EMPRESAS
EPM renovó contrato con la Cruz Roja para la gestión de riesgo de Hidroituango
El acuerdo busca fortalecer los procesos de conocimiento y de reducción del riesgo de desastres asociados a la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Ituango.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó este sábado que renovó el contrato con la Cruz Roja para la gestión de riesgo del proyecto hidroeléctrico Ituango (Hidroituango).
Dentro de las actividades planteadas en el nuevo contrato, para 2021 se tiene previsto desarrollar 429 talleres y 380 simulacros en 39 municipios ubicados en el departamento de Antioquia y en los municipios de posible afectación, pertenecientes a la región de La Mojana, que incluye los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, en los que se espera que cerca de 14 mil personas asistan a estas actividades.
Además, se realizará la entrega de 52 kits básicos de emergencia a las comunidades de los municipios del área de influencia y aguas abajo del sitio de presa, y se realizará el mantenimiento, la reparación e instalación de nuevas señales de rutas de evacuación y puntos de encuentro.
“Estas actividades estarán acompañadas de estrategias comunicacionales para fortalecer los procesos de información, educación, capacitación y entrenamiento”, dijo EPM.
Es de mencionar que, desde 2014, EPM trabaja en convenio con la Cruz Roja Colombiana seccional Antioquia en la implementación del plan de contingencia de Hidroituango, que hoy forma parte del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.
“Hasta la fecha se ha fortalecido a las comunidades en reducción y manejo del riesgo y se ha apoyado a los municipios en la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y Estrategias Municipales de Respuesta de las Entidades Territoriales (EMRE)”, dijo la empresa.
Agregó que en esta labor se han instalado 95 sistemas de alerta temprana entre manuales y automáticas que comprenden: antenas repetidoras, alarmas sonoras, software y radios de enlace, conectados al Centro de Monitoreo Técnico (CMT) de EPM que opera en el Proyecto.
“Además, se han identificado y señalizado 79 puntos de encuentro y 262 rutas de evacuación en el Bajo Cauca, y se han entregado 248 kits de emergencia a las comunidades y a los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastre en Antioquia. Actividades que permiten preservar la vida, el ambiente y fortalecer la gestión del riesgo de desastres para el beneficio de las comunidades”, dijo.
Embargos por Hidroituango
Semanas atrás, y después de que la Contraloría General de la Nación embargara las cuentas del Consorcio de Hidroituango como una medida preventiva en el marco de las investigaciones por las fallas en la construcción de la hidroeléctrica, se conocieron nuevas medidas cautelares por parte del organismo.
La Contraloría ordenó el embargo de las cuentas del exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria y del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. Además, la Contraloría también embargó las cuentas de los miembros de la junta directiva del Consorcio Hidroituango, Jesús Arturo Aristizábal y Álvaro Julián Villegas Moreno.
En diciembre, la Contraloría encontró como presuntos responsables fiscales a cuatro consorcios, conformados por siete empresas en total.
El 28 de abril de 2018 se presentó un derrumbe en el túnel de desviación de la obra, por lo que el proyecto Hidroituango tuvo que entrar en contingencia por los factores de riesgos que presentaba.
La obra habría sido adelantada sin los estándares de calidad iniciales, según el documento entregado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a la Fiscalía General de la Nación en 2020.
Hasta el momento, el órgano de control ordenó el embargo de la firma Integral S. A. En el auto MC061 explica que serán embargados y retenidos “los dineros depositados o que lleguen a depositarse en las cuentas bancarias de titularidad de esta compañía” hasta por la suma de cuatro billones doscientos treinta millones pesos ($4.230.000.000.000).
La compañía Integral S. A. forma parte del Consorcio Generación Ituango, diseñador y asesor de la obra entre los años 2008 y 2015. En diciembre de 2020 la Contraloría General de la República reveló que le imputarían cargos a la compañía en mención y a Integral Ingeniería de Supervisión S. A. S. por las conductas de deficiente asesoría, precaria modificación en diseños para incorporación GAD y omisiones de las advertencias del BOARD de expertos.