Golpe a cartel de la contratación estatal con millonaria sanción de la Superindustria

Con casi $1.000 millones ($956.860.540) tendrán que responder las empresas Servicios Integrales de Ingeniería y Construcción (Siinco-SAS); Alcalá & Espinosa Diseño y Construcción; Emerson Escamilla Murte; EEM Ingeniería Eléctrica y Telecomunicaciones; Erjar y Compañía; Arquitectura Ingeniería Construcciones y Servicios de Colombia; Arking Colombia Ltda; C&Z Ingenieros Civiles, y Ariete Ingeniería & Construcción.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les impuso la millonaria sanción, luego de comprobar que “violaron las normas de protección a la libre competencia en procesos de selección contractual, adelantados por distintas entidades estatales para el mantenimiento y adecuación locativa de instalaciones.

En este caso también fueron sancionadas ocho personas naturales, por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta anticompetitiva, indicó la Superindustria.

Según lo hallado por la Superintendencia, “hubo un acuerdo ilegal entre Siinco, Alcalá & Espinosa, Emerson Escamilla Murte, EEM, Erjar, Arking, C&Z y Ariete”.

La finalidad de la acción adelantada por las empresas en mención era la participación coordinada de la mayor cantidad de empresas ‘aliadas’ en distintos procesos de selección contractual del Estado, los cuales fueron adelantados entre 2015 y 2017.

¿Qué hacían?

Las revisiones realizadas por la Superindustria dan cuenta de que las empresas hacía una coordinación en las manifestaciones de interés en varios procesos de selección contractual adelantados por distintas entidades del Estado.

Acto seguido, realizaban una búsqueda centralizada de los procesos de selección contractual; conjuntamente analizaban los pliegos de condiciones. Con la información necesaria, tomaban la decisión acerca de cuáles empresas presentarían las manifestaciones de interés. De manera coordinada también, elaboraban las manifestaciones de interés y las enviaban.

Todo un engranaje

Cuando existe un cartel de empresas para obtener contratos, no hay manera de competir, puesto que si cada uno presenta una oferta, de manera aparentemente independiente, pero en realidad, coordinada, ya saben por adelantado cuál será elegida, bajo los criterios que tiene el Estado: el que ofrezca eficiencia alrededor del objeto contractual, a un costo razonable.

La Superintendencia estableció que las empresas sancionadas con la multa “centralizaban la solicitud y obtención de pólizas de seriedad de las ofertas, en los distintos procesos de selección contractual adelantados por entidades del Estado en los que los investigados se presentaban y adquirían la calidad de proponentes”.

Comprobado

Según la información suministrada por la Superindustria, esa entidad de control y vigilancia cuenta con el material probatorio que demostró cada una de las actividades de la dinámica anticompetitiva aplicada por las sancionadas, las cuales, deberán pagar una multa individual, cuya sumatoria, asciende a los casi $1.000 millones.

Acaparamiento

Los casos en los que se incurrió en la conducta sancionada no fueron aislados. “La Superindustria encontró evidencia de un constante seguimiento a los procesos de selección contractual en los que los infractores se presentaban de manera coordinada”.

La SIC señala que “este seguimiento fue adelantado a través de “cuadros de mando” en archivos Excel. Además, se encontró material probatorio que demuestra la consciencia que tenían algunos de los infractores sobre la ilicitud de su conducta”.

Dentro de las pruebas encontradas se destacan conversaciones de WhatsApp sostenidas durante las diligencias practicadas por la Delegatura para la Protección de la Competencia, en las que efectuaban indicaciones de cómo debían responder ante dichas visitas y señalaban que eran para revisar la posible comisión de una conducta colusoria en procesos de contratación del Estado.

Con base en el debido proceso, los señalados por la Superindustria tienen posibilidad de apelación.