¿Por qué el Estado podría terminar pagándole una millonada a Cemex? Esta es la historia del pleito

Más de diez años han pasado desde que comenzó el juicio contra una de las multinacionales más grandes que operan en Colombia, Cemex. El pleito, que inició con un proceso de extinción de dominio por la mina Monterrey, en Maceo, Antioquia, y otros activos de la sociedad Calizas y Minerales, sigue avanzando en los estrados judiciales, sin que hasta ahora se haya podido resolver.

El proceso comenzó en el momento en que las autoridades intervinieron la mina Monterrey, afectada dentro de un proceso de extinción de dominio contra José Aldemar Moncada, alias El Chatarrero, quien fuera uno de los cerebros del desfalco a la Dian por recobros por exportaciones falsas de chatarra, condenado por lavado de activos. Antes de que pudiera dar su versión, Moncada fue asesinado en 2016, con lo que dejó un importante vacío para la investigación.

Lo que tratan de probar las autoridades es si habría adelantado la negociación con el pago de por lo menos 40.000 millones de pesos, conociendo que sobre la mina recaía una afectación de extinción de dominio. El objetivo de las autoridades es investigar si Cemex, que alega su buena fe en la transacción, continuó con el negocio con el objetivo de obtener los beneficios económicos de la que sería la planta de cemento más grande de Latinoamérica.

La última novedad en el proceso penal es que la Procuraduría General de la Nación solicitó la absolución del intermediario de la negociación, Eugenio Correa Díaz y de Édgar Ramírez, quien fuera el vicepresidente de Planeación de Cemex Colombia, frente a los delitos de Administración desleal y falsedad.

Sin embargo, durante el juicio, el representante del Ministerio Público también advirtió que se vislumbra un pleito millonario para el Estado, que le podría costar a Colombia cerca de 350 millones de dólares y que es muy difícil evadir.

“Si perdemos demandamos al Estado, si llega a prosperar la extinción de dominio, el Gobierno tendría que pagarle a Cemex lo que ha invertido. Si la reforma tributaria es de 20 billones, ¿de dónde va a sacar el estado para pagar eso? Si de todas maneras Cemex tiene ya la posesión y administración de esa mina”, dijo el procurador Hernando Remolina Acevedo durante la audiencia.

Sin embargo, esto parece que ya lo conocía la empresa. En un documento en manos de SEMANA, titulado ‘Estados financieros de Cemex del 31 de diciembre de 2014-2015′, la empresa le da a conocer a sus accionistas el estado de sus inversiones en América Latina. En él advierte que en caso de que el predio deje de estar en manos de Cemex por el proceso de extinción, el Estado Colombiano tendrá que pagar una indemnización.

“La ley colombiana establece que, si una persona construye en propiedad de un tercero y con el conocimiento de este último, la persona que construyó deberá recibir una indemnización por el valor de las mejoras construidas, o bien, tendrá el derecho a que le sea transferida la titularidad de la propiedad en caso de que el dueño de la misma decida recuperar la posesión de la propiedad”, indica el archivo.

En el documento en poder de SEMANA, la empresa cementera asegura que firmó un contrato de arrendamiento con la hoy extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, y con el apoyo del Gobierno. Esta información se replica en el documento que publica la empresa para la emisión de títulos negociables en las bolsas europeas.

“Consideramos también que, durante el plazo del Contrato de Arrendamiento y el mandato adjunto al mismo, CEMEX Colombia tenía derecho de utilizar los Activos Afectados con el propósito de operar el Proyecto Maceo. Para el caso de que los derechos de propiedad de CEMEX Colombia sobre los Activos Afectados sean extinguidos en favor del gobierno de Colombia como resultado del proceso de extinción de dominio, lo cual consideramos remoto, la SAE puede decidir no vender los Activos Afectados a CEMEX Colombia. En ambos casos, bajo ley colombiana, CEMEX Colombia tendría derecho a una indemnización por el valor de las inversiones efectuadas en el Proyecto Maceo”.

Es decir, que en caso de que el Estado aplique la extinción de dominio sobre el predio, este tendría que asumir las mejoras que están avaluadas en cerca de 350 millones de dólares, las cuales tendrían que pagar los contribuyentes; en caso de que no la aplique, tendría que darle el derecho de propiedad de la mina.

El contrato en poder de SEMANA indica que “las partes entienden que la renuncia tampoco se extiende a sus respectivos derechos con ocasión de su intervención en actuaciones judiciales o administrativas relativas a reclamaciones por posibles incumplimientos de las leyes anticorrupción”. Es decir que, pese a haber firmado un compromiso, Cemex pude demandar al Estado para cobrar lo que a su juicio sería suyo, es decir, la planta.

Ante este panorama, SEMANA se comunicó con Cemex Colombia. La cementera aseguró que “no hay un documento firmado entre CEMEX y el Estado colombiano que establezca pagos que deba hacer la SAE ni las sociedades que esta administra”, pues a juicio de la empresa, el contrato se firmó entre el depositario provisional de la sociedad y el Estado.

“No había ningún contrato directamente suscrito con la SAE en 2014, ni 2015. En 2014 se suscribió un contrato de mandato firmado con el depositario a nombre de CI CALIZAS y ZOMAM, sociedades administradas por la SAE, y no tiene relación alguna con los bonos”, dijo la empresa.

De hecho, frente al escándalo, asegura que “una vez tuvo conocimiento del actuar de los exejecutivos, la empresa fue quien denunció los hechos ante las autoridades y, desde ese entonces, ha colaborado activamente con la justicia, habiendo sido declarada como víctima de los mismos”.

En ese sentido, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), antigua DNE, indicó que “el caso Cemex lo tenemos en el radar desde nuestra llegada a la SAE. Sabemos que hay unos fallos judiciales pendientes al respecto, que esperamos sean favorables al Estado colombiano y los cuales respetaremos”.

Y agregan que “si hubo o no irregularidades en el proceso de negociación entre la SAE y Cemex le corresponderá a la justicia y a los entes de control determinarlo, mientras a nosotros nos corresponde esperar estos fallos, negociar bajo las condiciones actuales de los acuerdos con Cemex lo mejores beneficios para el Estado Colombiano y para los pobladores de Maceo, Antioquía donde queda ubicada la mina”.

Con todo esto, lo que queda claro es que, en caso de que el Estado colombiano tome posesión de la mina de Maceo, tendrá que pagarle a la empresa una millonaria indemnización; en caso de que no lo haga, la empresa mantendrá en su poder un activo valioso que, según estudios, es la mina de caliza más importante de Latinoamérica.