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Conconcreto y Coninsa, a cargo de Hidroituango, salen de proceso de reorganización
Las compañías iniciaron este proceso a raíz del fallo de responsabilidad fiscal que emitió en 2021 la Contraloría por 4,3 billones de pesos.
Después de siete meses, la constructora Conconcreto y Coninsa Ramón H., que junto a Camargo Correa son parte del Consorcio CCC Ituango que está a cargo de las obras de Hidroituango, salieron del proceso de reorganización al que fueron admitidas en octubre de 2021 de parte de la Superintendencia de Sociedades.
Las compañías iniciaron este proceso de reorganización a raíz del fallo de responsabilidad fiscal que emitió la Contraloría General de la República por 4,3 billones de pesos contra 26 personas jurídicas y naturales vinculadas con las obras de la central hidroeléctrica.
En ese momento, Conconcreto aseguró que el fallo tenía “un innegable impacto patrimonial y operativo”. Sin embargo, esta situación ya se superó por lo que la Superintendencia de Sociedades declaró la terminación del Trámite de Negociación de Emergencia de Acuerdo de Reorganización de la sociedad.
“Ya se encuentra superada la situación que dio origen al supuesto de incapacidad de pago inminente invocado como supuesto de admisibilidad para dar inicio al trámite recuperatorio, y que se lograron acuerdos con los acreedores al margen del trámite concursal”, aseguró Conconcreto.
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La salida del proceso de reorganización de Conconcreto y Coninsa Ramón H. se da luego de que en enero de 2022 la Contraloría declarara resarcido integralmente el daño patrimonial de 4,3 billones de pesos, ya que las aseguradoras de Hidroituango decidieron pagar este monto de dinero.
El 10 de diciembre de 2021, la aseguradora Mapfre, en virtud de la póliza todo riesgo que aseguraba el proyecto Hidroituango, llegó a un acuerdo de transacción con EPM en el cual se incluyó el monto determinado en el proceso de responsabilidad fiscal como daño.
En virtud de esta transacción se logró el resarcimiento total del daño, convirtiéndose en la mayor recuperación de dineros públicos declarados como daño patrimonial que ha logrado la Contraloría en toda su historia.
Mapfre realizó el último pago el 25 de enero de 2022 por 633,8 millones de dólares, pero ya había dado otros 350 millones de dólares a EPM con ocasión de los pagos hechos a partir de la contingencia de septiembre de 2018, con el cual completó 983 millones de dólares de la indemnización bajo la Póliza Todo Riesgo Construcción.
Además, entre marzo de 2020 y mayo de 2021 EPM recibió ingresos por 7.229 millones de pesos producto de la venta de salvamentos de Hidroituango, mientras que las aseguradoras Axa Colpatria, Suramerciana y SBS también hicieron pagos por 21.500 millones de pesos, 402.454 millones de pesos y 2.000 millones de pesos, respectivamente.
Multa de 5.133 millones de pesos a Hidroituango por irregularidades en obras del proyecto
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) declaró a la Sociedad Hidroituango responsable ambiental de los cargos formulados el ocho de mayo de 2018 por irregularidades presentadas en el marco de la construcción del proyecto hidroeléctrico y, por lo tanto, se le impuso una multa que supera los 5.133 millones de pesos.
Las irregularidades que encontró la Anla tras su investigación consisten en que la Sociedad Hidroituango no implementó las medidas de manejo ambiental establecidas en la licencia otorgada para el desarrollo de la central hidroeléctrica. Pero EPM aseguró que estos hechos son, a su juicio, responsabilidad de un contratista de obra del proyecto hidroeléctrico.
Estas medidas están relacionadas con el manejo y la debida disposición del material sobrante de excavación procedente de la construcción de la vía Puerto Valdivia-Presa, además de haber conformado los depósitos de La Planta y Cachirimé a menos de treinta metros de la margen izquierda del río Cauca.
Hidroituango tendrá una capacidad total de 2.400 megavatios y atenderá el 17 % de la demanda de energía en Colombia. Tras cuatro años de la emergencia que presentó el proyecto, se espera que las dos primeras unidades de generación, cada una de 600 megavatios, entren en operación antes del 30 de noviembre de 2022.
Aunque el pasado dos de febrero EPM aseguró que la primera unidad comenzaría a generar energía el 26 de julio, es probable que esto no se cumpla. Lo que sí se podría llevar a cabo ese día es un “arranque en seco”, lo cual significa que la unidad entraría solamente a un período de pruebas para confirmar que funcione correctamente.
