Hospitales públicos piden al Gobierno que pare liquidación de las EPS

La Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) se mostró bastante preocupada por lo que está pasando en el país con las EPS y los procesos de liquidación que adelanta el Gobierno nacional, ya que esto, al parecer, también está incidiendo en el correcto funcionamiento de la red hospitalaria.

El gremio indicó que se debe frenar cuanto antes la liquidación de las EPS quebradas en el país, al menos hasta que se garanticen los recursos para pagar las deudas que está dejando, advirtiendo que hay más de tres billones de pesos embolatados de entidades que ya fueron sacadas de operación.

Por medio de una carta, más de 450 gerentes de hospitales públicos de 14 departamentos del país, afiliados a Acesi, expresaron su gran preocupación al presidente Iván Duque por las multimillonarias deudas que vienen dejando las EPS liquidadas o en proceso de liquidación a lo largo y ancho del territorio nacional.

Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de Acesi, indicó que el gran problema radica en que de 7,5 billones de pesos que deben las EPS al sistema de hospitales públicos de Colombia, tres billones son de esas Empresas Promotoras de Salud que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó liquidar (varias ya liquidadas definitivamente), recursos que no están garantizados.

Esta profesional explicó que el origen de estos dineros adeudados se deriva de servicios prestados a ciudadanos del régimen subsidiado (colombianos de escasos recursos), e incluso también a cientos de miles de migrantes venezolanos.

“Es necesario que se reglamente el fondo de salvamento o se defina cómo se va a responder con los dineros adeudados por las EPS a los hospitales, en el entendido que esas aseguradoras están delegadas por el estado para cumplir una función pública”, dijo Zuluaga.

El gremio de hospitales públicos aseguró que “ante semejante problema” le pidió al jefe de estado que no se ordenen más liquidaciones de Empresas Promotoras de Salud hasta tanto no se cuenten con los recursos para pagar a los prestadores.

“Lo que hoy está pasando con las liquidaciones ordenadas desde la Supersalud es que se está yendo en detrimento de la red pública hospitalaria, y de paso, poniendo en enorme peligro su estabilidad e incluso, los usuarios se están viendo sometidos a importantes barreras de acceso por falta de capacidad instalada de las IPS privadas donde están siendo asignados”, enfatizó.

Sumado a lo anterior, los gerentes de las empresas sociales del estado (ESE) le denunciaron al jefe de estado que, ante el traslado de millones de colombianos a otras EPS del contributivo, los hospitales públicos se están quedando literalmente “sin población para atender”, porque esas aseguradoras no están contratando los servicios con ellos a pesar de contar con una infraestructura y dotación que garantizan calidad de los servicios.

Esta situación, según ellos, no es tenida en cuenta por entidades del contributivo por la integración vertical (prestadores que pertenecen a su grupo empresarial) que tienen estas aseguradoras, lo que termina agravando la situación de desfinanciamiento por la que están pasando.

“El Decreto 1424/19 no obliga a que las EPS que reciben a esos nuevos afiliados, deban contratar con las ESE, pero sí permite que los puedan atender con su misma red, a pesar de no contar con la infraestructura ni la capacidad instalada suficientes, lo que en muchas IPS privadas tiene colapsados los servicios de atención, problema que está ocasionando serias barreras de accesibilidad, continuidad e integralidad de la atención”, explicó la directora de Acesi.

El gremio de hospitales públicos agregó que es increíble que mientras algunos centros médicos particulares de un mismo municipio están “atiborrados” de gente esperando en urgencias que los atiendan por horas, los hospitales públicos están desocupados y pidió al Gobierno nacional que tome cartas en el asunto.

Por último, esta asociación le pidió al presidente Duque que le dé celeridad a la expedición de la normatividad sobre la política hospitalaria, de tal modo que se garantice la financiación de su cartera y la protección de su operación, en caso de que una EPS requiera ser liquidada.