La Contraloría embargó las cuentas de Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos por el caso de Hidroituango

Un mes después de que la Contraloría General de la Nación embargara las cuentas del Consorcio de Hidroituango como una medida preventiva en el marco de las investigaciones por las fallas en la construcción de la hidroeléctrica, este viernes se conocieron nuevas medidas cautelares por parte del organismo.

De acuerdo con W Radio, la Contraloría ordenó el embargo de las cuentas del exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria y del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. Además, la Contraloría también embargó las cuentas de los miembros de la Junta Directiva del Consorcio de Hidroituango, Jesús Arturo Aristizábal y Álvaro Julián Villegas Moreno.

En diciembre, la Contraloría encontró como presuntos responsables fiscales a cuatro consorcios, conformados por siete empresas en total.

El 28 de abril de 2018 se presentó un derrumbe en el túnel de desviación de la obra, por lo que el proyecto Hidroituango tuvo que entrar en contingencia por los factores de riesgos que presentaba.

La obra habría sido adelantada sin los estándares de calidad iniciales, según el documento entregado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a la Fiscalía General de la Nación en 2020.

Hasta el momento, el órgano de control ordenó el embargo de la firma Integral S.A. Explica, en el auto MC061, que serán embargados y retenidos “los dineros depositados o que lleguen a depositarse en las cuentas bancarias de titularidad de esta compañía” hasta por la suma de cuatro billones doscientos treinta mil pesos ($4.230.000.000.000).

La compañía Integral S.A. hace parte del Consorcio Generación Ituango, diseñador y asesor de la obra entre los años 2008 y 2015. En diciembre de 2020 la Contraloría General de la República reveló que le imputarían cargos a la compañía en mención y a Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S por las conductas de deficiente asesoría, precaria modificación en diseños para incorporación GAD y omisiones de las advertencias del BOARD de expertos.

En una rueda de prensa pasada, el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, se refirió al respecto y explicó que una vez tuvieron conocimiento de las decisiones de la Contraloría consultaron en las entidades bancarias relacionadas a la compañía y lograron constatar que “no hay novedades”.

El desastre que generó el desplazamiento de miles de personas de Valdivia, Puerto Valdivia e Ituango, está siendo investigado por las autoridades por las fallas en la construcción de la hidroeléctrica.

Calificación en riesgo

Luego de conocerse el embargo a las cuentas de los constructores de Hidroituango, la calificadora Moody’s, una de las tres más grandes que hay, puso en el aire un nuevo ingrediente en el brumoso asunto alrededor de esta megaobra.

Roxana Muñoz, analista de Moody’s Investors Service, dijo que “la orden de embargo a las cuentas de contratistas de Hidroituango podría retrasar el inicio de operaciones del proyecto esperado para mediados de 2022, lo cual sería un factor crediticio negativo para EPM”.

Moody’s ya se había pronunciado el año pasado cuando se conoció la demanda de embargo por $9,9 billones a los consorcios constructores de la mega obra.

Se juntó también, en ese momento, la renuncia masiva de ocho de los integrantes de la junta directiva de EPM, lo que llevó a la calificadora a advertir sobre un posible riesgo para la calificación crediticia de la empresa.

En esa oportunidad se mantuvo la calificación crediticia en BBB3, pero con perspectiva negativa. Otro tanto hizo la calificadora Fitch Ratings, que en su momento anunció la disminución de la calificación grado de inversión a escala internacional de EPM, a BBB-, y manifestó que la perspectiva se mantiene en observación negativa.

Ahora, una vez más, Moody’s vuelve a advertir, pese a que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo tras conocer la decisión de la Contraloría que desde el año pasado “EPM tiene planes de continuidad que garantizan la terminación del proyecto ante diversos escenarios”.