Bufetes vs. Robots: ¿Quién controla a quién en el mundo legal?

En una ciudad llamada Juríspolis, donde la tecnología había avanzado de manera impresionante, existía una oficina de abogados muy peculiar. En lugar de letrados humanos, este bufete era atendido por robots altamente sofisticados. Uno de ellos se llamaba Lex.

Lex tenía la apariencia de humano, pero no lo era. Sus manos y brazos eran perfectos y sus ojos brillantes reflejaban tranquilidad y sabiduría. Esta oficina ultramoderna ha ido tomando fama en Juríspolis porque ha ganado varios casos que en otras oficinas colegas estaban casi perdidos. ¿El secreto? Sus abogados han ejercido una representación legal impecable e imparcial y han sido ayudados por una big data compleja que incluye códigos y leyes de muchos años atrás.

La idea de que un robot sea abogado puede parecer fuera de contexto, ya que tradicionalmente el Derecho se ha asociado con habilidades humanas como la empatía, el razonamiento ético y la interpretación subjetiva de la ley. Sin embargo, hoy los avances en inteligencia artificial y tecnología han llevado al desarrollo de sistemas capaces de analizar grandes cantidades de información legal de manera rápida y precisa.

Miguel Pinilla Téllez, abogado, historiador y socio fundador de Pinilla Téllez Estudio Legal, asegura que “la inteligencia artificial (IA) ha traído ventajas para el desarrollo de la disciplina jurídica, pues ha ayudado, por ejemplo, a la hora de resumir textos, lo cual facilita la investigación jurídica bajo la supervisión de un ser humano.

De igual forma, puede redactar versiones primarias de derechos de petición u otros escritos jurídicos de baja complejidad. Sin embargo, Pinilla Téllez deja claro que “la IA no es una herramienta que todavía se pueda utilizar para construir conceptos sin conocimientos jurídicos previos. Infortunadamente estas herramientas pueden inventarse normas o referencias de artículos inexistentes”.

Por eso, para satisfacer las necesidades de un cliente en cualquier área del Derecho, el abogado necesita interpretar normas con el fin de responder a las inquietudes formuladas por un particular. Esto concluiría en la redacción de un documento para asesorar al cliente o en un producto jurídico que active los mecanismos para acceder a la Justicia dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

“Al final –dice Pinilla Téllez–, la IA es una herramienta como un código o un buscador. Si es manejada con astucia y perspicacia, el abogado ofrecerá servicios más técnicos y meditados en las reglas de la hermenéutica jurídica”.

Desafíos por superar

Para Carlos Medellín Becerra, socio fundador de Medellín Durán Abogados, “la IA, sin duda alguna, es una herramienta que ha llegado para fortalecer distintos campos profesionales, y el derecho no es ajeno a ello. Su uso en las oficinas de abogados, como la nuestra, puede aumentar la eficiencia y la precisión en la investigación legal, lo que en última instancia beneficia tanto al Estado como a los funcionarios públicos a los que representamos”.

No obstante, asegura que se trata de un complemento a la labor del abogado, pues “la interpretación jurídica y el asesoramiento estratégico siguen siendo esenciales e inherentes a las personas que nos dedicamos a este oficio”.

Lo mismo piensa Sandra Avellaneda Avendaño, directora nacional de la Academia de la Gestión Pública, al destacar que la IA aliada de las oficinas de abogados tiene varios desafíos. “Uno de ellos es que debemos reinventarnos, modernizar el Derecho y hacerlo fuente de soluciones. Ya hoy muchas de las actividades a cargo de los abogados las hace la IA, lo cual es una oportunidad y no una amenaza”, precisa.

Agrega que a su juicio no es el inicio del fin del Derecho como profesión, sino que es la oportunidad para ejercerlo de la mano con la innovación y conectados con la realidad del mundo.

Otro de los desafíos que plantea Avellaneda consiste en desmitificar el hecho de que solo hay lugar para los mejores. “En Colombia, para el inicio de 2023, había unos 420.000 abogados (según la Unidad de Registro Nacional de Abogados), lo que refleja una alta oferta de juristas, con una demanda cada vez más reducida, que exige competencias digitales, que tradicionalmente no han sido el fuerte de los abogados, quienes muchas veces le huyen hasta al Excel”.

Pinilla insiste en que actualmente la IA no tiene la capacidad de reemplazar la labor que realiza un abogado. “La mayoría de estas herramientas no referencian de dónde sacan la información ni permiten contrastar sus afirmaciones con otras fuentes. En estas circunstancias, existe el riesgo de redactar un concepto desactualizado o que no cumpla con los estándares que los juzgados exigen para aceptar una demanda con altas exigencias técnicas”.

En gestión pública

¿Qué pasaría si la IA les da una mano a los servidores públicos que a diario deben procesar mucha información, sobre todo en las dependencias jurídicas? Según la directora de la Academia de Gestión Pública, “los servidores públicos viven saturados elaborando informes (unos 22 de ley) y atendiendo requerimientos (por lo menos uno al mes) que muchas veces no se procesan o cuyas conclusiones y uso no se dan a conocer a Colombia”. Y esto es grave. Añade que “la información necesaria para la toma de decisiones es pública pero no está publicada”. Asegura que “cualquier colombiano y específicamente los gestores públicos, para no repetir errores e implementar prácticas de prevención, deberían tener acceso directo vía web a los fallos en firme, penales, fiscales y disciplinarios relacionados con conductas que afectan la administración pública; sin embargo, esas decisiones, que son públicas, no están publicadas y mucho menos analizadas, ni procesadas”.

Dilemas jurídicos

Para Pinilla, el rol del abogado no es ofrecer respuestas exactas en la medida que el Derecho no tiene respuestas correctas. Siempre está el ejemplo de la pregunta sobre si “es legal matar a alguien”, a lo cual un profesor de introducción al derecho responderá con un “depende”.

Las circunstancias que determinan si es “legal” el homicidio o si un menor de edad puede celebrar válidamente un contrato de compraventa, son tema de análisis de un estudiante durante 9 o 10 semestres. Al terminar su carrera, se espera que pueda contestar de qué depende la calificación de estos hechos. ¿Un robot lo haría?

De otra parte, en lo que respecta a la gestión pública, Avellaneda es tajante en afirmar que, “sin duda, el Derecho tiene que ser fuente de soluciones que vayan al ritmo en el que avanza el mundo y muy específicamente, en la administración pública. No hay tiempo que perder, porque mientras los problemas que aquejan al Estado van en cohete, lo público sigue viviendo en la edad de piedra”.