Entidades del sector de hidrocarburos expresan preocupación por las declaraciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

La industria de los hidrocarburos ha sido protagonista de algunos debates durante este inicio de año, tras la llegada del gobierno Petro, especialmente tras su postura de, presuntamente, no renovar los contratos de exploración de petróleo y gas.

El tema empezó a tomar mayor relevancia tras las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el Foro Económico Mundial, realizado en Davos, Suiza, a principios de año, donde se expresó de la siguiente manera: “decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo”.

Distintas coyunturas se presentaron alrededor del tema posteriormente, desde declaraciones para desmentir a la ministra, pasando por la destitución de Felipe Bayón de su puesto como presidente de Ecopetrol, empresa principal de energía de la nación, hasta el revolcón ministerial realizado por Gustavo Petro, que acabó con la destitución de diferentes componentes de su gabinete presidencial.

Sin embargo, el último suceso que reavivó esta polémica fueron las recientes declaraciones del ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, respecto al último informe de reservas presentado por la Asociación Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El informe expresa que las reservas probadas de petróleo pasaron de 2.039 millones de barriles reportados en 2021 a 2.074 millones de barriles en 2022. En consecuencia, el crecimiento fue de un poco más del 1 % y, en el caso de lo que ya está probado, solo alcanzaría para 7,5 años, noticia que sin embargo, no preocupó a Bonilla.

El ministro de Hacienda aseveró sobre el documento que actualmente no hay empresas solicitando contratos de exploración y que, además, no sabe de qué se preocupa el sector: “Hoy hay 20 millones de hectáreas entre exploración y explotación. Eso son tres veces el área agrícola del país. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde más hay que explorar? ¿En la Gran Montaña? ¿En dónde?”

Sin embargo, algunas entidades se mostraron con opiniones contrarias a las del ministro, que además fue blanco de fuertes críticas por tomarse a la ligera este tema, como las dirigidas por parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), la cual se expresó a través de un comunicado que decía lo siguiente:

“Debemos recordar que a un país que no es petrolero, pero su economía es petróleo-dependiente, sí debería preocuparle que, en un corto plazo, (probablemente menor al estimado en el informe de reservas), si no se adicionan volúmenes producibles importantes en los próximos cinco años, tenga que encontrar cómo sustituir los ingresos fiscales a la Nación provenientes de estos recursos que en el 2022 fueron de $ 18,16 billones (270 % más que el año 2021) y que representan el 1,3 % de PIB.”

A su vez, esta y más representantes de la opinión pública nacional se han mostrado en contra de la posibilidad de que el país tenga que incurrir en importar combustibles líquidos, gas y materia prima para las refinerías. Situación que ya fue ocasionada en la década de 1970, a causa de las decisiones de cerrar la actividad exploratoria por parte de los gobiernos de la época.

Ante esto, la Acipet, cerró su comunicado de manera tajante y clara con una reflexión para el gobierno nacional: “Es evidente que no se aprende de las lecciones del pasado. Debemos evitar a toda costa volver a tomar decisiones que aumenten los índices de pobreza y desigualdad en nuestro país”, aseguró la entidad.

Finalmente, seguirá en tela de juicio si el gobierno Petro plantea mantener su postura, o si acaba retractándose, como ya tuvo que hacerlo la ministra Vélez luego de sus declaraciones en Davos.