La billonaria demanda contra Viva Air y Avianca. ¿Qué piden los viajeros que se quedaron ‘viendo un chispero’?

Sosteniendo que actuó de forma dolosa, fraudulenta y de mala fe, un grupo de pasajeros radicó este viernes una demanda en contra de las aerolíneas Viva Air y Avianca, y exigen una millonaria indemnización al considerar que las acciones que adelantaron en los últimos meses los afectaron considerablemente, puesto que además que sus vuelos se cancelaron de improvisto, jamás recibieron una ayuda o colaboración efectiva para solucionar la problemática.

En la acción judicial, que deberá ser resuelta por las autoridades judiciales administrativas, se señala el hecho de que nunca se les avisara del cese de operaciones –en el caso de Viva Air– y los sobrecostos de los tiquetes –esto en el caso de Avianca–, lo cual les generó un detrimento y daño patrimonial, puesto que se aprovecharon de su necesidad para doblar o triplicar los precios.

Igualmente, se advierte que a finales de febrero de 2023 la aerolínea Viva Air siguió vendiendo pasajes a diferentes destinos, pese a que ya habían definido que iban a suspender las operaciones por la crisis económica que atravesaban. En este sentido, se considera que afectaron los derechos colectivos de los viajeros que ya habían adquirido los pasajes.

El hecho de que no se prestara el servicio ofrecido demuestra que actuaron de mala fe, sostiene la demanda, que pide una reparación directa por los graves daños y perjuicios, así como un reconocimiento económico por todas las peripecias que tuvieron que realizar las personas que estaban varadas en las terminales aéreas.

Teniendo en cuenta reportajes periodísticos, los demandantes sostienen que Avianca ayudó a ahondar esta crisis, por lo que pide que se declare como responsable solidaria. En este sentido, se cita el hecho del fracasado acuerdo entre las dos compañías.

Por esto, se pide que Avianca pague una millonaria indemnización por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, por las afectaciones que sufrieron al no poder abordar los vuelos que habían adquirido y tener que comprar otros tiquetes por un valor superior. Por esto, cada uno de los accionantes exige un pago mínimo de un millón de pesos.

En la demanda, que fue radicada ante los tribunales de Rionegro, Antioquia, se pide expresamente condenar a las sociedades Fast Colombia S. A. S., Viva Airlines Perú SAC Sucursal Colombia y Aerovías del Continente Americano S. A. (Avianca) al reconocimiento de los daños y el pago de una indemnización por el “incumplimiento de los contratos de transporte aéreo” que se vienen presentando desde el 28 de febrero.

Los viajeros esperan que esta vez la justicia avale sus pretensiones y escuche sus súplicas, puesto que consideran que fueron estafados por estas dos aerolíneas.

La denuncia del Gobierno

El pasado 15 de marzo, el Gobierno, en representación del Ministerio del Transporte, radicó ante la Fiscalía General una denuncia en contra de las directivas de Viva Air por el cierre de las operaciones, lo que generó traumatismos y graves perjuicios a los usuarios.

La denuncia fue por el cargo de presunta comisión de los delitos de estafa agravada en modalidad en masa, y ofrecimiento engañoso de productos y servicios. Adicionalmente, el Ministerio expuso los argumentos que respaldan su postura.

El primer punto afirma que la aerolínea recaudó antes del cese de operaciones del 27 de febrero una suma de 273.000 millones de pesos, representados en la venta de tiquetes aéreos, tiqueteras y la recepción de pagos de diversas agencias de viajes. Además, señalan que la cifra se ha mantenido en ascenso desde ese momento.

Sumado a ello, el documento sostiene que la aerolínea mantuvo abiertos los canales comerciales para la venta de sus servicios hasta horas antes que se declarara el cese de operaciones, lo cual evidenciaría dolo por parte de la compañía.

El tercer argumento del Gobierno parte de que la empresa sabía con antelación que no podía cumplirles a sus usuarios, pero hizo caso omiso y siguió generándole falsas esperanzas a los viajeros con vuelos que no se podían materializar.

Además de este contexto, también se plantea que, hasta la fecha de la radicación de la denuncia, Viva Air no ha realizado el respectivo reembolso a los afectados, siendo una vulneración al patrimonio económico de los ciudadanos con la no prestación del servicio.

“Esta actuación desplegada por Viva generó la afectación al derecho fundamental de locomoción de miles de colombianos y obedeció, presuntamente, a presiones indebidas frente a las autoridades administrativas para acelerar la decisión respecto del trámite de integración con otra aerolínea solicitada meses atrás”, reveló el documento.

Por último, el Gobierno afirma que se debe velar por la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que el debido proceso debe poner a consideración las actuaciones administrativas que presuntamente ha realizado la aerolínea.

Finalmente, indicó que confían en que la Fiscalía General de la Nación, bajo su rol como titular de la acción penal y en el marco de sus competencias constitucionales, será el ente encargado de revisar las conductas denunciadas para evidenciar si cumplen con las condiciones para ser catalogada como delito y, posteriormente, ser puestas a consideración ante la justicia.