La importancia de la digitalización de la justicia colombiana

Todo está listo para que los 5.560 despachos judiciales, distribuidos en los 1.103 municipios y cuya demanda diaria es de 5.784 procesos –incluidas tutelas–, den, de una vez por todas, el salto hacia la transformación digital de la justicia en Colombia.

El país comenzó a recorrer este camino en 2018, cuando la rama judicial, mediante el Consejo Superior de la Judicatura, pidió trabajar de manera coordinada con el Banco Mundial en la definición de la estructura, los presupuestos y las metas a fin de alcanzar una completa transformación digital en la justicia. El propósito es que en 2025 los colombianos puedan obtener las respuestas a sus necesidades de justicia de manera ágil, eficiente, expedita y, sobre todo, de forma virtual. En otras palabras, que el ciudadano no tenga que trasladarse a un juzgado, sino que pueda iniciar, continuar o terminar un proceso utilizando las herramientas tecnológicas.

La pandemia de 2020 confirmó la urgencia de lograr este propósito. Para prestar sus servicios durante las cuarentenas y restricciones a la movilidad, los operadores de justicia usaron todas las herramientas digitales disponibles y respondieron a las necesidades de los ciudadanos desde la virtualidad.

De acuerdo con Mauricio Cuesta, director ejecutivo de la rama judicial, debido a que hace tres años se trazó la meta de avanzar en esa transformación digital de la justicia, cuando se inició la pandemia ya el proceso iba avanzado.

Por un lado, ya habían contratado la digitalización de todos los expedientes, una tarea titánica y esencial para darle mayor agilidad a la justicia. Y, segundo, ya se habían dado pasos firmes para lograr que se implementara el litigio digital.

Si bien la entrada de los ciudadanos a la justicia en línea comienza con la digitalización de los expedientes, la principal transformación está en conseguir que el litigio también se realice de manera virtual. “La gente, a veces, confunde la justicia en línea con la digitalización de expedientes. Muchos creen que ese es el principal objetivo. Pero lo cierto es que se trata de un programa más ambicioso que permitirá la transformación digital del sector al incorporar muchas de las facetas que se registran en el sistema de justicia presencial”, dice Cuesta.

Por eso, además de avanzar en el proceso para que los expedientes de los juzgados se encuentren en línea y su reparto esté sistematizado, la rama judicial contrató la plataforma que recogerá y unificará las piezas de la justicia digital. Esta plataforma será el corazón de la transformación del sistema. Las actividades y proyectos que se ejecutarán y gestionarán cuestan 1,2 billones de pesos, los cuales se invertirán en los próximos cinco años para hacer realidad esa transformación digital.

La presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López, explica que los recursos provienen de la propia rama judicial. Entre ellos, se destacan los aportados por el Fondo para la Modernización, el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), la reasignación de ingresos de la Superintendencia de Notariado y Registro y la expedición de la tarjeta de abogados. A estos se suma el crédito tramitado por el Gobierno nacional ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 95 millones de dólares.

Se trata de un reto enorme para la rama judicial. Además, deberá avanzar en la adecuación de procesos jurisdiccionales y administrativos e incorporar herramientas y soluciones tecnológicas disruptivas que faciliten y mejoren las capacidades que demanda la prestación del servicio de justicia.

Asimismo, será necesario incluir la transformación de las personas y la organización de la rama judicial, con una cultura –a manera de ADN– que conjugue la eficiencia, la transparencia, la integridad, la oportunidad, el conocimiento y la justicia en su característica; y el acceso mediante una diversidad de canales, ahora privilegiados por los medios tecnológicos que se incorporen, puntualiza la magistrada López. Carlos Santiso, analista en agenda pública del banco de desarrollo CAF, cree que la transformación digital de los servicios de justicia se ha convertido en un tema crítico, ya que tanto lo digital como los datos son hoy los motores para avanzar en cualquier área. Por eso, considera que este proceso llega en el mejor momento, pues más ciudadanos buscan resolver sus problemas con herramientas modernas y, al mismo tiempo, tener acceso y equidad.

Según Santiso, una ventaja adicional para que el país avance en el proceso de transformación es que se han recogido algunas de las mejores experiencias en el mundo, entre ellas, las de España, a fin de lograr que Colombia sea líder en este tema.

Las prioridades

La pandemia impulsó los cambios en el sector justicia. Al trabajar en virtualidad, se lograron grandes avances en la adopción del modelo tecnológico. Pero también se revelaron varios problemas de la operación de la justicia, que han tenido que ser corregidos sobre la marcha. Eso sí, la operación nunca se detuvo como tampoco la modernización del sistema, cuyo diseño de la política se aceleró.

La meta ahora es aprovechar la tecnología para mejorar el sistema de justicia, y permitir que los ciudadanos puedan iniciar un proceso en virtualidad, hagan sus consultas por internet y, así, obtengan respuesta a sus necesidades de justicia desde los juzgados municipales hasta las altas cortes. Todo, a través del nuevo Sistema Integrado Único de Gestión Judicial (SIUGJ) de la rama judicial.

Este sistema transformará la justicia mediante la creación de una plataforma tecnológica que integrará todos los servicios digitales: desde el expediente electrónico hasta la gestión de procesos en todas las ramas, bajo condiciones de autenticación, integridad, conservación, consulta y disponibilidad de la información para los ciudadanos.

Cuesta destaca que, en materia de seguridad, apertura e interoperabilidad, el sistema permitirá estandarizar la diversidad de sistemas institucionales. La nueva plataforma se construirá en cuatro fases. La primera comenzó en 2020 y continúa este año para lograr que la tutela opere de manera virtual en los distritos judiciales de Armenia, Manizales, Pereira y Sincelejo, y los procesos laborales en estos cuatro distritos más Bogotá. Luego avanzará hasta que en 2025 opere en todo el sistema.

Desde la primera etapa se incluirán temas transversales del sistema de gestión judicial, el integrador de todo, así que se contrata una sola vez y después se despliega y desarrolla en el resto del país hasta llegar a todos los juzgados y todas las especialidades y territorios.

Esa gran plataforma ya se adjudicó en el segundo trimestre de este año y su desarrollo tiene el acompañamiento del Banco Mundial. Sin embargo, no estuvo exenta de polémicas o demandas de competidores inconformes.

Al margen de las dificultades enfrentadas y sorteadas por la Justicia en su proceso de transformación, lo cierto es que este es un cambio que llegó para quedarse, porque les facilita la vida a los colombianos. Y todo, a solo un clic.