El fenómeno 5G: estos son los enigmas de la subasta

Las compañías de telecomunicaciones han dado su aval para adquirir espectro radioeléctrico en la subasta que el Estado colombiano lanzará en diciembre de 2023.

Empresas como Global Play, EGC Colombia, Tigo, Claro, Movistar, ETB y Wom, por mencionar algunas, dan un paso adelante en la consecución de esta tecnología, lo que les permite el despliegue de nuevas infraestructuras, el aumento de la capacidad existente, la mejora de la velocidad de conexión y en la calidad del servicio.

Según Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, “el espectro radioeléctrico es el elemento fundamental de las radiocomunicaciones y es el insumo indispensable para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones móviles. A mayor entrega de espectro, mayor cobertura y calidad pueden ofrecer las redes de telecomunicaciones móviles en el país. Por tanto, su asignación a la industria se convierte en el real detonante de la masificación del Internet a toda la población, y en toda la geografía nacional”.

Con esta subasta, dijo el ministro de las TIC, se busca dar continuidad al Plan de Conectividad del actual Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Carambola a la subasta

Para Jorge de los Ríos, socio del equipo de Competencia, Protección al Consumidor y Protección de Datos de Posse Herrera Ruiz, las implicaciones legales de regulación y licencias que tiene la implementación de la 5G en Colombia tiene dos aristas. “Por un lado, la estructuración de la subasta es fundamental y para ello es clave que el MinTIC establezca requisitos de participación que permitan garantizar la idoneidad técnica de los participantes en la subasta. Y por otro, no puede pasarse por alto que la implementación de la tecnología 5G no requiere únicamente de la subasta y la asignación del espectro, sino también de inversiones en infraestructura, por ejemplo, antenas y redes de fibra óptica”.

De los Ríos asegura que “la reglamentación en materia de usos del suelo seguramente tendrá consideraciones muy similares a las existentes para las tecnologías anteriores y, en materia ambiental, el despliegue de esta tecnología deberá considerar, en todo caso, los determinantes ambientales que existen en el territorio y potenciales nuevas regulaciones que sean expedidas al respecto”.

¿Qué retos y desafíos jurídicos trae la subasta de espectro para el desarrollo de esta tecnología? Según Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos de Telefónica Movistar Colombia, el principal reto es que la asignación del espectro atienda el mandato legal de maximización del bienestar social, para que toda la población acceda a los beneficios de esta tecnología. “El precio que se revele, dice Guerra, debe atender los referentes internacionales, reconocer la concentración del mercado de los servicios móviles y promover la inversión y el despliegue de infraestructura en beneficio de los usuarios, en lugar de tener fines recaudatorios. Además, deben considerar todas las obligaciones asociadas a los permisos de uso de espectro”.

“Es importante advertir que la competencia es supremamente importante en el mercado de servicios móviles y que, en el caso de la tecnología 5G, la promoción de la competencia inicia desde el momento en que se realiza la asignación del espectro a través de la subasta llevada a cabo por el MinTIC”, comenta Jorge de los Ríos.

Por su parte, Diego Cardona, socio del área de Competencia de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), cree que la subasta de la tecnología 5G va a presentar discusiones desde la perspectiva de competencia, cuyo trasfondo se enmarca en las dinámicas asociadas a la asignación de un recurso limitado, esencial para el cumplimiento de las políticas del Estado en cuanto a la reducción de la brecha digital. “En este contexto entran a jugar diferentes aspectos que tienen un impacto relevante desde la óptica de competencia, y que el Gobierno debe balancear en el proceso de la subasta para hacer una asignación eficiente del espectro”, comenta Cardona.

Aquí, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desempeñará un papel fundamental, pues el ministerio del ramo deberá someter a su consideración la versión final de la resolución por la cual se declarará abierta la subasta y deberá, idealmente, acoger las recomendaciones que realice la SIC para ajustar la estructuración de la subasta, de manera que se garantice la libre competencia en el proceso.

En el fondo, el desafío más importante que trae consigo la subasta 5G es lograr una adecuada articulación institucional que se traduzca en mayor y mejor competencia, y, por lo tanto, en mayor bienestar para los consumidores finales.

Competencia: ¿y el operador dominante?

Con respecto al tema de operador dominante, las condiciones están dadas. Según De los Ríos, desde una perspectiva de competencia es fundamental, por un lado, asegurar un proceso de asignación transparente y competitivo, que además tenga en cuenta que se debe evitar la concentración de espectro disponible en un solo operador, especialmente si se trata del dominante; y, por el otro, que una vez sea asignado el espectro, se vigile su uso eficiente por parte de los operadores. “No se puede pasar por alto que el espectro no solo es un recurso público, sino que también es un recurso escaso”, dice.

Al respecto, Guerra, de Telefónica Movistar Colombia, fue más allá al mencionar a su directo competidor, la empresa Claro. Según ella, “desde 2021, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) constató que el operador Claro cuenta con posición de dominio en el mercado de servicios móviles. Esta constatación habilitaba a la CRC para imponer medidas regulatorias asimétricas que, en esencia, y de manera muy sencilla, son obligaciones en cabeza de Claro que buscan reducir la asimetría entre el operador dominante y los demás agentes de mercado. Ahora, en 2021, la CRC decidió no imponer ninguna medida regulatoria asimétrica. Sin embargo, sería positivo que esta decisión se revisara”.

Para Cardona, de PPU, hay que poner el ojo en la reserva de las bandas para ciertos agentes del mercado. “Una de las iniciativas que se llevará a cabo es la subasta regional del próximo año para que los pequeños y medianos Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST), que no cuentan con la capacidad para una cobertura nacional, puedan igual participar en la puja por la asignación del espectro”. Sería igual de importante, dice Cardona, considerar si esto será suficiente para incentivar la entrada de nuevos participantes al mercado, o si valiese la pena incluso reservar alguna banda en la subasta de diciembre.

La SIC da el aval

Finalmente, es clave que la versión definitiva de la resolución por la cual se declara abierta la subasta cuente con el concepto de abogacía de la competencia de la SIC y que sus recomendaciones sean incorporadas a la resolución que el Gobierno expida.

“La asignación de estos permisos para el uso del espectro fortalecerá la industria de las telecomunicaciones y tendrá un impacto en la economía nacional, ya que mejorará la productividad, gracias a la optimización de procesos en el interior de las empresas”, puntualiza el ministro Mauricio Lizcano.