Gremios alertan al Gobierno para evitar quiebra del sistema de salud: pocos ingresos y pérdidas por $5,6 billones

La reforma a la salud es uno de los proyectos presentados por el Gobierno Petro y con el que buscaría transformar de manera casi total la forma en la que los colombianos hoy acceden a un servicio de urgencias, un médico especialista, un examen o un medicamento.

Pese a ello, el proyecto ha sido blanco de críticas debido a que algunos consideran que este proyecto acabaría paulatinamente a las EPS.

En las últimas semanas, el debate del proyecto en el Congreso se ha puesto cada vez más difícil, pues algunas bancadas como las del Centro Democrático o del partido Cambio Radical han decidido salir del recinto a la hora de la votación del proyecto, rompiendo el quorum necesario para ese proceso y retrasando aún más la decisión final.

Uno de los temas más preocupantes de la reforma mencionada es el aval fiscal, pues los proponentes aseguran que aún no conocen cuánto costaría este nuevo proyecto a los colombianos. De hecho, la congresista Catherine Juvinao aseguró que el debate no se debería dar si aún no existe un concepto del ministerio de Hacienda o un concepto fiscal sobre la reforma.

El llamado de gremios al Gobierno por duras pérdidas

Durante los últimos meses, ha aumentado el número de EPS que reportan situaciones financieras poco favorables. De hecho, Sura, una de las tantas empresas prestadoras del servicio en Colombia, aseguró que ahora tiene un problema con el suministro de medicamentos en todo el país, por cuenta de la decisión de la droguería Cruz Verde de suspender la entrega de fármacos a beneficiarios.

Por ello, recientemente la coalición Aliadas, que se encuentra formada por 37 gremios representantes de diversos sectores económicos del país, hizo un llamado urgente al Gobierno, con el fin de abordar esta situación que podría afectar a millones de ciudadanos del país.

Para Aliadas, el principal problema de la reforma a la salud y del sistema colombiano es la persistente escasez de recursos. Aunque el presupuesto asignado para este sistema es del 8% del PIB, lo cierto es que este es insuficiente para satisfacer las necesidades de los usuarios, lo que a su vez genera un déficit mensual que acerca al sistema cada vez más al colapso.

Una de las razones para que se haya motivado esta situación, según expone la entidad, es la falta de reconocimiento y el pago de los ajustes necesarios en presupuestos máximos que financian las atenciones en salud y medicamentos no incluidos en el plan de beneficios, lo que ha generado un déficit significativo.

De acuerdo con cifras que han proporcionado los gremios de salud afiliados a Aliadas, la deuda acumulada por estos conceptos es de unos $1,67 billones, lo que a su vez ha provocado una mora de cuatro meses en el pago de los presupuestos máximos, situación que causó una mora de más de cuatro meses en el pago de los presupuestos máximos y golpeando directamente el flujo de recursos y la atención médica de la población.

¿Se debe ajustar la UPC?

Los estudios realizados por diferentes gremios demuestran que, aunque el pago a la Unidad de Pago por Captación, que es el valor que destina el Gobierno para cada paciente en el sistema de salud, se hace de manera puntual, lo cierto es que este cuenta con un desfase elevado que no garantiza la sostenibilidad del mismo.

“Por cada $100 que las EPS recibieron en 2022 para la atención en salud, se gastaron $103. A pesar de que estas cifras están entre las más bajas de gastos de bolsillo en América Latina, la insuficiencia en la fuente de financiación y este desequilibrio entre ingresos y gastos han llevado a que las EPS acumulen pasivos, poniendo en riesgo el cumplimiento de sus condiciones financieras”, precisa el estudio.

Aliadas, también precisa, que son varios los factores que cada vez preocupan más a los colombianos por la viabilidad del sistema. Por ejemplo, existe una falta de seguimiento a los ajustes del 2023, además de la incertidumbre sobre los presupuestos para noviembre y diciembre y la insuficiencia en el pago de UPC.

Aseguran además que las EPS tienen cuentas por cobrar a la Nación por el orden de los $2,97 billones, que en parte se deben a los recobros no incluidos en el plan de beneficios, que también llevan varios años en trámite y que tienen un impacto negativo en los estados financieros.