Juristas temen efectos adversos por más impuestos a las empresas

Con la reforma tributaria de 2021, los juristas que asesoran a las empresas se mantienen vigilantes, aun cuando fue el mismo sector productivo el que levantó la mano para aportar más impuestos. Los profesionales ven con preocupación el carácter indefinido de la tasa de renta en 35 por ciento, que implicaría una carga tributaria de 68,6 por ciento para el sector privado.

El Ministerio de Hacienda sostiene que, al implementarse las medidas de la propuesta, la estructura tributaria para las compañías sería más competitiva que en 2018. Su argumento parte de un ejemplo: una empresa con utilidades superiores a 800 millones anuales tenía una obligación con el fisco de 72,9 por ciento; ahora, tendrá una reducción de 4,3 puntos, aun con el incremento en el impuesto.

La reforma radicada se diseñó por consenso, es decir, las empresas sabían de antemano lo que se les venía encima. Pero es común que, en el trámite en el Congreso, al proyecto le introduzcan modificaciones o le agreguen nuevas propuestas. Entre las firmas de abogados la sorpresa estuvo por el lado del establecimiento de una tarifa de renta permanente. Juan Guillermo Ruiz, de Posse Herrera Ruiz, se muestra partidario de una reforma que determine una tributación coyuntural, aunque no una base tributaria de mediano plazo y mucho menos de largo plazo.

Los números analizados por los tributaristas incluyen la tasa de renta, más la sumatoria de otros impuestos. Principalmente, el de los dividendos, que, de manera combinada, no le suena bien a Luis Orlando Sánchez, socio de impuestos de EY Colombia: “La medida de recaudo más importante en la reforma es el incremento del impuesto de renta a las sociedades a partir de 2022, cuando lo que estaba previsto era que para ese año tendríamos una tarifa de 30 por ciento. Es decir, son 5 puntos más, lo que puede ser aún más profundo en el caso del sector financiero”.

Pese a los reclamos por una tarifa de renta más alta y de manera permanente para las compañías, el rumbo de la reforma en el Congreso es dejar, por ahora, la medida como está, y que un próximo Gobierno tome las decisiones acerca de lo que pasará. Pero el debate no tiene tiempos. Sánchez, por ejemplo, argumenta que, para ayudar a la competitividad de Colombia, se requiere una tarifa más baja y competitiva.

Es más, entre las naciones más cercanas a Colombia, como las de la Alianza del Pacífico, la cifra no es tan alta. Según Sánchez, en Colombia hoy se grava más, porque, cuando se van a distribuir los dividendos, hay un 10 por ciento adicional, lo que puede terminar en una tributación combinada de 41,5 por ciento.

En la misma línea, Ruiz teme que dicha tarifa indefinida reduzca la competitividad tributaria del país. “Una cosa es entender la necesidad de hacer una contribución al país, pero de ahí a aceptar que sea una tributación definitiva para los negocios en Colombia hay mucha distancia”, señaló. Sin duda, la permanencia de una medida de este tipo haría que Colombia no sea tan atractiva en términos de inversión. Y, además, resulte conveniente mantenerse en la informalidad tributaria, lo que tampoco es bueno.

El retorno a medidas que incluía el proyecto de reforma del entonces ministro Alberto Carrasquilla con las empresas parece ser ahora el clamor de los juristas. Carolina Rozo, de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, destaca que en la anterior reforma se aumentaba la carga tributaria de las personas naturales, mientras que el proyecto actual se concentra en gravar a las compañías, además de eliminar parcialmente algunos beneficios tributarios. La abogada estima que concentrar todo el peso en las empresas, las generadoras de empleo, puede implicar que la recuperación económica sea más lenta. Aunque rescata algunas bondades, es crítica con la propuesta: “Contiene algunas medidas de lucha contra la evasión y que contribuyen a la reactivación económica, puesto que, actualmente, la administración tributaria cuenta con ciertos mecanismos en la ley para la obtención de recaudo. Dichos mecanismos, generalmente, no son usados, por lo cual las reformas tributarias gravan a los mismos contribuyentes: a los cumplidos”.

Los efectos de esa mayor carga empezarán a notarse pronto. Desde la firma de abogados Gómez Pinzón, Mauricio Piñeros dice que muchos están haciendo planeación tributaria para empezar a llevarse las inversiones afuera. Esto, asegura, no se debe a la reforma en sí, sino a la crisis económica, la pérdida del grado de inversión, la inestabilidad política y las protestas. Además, considera que las medidas de ahora serán temporales y le corresponderá al próximo Gobierno analizar los escenarios tributarios.

Entre tanto, Camilo Rodríguez, director de Servicios Legales en Colombia de KPMG, enfatiza en que no hay que perder de vista que lo radicado por el Gobierno es un proyecto de inversión social con una fuente de financiación. Por ende, “Denominarla reforma tributaria es simplista, sesgado y no refleja un análisis integral del proyecto”.

Acerca del temor de que el proyecto pueda afectar la competitividad de las empresas, manifiesta que, por el contrario, lo ve en línea con la reactivación, principalmente, porque no se tocan las personas naturales, quienes se han visto más afectadas. Lo cierto es que mientras el Gobierno aspira a contar prontamente con los recursos obtenidos de la reforma, los reparos no son pocos.

El director de la firma De La Espriella Lawyers Enterprise, Abelardo de la Espriella, estima que la reforma “no debería estar basada en la regla fiscal y la política monetaria de siempre”. Su llamado es a que se aborde como lo que es, una reforma para la crisis. “Por tratarse de una crisis sin precedentes, se debe hacer una reforma especial: cero ortodoxia, mucha heterodoxia”.

Lo más importante es reformar el sistema financiero, “que no es financiero en realidad, es extractor”. Propone crear bancos de segundo piso para quitarles el monopolio a los tradicionales, y, a través de estos, financiar proyectos y empresas en todo el país. “Los bancos son los que más tienen que poner, pues, gracias a tasas de usura impresentables, tienen ganancias obscenas”, detalla. Aboga por que tributen los que tienen la obligación de hacerlo: “La evasión le hace un gran hueco a la economía. Con estos dos puntos, el sector financiero y la evasión, de seguro no habría que meterles la mano al bolsillo a quienes no deberían pagar más de lo que ya están pagando”.

Otro punto de vista es el del presidente de PwC, Carlos Mario Lafaurie, quien dice que el incremento en el impuesto de renta de las sociedades le restará competitividad al país para atraer inversión. De allí que considere indispensable que la próxima reforma tenga una vocación de permanencia. Es decir, que sea una decisión de Estado, que entrañe certeza y seguridad jurídica en las reglas de juego, y no algo sometido al vaivén del cambio de administración.

Los juristas, en general, sostienen que están en total expectativa. No solo con lo que salga del Congreso en la tercera reforma tributaria del presidente Iván Duque, sino con lo que vendrá con el próximo mandatario a partir de 2022.