EMPRESAS
Justo & Bueno anuncia que se acogerá a la ley de insolvencia. ¿Qué les pasó?
Se trata del mecanismo especial creado en 2020 para afrontar la crisis de las empresas.
La cadena de tiendas Justo & Bueno anunció este viernes que se acoge a la ley de insolvencia especial, prevista en el Decreto Ley 560 de 2020, creado precisamente para permitirles un oxígeno a las empresas en dificultades y ayudar así a su recuperación empresarial.
No hace mucho tiempo, esta marca anunciaba apertura de nuevos puntos. De hecho, en febrero se lanzó una nueva tienda en el Amazonas para poder seguir prestando esos servicios en zonas apartadas es que la compañía acudirá al mecanismo previsto en la ley mencionada.
Justo & Bueno, propiedad de Reve Group, es una mercadería colombiana basada en el concepto de tienda de alimentación de grandes descuentos.
En el país completó ya un quinquenio, luego de abrir su primera tienda en febrero de 2016, en el barrio el Restrepo de Bogotá. A medida que crecía se expandía y, según las más recientes estadísticas, cuenta con 1.300 tiendas en 310 municipios del país.
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Para la atención de los puntos, conformó una nómina con cerca de 20.000 empleos, de los cuales 9.300 son directos y más de la mitad son mujeres, según confirmó la empresa.
Sin embargo, y pese a ser parte de uno de los sectores que siguió suministrando productos a los colombianos durante la pandemia, se han visto afectados por la crisis que golpea a todos los negocios.
El balón está en la SuperSociedades
Es por esa razón que ahora anuncian que solicitarán a la Superintendencia de Sociedades la admisión al proceso de negociación de emergencia, de un acuerdo de reorganización, el cual fue diseñado para compañías que, siendo viables, están atravesando por momentos difíciles.
Según manifiestan los voceros de Justo & Bueno, previo a que en el mundo se declarara la pandemia, el negocio había logrado su punto de equilibrio. Incluso en 2019 la revista Forbes incluyó a la cadena de tiendas Justo & Bueno en su lista de nominados a mejor retail de la década.
La intención ahora es tener un oxígeno financiero para pagar el pasivo de la compañía en su totalidad. De ser acogida la solicitud de Justo & Bueno, se empiezan a establecer acuerdos de pago con los proveedores para poner al día las obligaciones de pago pendientes.
Se veía venir
La decisión de la compañía de acogerse a la reorganización empresarial ya se veía venir. En días pasados salió a relucir una carta que las directivas de Justo & Bueno habrían enviado a sus proveedores, anunciándoles las dificultades para cumplir con los pagos. Esto habría ocasionado el recorte en el suministro de productos de los que se distribuyen en las tiendas de mercadería.
Esas circunstancias, con los proveedores, están en contravía con el desarrollo de una robusta plataforma digital para atender pedidos y la creación de una aplicación para mercar que activó Justo & Bueno, para seguir atendiendo al consumidor durante la pandemia.
Lo cierto es que, en el reporte que hicieron a la Cámara de Comercio, registran un patrimonio neto negativo de -$463.280.000.000 (Más de cuatrocientos sesenta y tres mil millones).
El camino que ahora sigue Justo & Bueno ya lo había tomado Tostao’, que pertenece al mismo grupo, y reestructuró deudas por una suma aproximada de $148.000 millones.
¿De dónde salió el negocio?
Hay que recordar que detrás del negocio de tiendas de bajo costo está el emprendedor chileno Michel Olmi, que en 2009 residía en Alemania, donde se ideó la marca de tiendas de descuento, dirigida a familias de bajos recursos. Una década después ya era reconocido como uno de los empresarios más exitosos de Latinoamérica, llegando a facturar más de $1.000 millones de dólares anuales con sus emprendimientos.
¿Qué viene?
Una vez Justo & Bueno radique su solicitud de acogerse a la ley de reorganización empresarial, la Superintendencia de Sociedades hará un proceso de verificación para ver si cumple con los requisitos establecidos en la norma.
Posteriormente, cuando se logre claridad acerca de los números y las realidades de los mismos, la entidad decide si acepta o no la petición. Mientras tanto, la actividad de las tiendas continúa.
