Este viernes se define el futuro del polémico contrato del MinTic; ETB se podría quedar con él

Avanzan los procesos y las audiencias para determinar el futuro del polémico contrato que el MinTic celebró con la Unión Temporal Centros Poblados y cuyo objetivo era llevar internet a 7.000 colegios ubicados en distintas zonas del país como veredas y corregimientos de 15 departamentos.

Se espera que a las 10:00 de la mañana el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones decida si se declara la caducidad del contrato.

En caso tal de que se lleve a cabo la caducidad del contrato, y de acuerdo con la normativa actual, la compañía que haya tenido el siguiente mejor puntaje dentro del proceso de licitación sería el que se quedaría con el contrato de $1,07 billones.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Unión Temporal ETB NET, conformada por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y Skynet de Colombia, sería la que se quedaría con el contrato, si decide aceptarlo.

De llevarse a cabo la caducidad del contrato, se cierra la posibilidad de que haya una cesión del mismo que era lo que pedía Centros Poblados, pues una cesión haría que no haya sanciones contra los integrantes de Unión Temporal Centros Poblados.

Es de mencionar que si el contrato queda caducado, desde el MinTIC podrían hacer efectiva una cláusula penal incluida en el pacto inicial, de tal modo que la Nación recupera unos $43.000 millones de parte del polémico contratista. Si bien no sería la totalidad del anticipo entregado, sí incluiría una porción importante del mismo.

Eso sí, la cosa no es tan simple como parece. Al haber sido firmado con pólizas falsas del Banco Itaú, conocedores en contratación han asegurado que el contrato no tiene amparo y no hay garantías que lo respalden. Por lo cual no está claro si la cláusula penal, que hoy es uno de los pocos salvavidas que le quedan al Gobierno, pueda ser efectiva en contra de Centros Poblados.

Es de mencionar que la Unión Temporal Centros Poblados se ganó una porción de este contrato (la otra la adquirió la multinacional Claro) a finales del año pasado, y posteriormente presentó garantías falsas para respaldarlo.

Así lo confirmó hace unos días la propia ministra de las TIC, Karen Abudinen. De acuerdo con distintos medios, fueron tres documentos apócrifos que presentó la unión temporal, con el fin de quedarse con el millonario contrato.

Además, y de acuerdo a una investigación de El Tiempo, habría otra garantía falsa que sería la que presentó ante el Mintic Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, antes de que les adjudicaran el contrato a 11 años.

Seis meses después de adjudicado el contrato, la Unión Temporal Centros Poblados no había instalado ni un solo punto digital en el territorio, mientras que Claro ya completaba 700. Todo empeora cuando se conoció que el polémico contratista, además de no haber avanzado en la iniciativa, recibió un anticipo de más de $70.000 millones.

Al respecto, y mediante un comunicado, Unión Temporal Centros Poblados dijo que los $70.000 millones recibidos como anticipo por parte del MinTic “no están embolatados o perdidos”, sino que se utilizaron para comprar equipos necesarios para llevar a cabo el proyecto.

Según la compañía, estos insumos fueron comprados a las firmas Inselsa, a la que desembolsaron $11.914 millones y a Nouvo Security a la que le pagaron $59.301 millones.

El comunicado añade que los recursos del anticipo sirvieron para adquirir 7.055 equipos de telecomunicaciones por $19.000 millones, 9.546 equipos eléctricos por $12.000 millones, materiales y consumibles por $6.000 millones, infraestructura por $7.000 millones y equipos solares por $22.000 millones.

La firma también resaltó que tiene en bodega equipos por un valor de $20.000 millones y que se han instalado otros equipos por $26.000 millones. Además, según la comunicación, el valor restante del anticipo está en “proceso de aduana”.

También informaron que en bodega hay equipos cuyo valor cercano está a los $20.000 millones y que otros $26.000 millones en equipos se han instalado. El valor restante de la inversión se encuentra en proceso de aduana.