Huelga en MinTrabajo: ¿trabajadores vs. trabajadores?

Esta situación (a pesar de no ser completamente inédita dado que ya habían existido en el pasado reciente otros ministros de trabajo de ascendencia sindical como Luis Eduardo Garzón), sí representó una importantísima novedad en la agenda política laboral que tenía interés la nueva administración en implementar. No en vano desde allí se promovieron modificaciones legislativas tan profundas como la reforma laboral y la reforma pensional.

Ahora bien, la inspiración política y la línea de acción de la nueva plana directiva del Ministerio del Trabajo se manifiesta no solo en las discusiones que se proponen a la opinión pública y los proyectos de reformas legales que se promueven en el Congreso sino, además, en las directrices que se imparten verticalmente al batallón de inspectores laborales que ejercen material y cotidianamente las funciones constitucionales de inspección, vigilancia y control de esa cartera administrativa.

Esto se ha hecho visible en casos de tremenda (e innecesaria) cobertura mediática como las pesquisas a empresas, entidades y establecimientos de comercio como Van Camps, Alpina, Universidad Militar, Jon Sonen, GM Colmotores, entre muchas otras; en las que el Ministerio del Trabajo se ha comportado como la policía administrativa que sí es, pero en abierta y agresiva defensa irrestricta del interés de los trabajadores, incluso con evidentes sesgos ideológicos.

En el marco del anterior contexto es que resulta sorpresivo imaginar que un Ministerio de clarísima identidad obrera y muy palmario activismo sindical resulte siendo acusado públicamente de desproteger a sus funcionarios e incumplir acuerdos con sus propios trabajadores organizados en los sindicatos cuya creación y fortalecimiento activamente se promueven desde el Ministerio mismo.

En efecto, para el 31 de mayo desde las 0:00 horas está previsto el inicio de una histórica huelga promovida por los servidores públicos sindicalizados del Ministerio del Trabajo, que acusan a su empleador (liderado por curtidos sindicalistas) de incumplir acuerdos colectivos y burlar sus peticiones.

Esta historia de lucha sindical no sería tan relevante sino es porque el mismo Ministerio del Trabajo que promueve el diálogo social y el ejercicio irrestricto del derecho de asociación sindical y de huelga, es quien con su acción u omisión está generando la anormalidad laboral que escaló a una situación límite de presión institucional con graves consecuencias en el servicio público.

En el sector privado, la huelga como derecho de los trabajadores ejerce una presión económica legítima al empleador para forzar acuerdos colectivos y las pérdidas o daños ocasionados con el cese (en condiciones legales) es una carga que debe soportar el empleador que no quiere acordar “por las buenas”.

En el sector público, por el contrario, la presión al empleador para acordar o cumplir acuerdos no es precisamente económica, lo cual es más grave aún. No porque una pérdida para un empresario en el sector privado no sea importante, sino porque se afecta un servicio público del que somos usuarios todos los ciudadanos y puede afectar las ya difíciles condiciones de congestión y retraso de los trámites ministeriales.

Ahora bien, al margen de tales afectaciones, lo que realmente llama la atención es la autoridad moral de quien es el gendarme laboral del sector privado y suele exigir con hostilidad de los empleadores con mayor o menor cobertura mediática una respuesta contundente e inmediata a los reclamos de los trabajadores.

El mismo Ministerio que ha hecho presencia en mesas de negociación para promover el diálogo social, firmar acuerdos colectivos y desactivar huelgas inminentes, es quien pareciera ahora desbordado por las circunstancias de su propia condición de empleador.

Es entendible. No es fácil serlo. Ya en esta misma tribuna previamente a propósito de las reflexiones sobre el Día del Trabajo habíamos dicho que siempre es más fácil obedecer que mandar y más fácil pedir que dar.

Por el bien del servicio público y por la paz laboral en el Ministerio del Trabajo lo deseable es que la hora cero de la huelga no se ejecute y se llegue a un acuerdo pronto. Pero por el bien de las relaciones laborales en el país bien merece la pena rescatar de este episodio institucional reconocer que un empleador la mayoría de las veces en una negociación colectiva puede menos de lo que quiere y el Ministerio y los sindicatos entienden menos de lo que deben. Al final todos estamos (o deberíamos estar) del mismo lado del río.

Carlos Arturo Barco Alzate

Socio Director de Litigios y Formación

Álvarez Liévano Laserna