y las causas que los generan, especialmente en donde esto se traduce en exceso de velocidad, son las labores fundamentales de las cámaras de fotodetección, pero para que esto se logre los usuarios deben saber de manera clara que allí habrá un elemento de este tipo para que cambien su comportamiento”, explicó el director se la ANSV, Luis Lota.
Los 40 organismos de tránsito a los que se les abrió investigación preliminar por las cámaras de fotomultas corresponden a Barranquilla, Aguachica, Palmira, El Rosal, Sabaneta, Sibaté, Floridablanca, Piendamó, Cartago, Santander de Quilichao, Fundación, La Estrella, Fonseca, Bello, Guasca, Soacha, Mosquera, Barrancabermeja, Turbaco, Envigado, Medellín, Ciénaga, Bogotá, Villeta, Cota, Los Patios, San Juan Nepomuceno, Cali, Arjona, Cajicá, Clemencia, Galapa, Planeta Rica, Codazzi, Yotoco, Yumbo y La Dorada, y los departamentos de Atlántico, Magdalena y Cundinamarca (Sede Operativa Chocontá).
Tanto la Supertransporte como la Agencia Nacional de Seguridad Vial pusieron a disposición de la ciudadanía un documento tipo abecé en el que se detallan las principales características de los sistemas de fotodetección en el país, su legalidad y hasta cómo reportar una irregularidad en su funcionamiento ante las autoridades.
En cuanto a este documento, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, precisó que “se trata de 19 preguntas abordadas por las dos entidades para orientar a la ciudadanía de un tema que cada día gana más relevancia y con el que se busca salvar vidas en las vías, más que imponer sanciones”, que puede ser consultado en este enlace.
En las últimas semanas, la polémica se centró en los ajustes que hizo la Corte Constitucional sobre las fotomultas, precisando que la sanción a través de este mecanismo debe llegar a la persona que está manejando y no al propietario del vehículo, tras las frecuentes quejas de los usuarios en el país.
En su momento, la Secretaría de Movilidad de Bogotá defendió el uso de este mecanismo de detección de infracciones asegurando que ha cumplido con todos los requisitos para su funcionamiento y que por tal razón las cámaras seguirían encendidas y operando, pues permiten un control más detallado sobre el tránsito de la ciudad.