¿Empresa en crisis financiera? Aquí las soluciones que se plantean desde el Gobierno

La mayor recesión económica en los últimos ochenta años, como califica el Banco Mundial la contracción de 4,3 por ciento en el PIB global generada por la crisis del Coronavirus, traerá consecuencias en el parque empresarial en los cinco continentes.

De acuerdo con Allianz Research y Euler Hermes, en el presente año el índice Global de Insolvencia Empresarial alcanzará 35 por ciento, una cifra que representará un récord desde lo visto en la Gran Recesión de 2009.

El informe plantea que, incluso, habrá países que superarán dicho porcentaje: Estados Unidos (57 por ciento), Brasil (45 por ciento), Reino Unido (43 por ciento), España (41 por ciento) y China (40 por ciento).

Para el caso de Colombia, la previsión del índice es de 26 por ciento, es decir, nueve puntos porcentuales por debajo de la media mundial.

En medio de ese panorama, los sectores gremiales del país destacan el beneficio de los instrumentos jurídicos existentes para que las empresas salgan de la incertidumbre financiera, puedan cumplir con sus obligaciones y continuar su operación.

“El régimen de insolvencia empresarial cumple un papel preponderante en regularizar las relaciones crediticias y en la conservación de las empresas, que son base fundamental en la generación de empleo y en el desarrollo productivo del país”, asegura Julián Domínguez, presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras).

Según él, en un escenario en el que el cierre de una unidad productiva “representa un enorme costo social y económico para el país”, dicho instrumento busca la viabilidad de las empresas, de tal forma que su participación e impacto en la economía se proteja “a través de conjurar situaciones de crisis”.

En la pandemia, destacó el dirigente gremial, los empresarios colombianos demostraron “resiliencia, capacidad de adaptación y compromiso con la reactivación económica segura y responsable”.

De hecho, una encuesta que Confecámaras realizó en febrero a más 8.200 compañías mostró que 63,2 por ciento mantuvo su planta de personal y 3,8 por ciento la aumentó.

La visión de las Mipymes

Las micro, pequeñas y medianas empresas han sido el segmento del parque productivo nacional que ha sufrido mayores efectos adversos durante la crisis sanitaria.

Según Rosmery Quintero, presidenta nacional de Acopi, uno de los principales golpes es el de los pasivos acumulados, que se profundizaron con la caída de indicadores como el ingreso, la producción y las ventas. En enero, una encuesta reveló que 45 por ciento de las Pymes asignó más de 50 por ciento de sus recursos al pago de deudas.

Bajo estas circunstancias, según plantea, tener la posibilidad de acogerse a esta ley es relevante. “La Ley de Insolvencia es importante para las Mipymes, principalmente, para aquellas que atraviesan dificultades económicas, puesto que permite ejecutar una reorganización a nivel financiero, organizacional y operacional para poder solventar los pasivos y continuar con el funcionamiento de su actividad productiva”, explica.

Considera que no solo se protege a las empresas que se acogen al régimen sino a los acreedores y trabajadores, que podrían verse perjudicados por el cierre total de la operación de una compañía.

Con base en cifras de la Superintendencia de Sociedades, Quintero explicó que 841 Mipymes se acogieron en 2020 a la Ley de Insolvencia. De este total, 47,9 por ciento correspondió a microempresas, 34,1 por ciento a pequeñas y 17,9 por ciento a medianas.

Por distribución geográfica, el mayor número de empresas se ubicó en Cundinamarca, con 36 por ciento, presentando una fuerte influencia de Bogotá, con 270 Mipymes; luego Antioquia, 17 por ciento; Valle del Cauca, 11 por ciento; Santander, 9 por ciento, y Atlántico, 8 por ciento.

En contraste, los departamentos con menor uso de esta Ley fueron principalmente de la región Caribe: Bolívar, 2,5 por ciento; Magdalena, 0,9 por ciento; Córdoba, 0,7 por ciento, y Sucre y La Guajira, con 0,1 por ciento, respectivamente.

Con la Ley de Insolvencia, las empresas del país encuentran un mecanismo que les permite cumplirles a sus acreedores, reorganizarse y continuar su actividad productiva.

Los desafíos

Para el segundo año de la pandemia, el principal desafío del régimen de insolvencia, en palabras de Julián Domínguez, de Confecámaras, “es que las empresas que se acojan a los procesos de normalización de sus relaciones crediticias puedan efectivamente seguir adelante”.

Esto traería beneficios como la protección de los trabajadores y sus familias, el estímulo de la economía interna y del empleo, al tiempo que contribuiría a la reactivación social del país.

“Destaco medidas como la creación de procesos extrajudiciales, acceso expedito a los mecanismos de reorganización, flexibilización en el pago de pequeños acreedores, estímulos a la financiación del deudor durante la negociación de un acuerdo de reorganización y salvamento de empresas en estado de liquidación inminente, entre otros”, destaca Domínguez.

El mayor reto para el régimen en 2021, señala Rosmery Quintero, de Acopi, es continuar con el apoyo en los procesos de reorganización de las Mipymes frente a un nuevo pico de contagio de COVID-19 en las principales ciudades del país, un factor que, recalca, puede afectar las expectativas de los empresarios.

“La Ley de Insolvencia será de suma importancia para sostener los empleos formales en aquellas organizaciones cuya situación financiera no es favorable y, de esta manera, evitar un panorama mucho más crítico al vivido a lo largo de 2020”, afirma.