Empresas de transporte, a investigación de Superintendencia por pagar menos a transportadores de carga

Al que trabaja hay que pagarle y si la labor se le extendió más de lo previsto, por asuntos ajenos a la productividad del que pone la mano de obra, también hay que reconocerle. Ese es el principio de justicia y equidad que llevó a la Superintendencia de Transporte a abrir investigaciones, mediante la formulación de cargos, a dos empresas transportadoras de carga que, presuntamente, estarían desconociendo los pagos del tiempo adicional que realizaron los camiones de transporte de mercancías, en el cargue y descargue en algunas operaciones.

Se trata de Coltanques S.A.S. y Tractocar, empresas que, según la SuperTransporte, estarían realizando descuentos en los pagos, sin las autorizaciones correspondientes.

Wilmer Arley Salazar Arias, superintendente en estos temas, señaló que “la base de una cadena logística legal y eficiente, entre otras cosas, está dada por el permanente reconocimiento de aquellos derechos derivados de las relaciones económicas”.

En ese contexto, el cumplimiento de la normatividad que regula las negociaciones se constituye como principio básico en el transporte de carga para lograr un sector equilibrado, equitativo, eficiente y con oportunidades de bienestar para todos, incluyendo generadores de carga, empresarios del transporte, propietarios, conductores y operadores, entre otros, quienes logran su sustento y el de sus familias dentro de este modelo económico que conecta al país.

A las empresas mencionadas les imputarán cargos por infracciones al transporte, las cuales se basan en los Informes Únicos de Infracciones al Transporte (Iuit). Por lo tanto, en vista de que la Superintendencia de Transporte halló méritos para formular algunos, procederá a hacerlo en el caso de Coltanques y Tractocar, por lo siguiente:

1. Presunto incumplimiento de la obligación de cancelar de manera oportuna el valor a pagar, junto con el monto generado por aquellas horas de espera adicionales, a los propietarios, poseedores o tenedores de los vehículos.
2. Presunta aplicación de descuentos no autorizados al valor a pagar pactado con los propietarios, poseedores o tenedores de los vehículos de transporte público de carga.
3. Presunta permisibilidad para que los vehículos presten el servicio público de transporte de carga excediendo los límites de peso autorizados.

A jugarle a lo legal

Con estas investigaciones, la SuperTransporte busca que el servicio de transporte público de carga se cumpla con legalidad y calidad, lo que incluye el cumplimiento de todas las obligaciones y deberes detallados en las normas del transporte tanto para las empresas de carga como para los generadores, pero, también, persigue la formalización del sector, tal y como lo dispone el gobierno de Iván Duque, por cuenta de un trabajo concebido y realizado en equipo en el que confluyen las autoridades los empresarios y los usuarios.

A lo anterior, se suma que la Entidad adelanta diez averiguaciones preliminares en contra distintas empresas de transporte de carga por presuntamente incumplir con sus obligaciones respecto del valor a pagar, ya que no se estarían reconociendo al propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de transporte público de carga, las horas de espera adicionales, lo que comúnmente se denomina stand-by.

Así mismo, se encuentran en curso 13 averiguaciones preliminares en contra de otras empresas de transporte de carga por presuntamente incumplir con sus obligaciones, respecto del valor a pagar, al realizar descuentos no autorizados. Esto con el fin de establecer posibles vulneraciones a los derechos derivados de las relaciones económicas entre los diferentes agentes que con sus actividades integran y dan dinamismo al sector transporte, lo que genera desequilibrio, ineficiencias, informalidad y detrimento en las relaciones. Posibles sanciones en caso de ser encontradas responsables las empresas investigadas en mención podrían ser multadas hasta por 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Hay que señalar que, contra la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos no procede recurso alguno. En el curso de la investigación administrativa, que se hará con estricto apego a la ley, se decidirá la responsabilidad de los investigados de acuerdo con los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa.