Caso Hidroituango: EPM se pronunció sobre el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría

Después de que se conoció el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República por las obras de Hidroituango, Empresas Públicas de Medellín (EPM), que está a cargo del proyecto, se pronunció sobre la decisión de la entidad y señaló que estudiará el documento, aunque advirtió que el fallo no se encuentra en firme y ejecutoriado.

La empresa indicó que conoció a través de los medios de comunicación el fallo de segunda instancia dentro del proceso de responsabilidad fiscal por el caso del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, de modo que, con su equipo técnico, jurídico, financiero y de riesgos, estudiará el fallo, siempre bajo la premisa del respeto por las decisiones de los entes de control.

“Una vez analizado, EPM implementará las acciones necesarias para mitigar los efectos que pueda producir en relación con el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango e informará al mercado sobre las implicaciones que la mencionada situación pueda causar en el desarrollo de éste y el proceso de ajuste del siniestro”, indicó la compañía.

Como se mencionó, debido a que el fallo no se encuentra en firme y ejecutoriado, los contratistas deben cumplir con las obligaciones contractuales que se encuentran vigentes en los diferentes contratos.

Fallo de la Contraloría

Muchas cosas podrían cambiar ahora con el proyecto de la hidroeléctrica de Ituango, luego de que la Contraloría confirmara el fallo con responsabilidad fiscal por $ 4,3 billones.

Se trata de un fallo de segunda instancia que ratifica la responsabilidad de 26 personas, entre naturales y jurídicas, incluidas las empresas que hacen parte del consorcio que construye actualmente la hidroeléctrica, CCC Ituango, con el cual hacía apenas unas horas se había logrado un preacuerdo para prorrogar por 8 meses más el contrato, el cual vence el 31 de diciembre de 2021.

La Contraloría General ratifica el fallo, en segunda instancia, a título de “culpa grave”. Es decir, confirma la decisión que había tomado en septiembre de este año, cuando vinculó a 26 funcionarios y contratistas.

Para el organismo de control, en los hechos ocurridos alrededor del proyecto Hidroituango hay un daño patrimonial contra el Estado, debido a los sobrecostos y la falta de generación de energía, por los tropiezos en los avances del cronograma de terminación de la hidroeléctrica, debido a la declaratoria de contingencia en 2018.

Según el auto emitido por la Contraloría General, hay una confirmación del efecto del daño causado, por lo cual, establece las cifras que tendrán que pagarse por: “destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados: $ 3,1 billones. Lucro cesante: $ 1,1 billones”. Es decir, la cifra total queda en $ 4,3 billones.

Uno de los primeros en reaccionar luego de conocerse la ratificación del fallo fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien dijo que garantizará la continuidad de la obra.

“Contraloría acaba de confirmar sanción contra contratistas de Hidroituango quienes deberán pagar $ 4,2 billones a EPM. Garantizaremos la continuidad de la obra y su entrada en operación el próximo año”, indicó el mandatario.

Los imputados

Hay que señalar que en la lista figuran políticos como Sergio Fajardo (presidenciable), Luis Alfredo Ramos (el fallo ratifica que su vinculación se trata de grado de consulta sin responsabilidad fiscal), y Aníbal Gaviria.

También están los nombres de las empresas Coninsa Ramón H. S. A.; Constructora Camargo Correa y Conconcreto, las empresas integrantes del consorcio constructor, que tendrían una prórroga del contrato, por 8 meses más, a partir del 1 de enero. En tal caso, se abre el interrogante de qué pasará ahora.

También hay que recordar que, en días pasados, Sergio Fajardo había presentado una recusación contra el contralor Felipe Córdoba, en el curso de la investigación que contra él adelantaba la Contraloría General por las irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica. La recusación fue negada, lo que al parecer, abrió el camino para que la Contraloría siguiera el camino y emitiera el fallo de segunda instancia que se conoce hoy.