Embargo de cuentas de Justo & Bueno está afectando pago de salarios y arriendos

Justo & Bueno, la cadena de tiendas que distribuye productos a bajo costo, aseguró que su proceso de reactivación continúa adelante, aunque explicó que los esfuerzos que está haciendo la compañía para la normalización de todas sus actividades están siendo entorpecidos.

Las cuentas bancarias de Justo & Bueno han sido objeto de embargos, los cuales, según la compañía, son “improcedentes” y contrarios a la Ley 1116 para la reorganización empresarial, que obstaculizan su operación y afectan la nacionalización de recursos de los inversionistas.

“Una de las mayores dificultades es la retención de los recursos de la empresa debido a los embargos por parte de los juzgados, situación que impacta la liquidez y tiene repercusiones en el pago del salario de los empleados y del arriendo de locales”, aseguró la compañía.

Además, afirmó que estos recursos son inembargables, “pero actuaciones y demoras inadmisibles en el proceso de devolución han generado atrasos que no debieron ocurrir por la retención improcedente de dinero que debe ser destinado cuanto antes al pago de nómina y de los gastos de administración”.

Adicionalmente, la compañía reportó que en algunas tiendas a nivel nacional se han registrado cortes de luz y agua por razón de deudas anteriores al inicio del proceso, lo que es contrario a las reglas del proceso de reorganización.

Justo & Bueno hizo un llamado a las autoridades competentes sobre las implicaciones que están generando estos hechos y solicitó la solidaridad y apoyo necesarios en este momento en el que se requiere toda la colaboración para continuar con el salvamento de la compañía que tiene más de 1.000 tiendas en Colombia, un portafolio de más de 600 productos y cerca de 16.000 colaboradores.

A pesar de estos inconvenientes, Justo & Bueno aseguró que registra el reabastecimiento de las tiendas, regreso de los clientes y aumento en las ventas. Del mismo modo, viene realizando reuniones con diferentes acreedores con el fin de informar el estado de la recuperación operacional en el marco del proceso de reorganización empresarial.

Proceso de reorganización de Justo & Bueno

El pasado 18 de enero de 2022 Justo & Bueno fue admitida por la Superintendencia de Sociedades al proceso de reorganización, pero ahora de una manera más amplia, pues entrará en dicho proceso bajo la Ley 1116 o Ley de Insolvencia, y no de manera transitoria, como estaba hasta ahora a través del decreto que había emitido el Gobierno nacional durante la emergencia por pandemia.

Según la SuperSociedades, el objetivo del proceso de reorganización es preservar empresas viables, normalizar sus relaciones comerciales crediticias y llevar a cabo la reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos. En el fondo, son los mismos fines que perseguía el decreto, solo que en aquella oportunidad se trataba de un proceso de reorganización exprés para las compañías golpeadas por los efectos de la crisis sanitaria.

Para llevar a cabo el proceso de reorganización de Justo & Bueno, fue escogido como promotor el ingeniero industrial William Parra, quien participará en la negociación, análisis, diagnóstico y elaboración del acuerdo de reorganización y velará para que las negociaciones se adelanten de buena fe.

En la negociación inicial que adelantaba Justo & Bueno no hubo lugar a un acuerdo con los acreedores, pues las partes no pudieron llegar a un punto de equilibrio. En particular, la Superintendencia resalta “la importancia de que la sociedad cumpla con los gastos de administración, con el fin de evitar su liquidación”.

Como parte del proceso, la compañía debió entregar la actualización del inventario de activos y pasivos, incluyendo las acreencias causadas entre la fecha de corte de la solicitud y la fecha del día anterior del auto emitido. Cada documento tendrá que estar soportado en un estado de situación financiera y un estado de resultado integral.

La sociedad admitida en reorganización también debió adjuntar notas de los estados financieros, cada uno con la respectiva firma del representante legal, contador y revisor fiscal, según lo ordena la ley.