HIDROITUANGO
Ese es el llamado de la Cámara de la Infraestructura a la Contraloría, por Hidroituango
El gremio de empresas de la construcción dice que autoridades deben tener en cuenta el interés general que supone esta hidroeléctrica. Un retraso en el proceso podría ser contraproducente.
El remolino alrededor de Hidroituango, considerado como el proyecto de generación de energía del cual depende la seguridad energética de Colombia, no se detiene.
Luego de que casi todos los involucrados en el fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General, acudieran al recurso de reposición, este martes, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) salió a pronunciarse.
A través de un documento emitido a la opinión pública hicieron un llamado al organismo de control, para que tenga en el visor los efectos contraproducentes que podrían tener las decisiones, las cuales analiza en profundidad.
Según la CCI, las autoridades de control no deben perder de vista que, en Hidroituango, están cifradas las expectativas de generación del 20% de la energía que requiere el país.
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En consecuencia, no se puede desconocer que es un asunto de interés general, por lo que invita a la Contraloría a evaluar las consecuencias que se pueden generar si el proyecto se paraliza o sufre retrasos.
Desde la perspectiva de la CCI, en el supuesto escenario en el que EPM se vea forzada a reabrir un proceso en busca de nuevas empresas, “se constituiría en un retroceso colosal, dado que, en un proyecto de semejante envergadura, el cambio de contratista y la incorporación plena de uno nuevo, puede tomar meses e incluso años”, advierte el gremio de la infraestructura.
La CCI, liderada por Juan Martín Caicedo, señala que hay asuntos que son inherentes a un contrato, como los plazos de ejecución de una obra y los costos, que, cuando se modifican, “no necesariamente deben calificarse como la causa de un supuesto detrimento patrimonial”.
Hay que recordar que el fallo de la Contraloría estableció, a través de una decisión en primera instancia, que nueve sociedades relacionadas con el proyecto deben desembolsar $4,3 billones, principalmente por retrasos y sobrecostos causados en la ejecución del proyecto.
En consecuencia, teniendo en cuenta el trámite jurídico que supone la interpelación de los implicados y demás elementos de un proceso como estos, la CCI, concluye: “hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de control para que revisen el alcance de sus decisiones y tengan presente el hecho de que su buen tino definirá la suerte de la seguridad energética del país, que al igual que el patrimonio público, son parte del interés general de la nación”.
