Consulta previa: un derecho fundamental para conocer medidas legislativas, ¿cómo funciona?

Los nuevos proyectos, tanto de Gobierno como empresariales en materia minero-energética o de infraestructura, por citar algunos, tan necesarios para el crecimiento del país, reviven un debate que desde hace años se viene llevando a cabo: la importancia que tiene la Consulta Previa para los mismos.

Este mecanismo es un derecho fundamental que le permite a las comunidades étnicas conocer sobre medidas legislativas y administrativas o proyectos, obras o actividades que se vayan a realizar dentro de sus territorios y que puedan impactar en sus usos y/o tradiciones culturales.

De acuerdo con la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), el año pasado, con corte a 31 de diciembre de 2022, se emitieron 1.867 actos administrativos de determinación de procedencia, de los cuales, 373 dieron inició a la consulta previa y 29 fueron objeto de visitas de verificación en territorio con el objetivo de recopilar información que permitiera determinar la procedencia o no de dicha herramienta.

Sin embargo, Guillermo Pattigno, gerente general de ACDesarrollo, una de las firmas en el asesoramiento de procesos de consulta previa con diferentes compañías privadas, señala que aún hay muchos desafíos en la materia, si bien hay una gran jurisprudencia que regula este mecanismo, aún no hay reglas claras de cómo llevarlo adelante en cada uno de los territorios y esto incide a que haya dificultades de relacionamiento genuino e incluso procesos que pueden llegar a tardar más de dos años sin que se haya iniciado el proyecto debido a la consulta previa, lo que termina, afectando tanto a las comunidades como a las compañías.

Es importante recordar, que este mecanismo ofrece una oportunidad para ambas partes, puesto que, por un lado, le permite a la comunidad comprender los alcances del proyecto, identificar los impactos hacia ella y llegar a unos acuerdos con la empresa que debe proponer una inversión por compensación que permita mejorar la calidad de vida de las personas de ese territorio, y preservar sus usos y tradiciones de los efectos que podría generar el proyecto.

Por parte de la empresa le brinda la oportunidad de comprender quiénes son los actores que están presentes en el territorio y al ser la consulta previa en muchos casos, el primer hito de relacionamiento intercultural a largo plazo; comprender las mejores opciones de inversión social estratégica que prevengan y mitiguen impactos que puedan afectar la continuidad de las operaciones y facilite la construcción de territorios prósperos y sostenibles.

El directivo de esta organización está convencido de que la consulta previa es una herramienta con la que Colombia puede apostarle al desarrollo sostenible gracias a la construcción de confianza entre las comunidades étnicas y el talante participativo y de cocreación de cada inversión por compensación, en sintonía con la identidad territorial y se mantenga la Colombia pluriétnica y multicultural que nos representa.

“Lo cierto, es que hay empresas que ven a la consulta previa un proceso que va a encarecer los proyectos y ralentizar las operaciones y también comunidades que lo evidencian como la oportunidad de obtener recursos de inversión que históricamente les han sido esquivos desde el nivel territorial”.

En efecto, a mediados de marzo de este año se llevó a cabo un foro en la ciudad de Cartagena de Indias en el marco de la estrategia antes mencionada, que reunió al sector privado y público (DANCP) con gremios y organizaciones de la sociedad civil, con el fin, de “reconceptualizar” el alcance del derecho a la consulta previa y fortalecer su enfoque y la perspectiva desde donde miran ese proceso trayendo consigo importantes conclusiones que permiten desarrollar desde una óptica gana-gana esta actividad esencial para la implementación de los proyectos de inversión y para la pervivencia de las comunidades étnicas Colombianas en un escenario de Potencia Mundial para la vida.