Denuncian que las EPS siguen reteniendo millonarios recursos del sistema de salud

El más reciente informe de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), asimilado al gran banco de la salud en Colombia, reporta que el giro directo, autorizado por las EPS viene disminuyendo estrepitosamente desde el 2019.

Según el informe, después de ese año los desembolsos directos de ambos regímenes (subsidiado y contributivo) descendieron. En el caso del subsidiado bajaron de 1.72 billones de pesos en 2020 a 1.32 billones de pesos en 2022. En el contributivo, la caída fue mucho más grande: de un pico de 646 mil millones girados en 2018, llegó a 32.500 millones de pesos a 2022.

La directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, aclaró que el giro directo es una medida que, si bien inyecta liquidez a los prestadores, por tanto, es fundamental que este sea universal y que cobije al régimen contributivo y no solo a entidades que tienen vigilancia especial.

El informe del Adres indica que no es que las deudas con los prestadores y proveedores haya disminuido, sino que, a partir del 2020, la autorización de giro, está en manos de EPS que no están bajo la lupa de la Superintendencia Nacional de Salud, en otras palabras, el descenso de los giros directos es el resultado, entre otras razones, del traslado de afiliados a EPS que no tienen activas medidas cautelares o que no contrataron con los hospitales públicos.

“Como quien dice, salen del microscopio del organismo de control y entran al mismo estado de confort y de manejo autónomo de los dineros, generando un incremento de cartera y una desfinanciación de la operación de los prestadores.”, advirtió la Directora Ejecutiva de ACESI.

La vocera sostuvo que, en el caso de la Nueva EPS, a pesar de que maneja régimen subsidiado, esta empresa viene haciendo desembolsos irregulares, quedándose con giros de capitación para los prestadores y girando por tesorería, en el mejor de los casos, 8 o 15 días después. Casos evidentes en 15 hospitales públicos, ubicados en varias zonas del país, dan cuenta de este manejo irregular en enero y febrero pasado.

“En consecuencia, se propuso que en el Plan Nacional de Desarrollo que se discute en el Congreso de la República, el giro directo sea universal, en ambos regímenes”, puntualizó.

Una dura advertencia desde el Ministerio de Salud

Durante una visita que le hizo a la ciudad de Palmira, Valle del Cauca (a comienzos de esta semana), la ministra de Salud, Carolina Corcho, arremetió contra las EPS y señaló que están alistando una medida para hacer que cumplan con obligaciones.

La alta funcionaria indicó que durante el año pasado se les hizo una asignación presupuestal robusta a las EPS por cuenta de la unidad de pago por capitación (UPC), el dinero que les gira el Estado anualmente a esas entidades por cada uno de los pacientes que tienen afiliados.

Según la ministra Corcho, a finales del año pasado accedieron a las peticiones de esas compañías, que pedían un aumento adecuado para garantizar su gestión dentro del sistema de salud. No obstante, para la ministra eso no se ha visto reflejado en el manejo financiero que han tenido las EPS en 2023.

“Frente al tema de los recursos se ha solicitado un aumento de la UPC, como pedían las EPS, pero hasta la fecha las EPS no han aumentado esa transferencia a las clínicas y hospitales”, indicó la jefa de la cartera ministerial de salud.

En ese sentido, anunció que están alistando medidas junto al superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán. “La Superintendencia (de Salud) emitirá una circular que obligue a que ese aumento que hizo el gobierno se traduzca en el pago a laboratorios, clínicas y hospitales para que puedan atender a los pacientes”, aseguró la ministra Corcho.

El gremio de las EPS había manifestado una fuerte preocupación debido a que en un borrador de decreto, el Ministerio de Salud mostraba que su intención era que el incremento de la UPC fuera del 16,23 % para las EPS del régimen contributivo y del 12,22 % para el subsidiado. Pero las EPS consideraban que el aumento debía fijarse en el 18 %, teniendo en cuenta factores como la devaluación del peso colombiano, la inflación y el incremento en el salario mínimo.

La ministra Corcho argumentaba que no se podía confiar del todo en los cálculos que había hecho el gobierno anterior en lo que respecta al presupuesto destinado a la UPC, porque ese monto era calculado con base en los análisis que hacían las propias EPS.