Cabify, DiDi y Uber alertan consecuencias por investigación de la SIC: “están en juego los ingresos de más de 100 mil familias”

En los últimos años, tanto en Colombia como en todo el mundo, los servicios de transporte basados en plataformas han ganado una creciente relevancia y popularidad en el mercado. Estos servicios ofrecen la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro a un costo accesible, brindando además un nivel de confianza y seguridad que no siempre se encuentra en los sistemas de transporte público tradicionales.

A pesar del notable crecimiento experimentado por estas empresas, también se ha incrementado la supervisión por parte de organismos estatales. Este 14 de mayo, se dio a conocer una nueva medida adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de tres de estas empresas que operan en el país y que han alcanzado una gran notoriedad.

De acuerdo con el comunicado de la SIC, “el propósito de las actuaciones es determinar si las investigadas habrían infringido el régimen de protección de la competencia y de competencia desleal administrativa al haber promovido la prestación de servicios de transporte en incumplimiento de la regulación del sector y en condiciones que habrían generado ventajas competitivas en beneficio de los prestadores que están vinculados a las plataformas”.

La entidad llevará a cabo un exhaustivo análisis en relación con el cumplimiento de las normativas que regulan la libre competencia. Por lo tanto, no se evaluará en ningún caso si las plataformas están directamente involucradas en la prestación del servicio de transporte, ya que este aspecto no guarda relación con las acciones administrativas.

No obstante, señalan que las compañías bajo investigación habrían fomentado la prestación ilegal de servicios de transporte al ejercer una influencia determinante en la organización, planificación y ejecución de dichos servicios a través de conductores y vehículos no autorizados para tal fin.

De esta manera, la entidad asegura que las plataformas no se limitarían únicamente a ejercer una función de intermediación, ya que también se ocupan de aspectos como la fijación de tarifas, el cobro, la comisión de la plataforma y la determinación de los ingresos de los conductores. Estos hechos indicarían la influencia fundamental de las plataformas, que trasciende su mero papel de intermediarios.

“El incumplimiento de la regulación del sector transporte habría generado ventajas competitivas para las plataformas y los conductores que prestan el servicio a través de ellas. En particular, les habría permitido acceder a la prestación del servicio sin cumplir las condiciones para esto, definir la capacidad transportadora disponible, establecer la localización geográfica de los servicios, calcular las tarifas, y no incurrir en los costos de acceder y permanecer en el mercado”, indica el comunicado.

La respuesta de las aplicaciones de transporte a la SIC

Ante la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de formular cargos contra las plataformas de movilidad, Alianza In, un gremio dedicado a aplicaciones e innovación, hace un llamado a favor de la regulación en lugar de la persecución o la prohibición.

Es relevante recordar que la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SC-370 emitida a finales de 2023, señaló que “los administradores de justicia deben proceder con cautela al examinar si las disposiciones correspondientes abordan las nuevas problemáticas, ya que de lo contrario, simplemente se convertirían en obstáculos jurídicos e irracionales para la oferta y el disfrute de productos a través de las TIC”.

Además, la Corte reafirmó que el disfrute de los avances científicos y tecnológicos es un derecho humano. En otra parte de la sentencia, la Corte también subrayó que la tecnología en sí misma no constituye un medio de competencia desleal, esto durante una disputa legal en la que Uber ganó un caso contra una empresa de taxis en dicha instancia.

“Desde Alianza In queremos recordar también que esta investigación no se da en abstracto, sino que se está poniendo en juego la suerte de por lo menos 100.000 familias (Fedesarrollo, 2021) que obtienen su sustento a través de las apps de movilidad. La prohibición y/o persecución de estas apps atenta contra la economía popular y la lucha contra la desigualdad social y económica, pilares centrales del gobierno del presidente Petro”, señaló José Daniel López, director Ejecutivo de Alianza In.

Además de lo señalado anteriormente, pone en juego la libertad de elegir de al menos 8 millones de colombianos que se mueven a través de las apps de movilidad, habiendo 2 mujeres por cada hombre usuario.

Finalmente, Alianza In quiere advertir a la opinión pública que la mayoría de los taxistas en Colombia encuentran en las apps de movilidad un aliado para su trabajo diario, no una barrera o un adversario. En nuestras plataformas afiliadas, hemos contabilizado al menos 230.000 cuentas registradas de usuarios tipo taxi, lo que demuestra la profunda coexistencia entre tecnología y taxis.