Intervención de Air-e sería costosa para el gobierno, según el Ministerio de Hacienda. Esto fue lo que pasó con la empresa

Hace poco menos de una semana, el Gobierno nacional sorprendió al sector energético, luego de que anunciara la intervención de la empresa de energía Air-e, que funciona en la Costa Caribe del país y que ha estado en el ojo del huracán en repetidas ocasiones debido al elevado monto de las facturas de energía.

Durante este viernes, 13 de septiembre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a la situación que actualmente se vive en la compañía, que ya fue intervenida y en este momento cuenta con un interventor, quien dictará el futuro de la compañía.

Bonilla se refirió al tema durante el Congreso de Confecámaras, que se llevó a cabo en Cartagena durante esta semana. Es importante recordar que la empresa cuenta con graves problemas financieros. Uno de los motivos, según la versión de la empresa, es el no pago de subsidios a estratos 1, 2 y 3. De hecho, el Ministerio de Minas y Energía apuntó a que el problema estaría directamente en la cartera de Hacienda, que aún no gira los recursos.

“El problema de Air-e es más complicado. No es el tema de los subsidios, es el tema de las inversiones que no hicieron y que generan pérdidas muy altas y que están afectando las tarifas. Hay 3 temas en los costos del usuario de la Costa. Por un lado, pérdidas negras; por otro lado, el costo de generación, que lo compran a precio de bolsa, y por el otro, la opción tarifaria, que ya estaba resolviéndose con créditos de Findeter. Ahora tenemos que mirar qué hacemos con los créditos que ya se entregaron a Air-e”, indicó.

El problema que alega Air-e no es nuevo, pues luego del anuncio de la intervención, el Comité Intergremial de Energía publicó un comunicado en el que se aseguró que existe un problema en otras compañías con el pago de subsidios. Además de ello, la Contraloría elevó una advertencia y aseguró que cerca de 10 millones de usuarios estarían en riesgo.

“Esto es un tema de que los subsidios siempre se pagan con un desfase de tiempo y está en función de cómo manejan la caja las distintas comercializadoras. No hay riesgos para los usuarios. El Estado siempre termina pagando y cumpliendo sus obligaciones así como lo acaba de demostrar con el FEPC.

Respecto a los costos generados por el proceso, Bonilla aseguró que este caso sería un “Electricaribe 2″, pues según la Contraloría, el costo de la intervención de Air-e sería de 4 billones de pesos. En la pasada intervención de Electricaribe, hace algunos años, el costo fue de 10 billones de pesos.

“El tema real es que la empresa Air-e hasta ahí llegó. No fue una decisión de que el Gobierno quisiera intervenir y hacer las cosas, sino que la empresa dijo, ‘intervéngame porque yo ya no doy más’”, comentó Bonilla.

Sobre las declaraciones del ministro de Hacienda, Jaime Lombana, abogado de Air-e, afirmó que no son responsables. “No son rigurosas las declaraciones del señor Ministro de Hacienda donde compara a Air-e con un “Electricaribe 2″. Air-e ha expresado que la causa principal de esta crisis es el enriquecimiento desmesurado de los generadores derivado de sus altísimos costos del kilovatio. Por supuesto que el ministro quiere minimizar el efecto de las variables del no pago de subsidios a la empresa en esta crisis financiera, lo que es evidente desde su rol funcional; pero inaceptable para un observador objetivo”, dijo.

Agregó: “Comparado con Electricaribe (2016-2020), Air-e mejoró de manera dramática la calidad del servicio. El número de veces que se iba la luz se redujo el 68%. El número de horas que se iba la luz se redujo 68%. Se cumplió las metas de calidad que exigía la regulación para el 2030 en el 2023. Se logró la mejor calidad de historia de la región. Sobre la perdidas, la reducción cumplió las metas regulatorias y Air-e fue el operador de red que más redujo la perdidas en el país”.

¿De qué se trata el acuerdo que logró el Gobierno con Air-e?

Respecto al punto de intervención del Gobierno para llegar a precios justos, la empresa dice que espera que se llegue a regular a los generadores y establecer precios justos que garanticen la capacidad de pago de los usuarios.

“La disposición de Air-e para la intervención es total, confiando en que el Estado implementará las medidas necesarias para asegurar un servicio de energía asequible y de calidad”.

En cuanto a la calidad y los cortes de luz, Air-e sostiene que durante 47 meses habrían prestado el servicio de energía en los departamentos que hacen parte de su cobertura: Atlántico, Magdalena y La Guajira (dos de los tres departamentos más pobres de Colombia).

En ese sentido, aseguran que mejoraron el Saidi (horas sin luz) en un 67 % y el Saifi (frecuencia de cortes) en un 68 %. En consecuencia, habrían logrado por anticipado la expectativa regulatoria del año 2030 en 2023.

Dentro de los compromisos que toma Air-e, en medio de la situación, está el de “colaborar plenamente en el proceso de empalme con el Gobierno nacional”, manifiestan.

Esto implica que comenzarán de inmediato las mesas de trabajo que permitirán “una transición ordenada y eficiente”, sostienen.