Entre 60 % y 70 % de las planillas de seguridad social de independientes son falsas o no pagan lo que deben; ¿cómo corregir este problema?

Pese a estar hoy satanizados y ‘amenazados’ por la futura reforma laboral, los contratos de prestación de servicios son contratos legales y regulados por el código sustantivo del trabajo y el código civil. Nacieron como una solución para que las empresas pudieran vincular recurso humano por temporadas o para suplirse de diversos servicios profesionales.

El problema, como en muchos otros aspectos, ha estado en el uso abusivo de esta figura, que no solo implica que los empleadores contraten personas en labores misionales por prestación de servicios, cuando claramente no debería ser así, sino también de personas independientes que falsifican las planillas de seguridad social o hacen aportes por debajo del valor real que devengan.

De hecho, se estima que entre 60 y 70 % de las planillas de seguridad social que prestan los independientes son falsas o no pagan lo que deben, lo que implica unos elevados riesgos para el sistema de salud, pensiones y riesgos profesionales, así como para los trabajadores que quedan desprotegidos y para las empresas que admiten este tipo de planillas.

Ante esta problemática, en 2017 los paisas Jorge Andrés Isaza y Juan David Barbosa crearon en Medellín Fisapay, una empresa financiera basada en tecnología, lo que se conoce como fintech, que está dedicada a automatizar el proceso de verificación de los aportes a la seguridad social de los trabajadores independientes.

De acuerdo con la ley colombiana, los trabajadores independientes están obligados a liquidar por sí mismos y pagar sus aportes a seguridad social, pero muchos lo hacen por medio de modalidades manuales que no garantizan que esta quede bien liquidada. Igualmente, la legislación les exige a las empresas que al contratar trabajadores independientes verifiquen que los aporten hayan sido liquidados de forma correcta y que la persona no quede por fuera del sistema de seguridad social. pues en caso de omisión, el contratante tendría que asumir la responsabilidad ante un eventual accidente laboral.

La idea es que, una vez se firma el contrato entre las partes, en empresas como Fisapay se encargan de todo el proceso para que el independiente pague su seguridad social y para que la empresa le pague a éste por sus servicios, de manera que todo quede en orden y se promueva la formalización.

Isaza explica que estas herramientas permiten a empresas y contratistas cumplir las normas y evitar problemas ante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) y ante la Dian, con multas o responsabilidad en accidentes y fallecimiento.

Considera que la llamada economía colaborativa o geek economy, también puede aprovechar estas herramientas para el pago de seguridad social y la formalización de empleados, sobre todo ahora cuando el Dane informó que hasta octubre pasado en el país había 22,6 millones de ocupados, de los cuales 13 millones trabajan en la informalidad.

En el tiempo que lleva en operación Fisapay ha movilizado pagos por 250.000 millones de pesos a 40.000 trabajadores independientes que fueron contratados por mil empresas. Aunque opera desde Medellín, donde cuenta con 35 empleados, tiene cobertura nacional. Su meta es llegar, en 2023, a atender a 100.000 independientes y en 2024 ofrecer sus servicios fuera de Colombia.

Es un contrato positivo

Por el carácter de su negocio, en Fisapay hacen una clara defensa de los contratos de prestación de servicios. “Es común que se crea que el prestador de servicios está desprotegido del Sistema de Seguridad Social, sin embargo, es una de las tareas de las que el gremio empresarial debe ocuparse para la formalización”, afirma Juan David Barbosa, director de Fisapay.

En consecuencia, en esta Fintech consideran que, ejecutado correctamente, el contrato de prestación de servicios es bueno para la economía, pues no nace para reemplazar la necesidad de un contrato formal, sino como un complemento o herramienta en la cual una persona dispone de flexibilidad horaria y, tiene claridad sobre el alcance de la labor que hará.

“Abolir el contrato de prestación de servicios no es una medida correcta porque limita y restringe las oportunidades de acceso al trabajo, que hoy son tan necesarias, en las economías de América Latina, para disminuir las cifras de desempleo, aumentar la formalización y las oportunidades que sirven para que la economía se fortalezca. Además, es muy importante entender las dinámicas actuales, como el pensamiento del multiempleo, que permite que los profesionales puedan prestar sus servicios a distintas empresas, lo que también resulta eficiente para las compañías tanto en costos como en diversificación de su mano de obra”, insiste Barbosa.