Puertos
La nueva política portuaria del país pasó a consulta de los ciudadanos
Las personas interesadas podrán dar a conocer sus observaciones en la página del DNP.
El Departamento Nacional de Planeación anunció la puesta en consulta pública del documento Conpes que definirá la nueva política portuaria del país, con el fin de aprovechar los recursos hídricos de la nación y potenciar las regiones mediante la creación de políticas públicas que las integren con las grandes ciudades.
Esta propuesta busca una mayor articulación entre la nación y los territorios, para la planeación y construcción de los planes maestros. Así mismo, plantea la necesidad de actualizar el Plan de Ordenamiento Físico Portuario y Ambiental, y la construcción de una herramienta flexible, robusta y abierta que permita la toma de decisiones oportunas.
En términos de capacidad, este Conpes propone avanzar hacia la mejora en la eficiencia de los servicios portuarios. En 2010, la capacidad del país era de 263 millones de toneladas, mientras que en 2018 la cifra fue de 401 millones de toneladas con un incremento del 51 %. Para 2023, el país aumentaría en 62 millones de toneladas, alcanzando los 463 millones.
De acuerdo con el DNP, también “se definen los lineamientos de contraprestación para nuevos contratos, con el fin de establecer reglas claras que incentiven la inversión privada, promuevan la competitividad y garanticen condiciones objetivas para el Estado en todas las etapas de los contratos”.
Lo más leído
Cabe resaltar que durante los últimos años, Colombia le ha venido apostando al aprovechamiento de sus recursos hídricos como una fuente que impulse, entre otras cosas, el transporte de carga. Prueba de ello es la App del Río Magdalena, que pese a múltiples polémicas en su pasado, logró recomponer el camino para quedar ad portas de ser una realidad en el país.
“En términos institucionales, el borrador fija acciones para modernizar y fortalecer la gobernanza portuaria en cabeza del Ministerio de Transporte, con capacidad de articular y coordinar las actividades de las diferentes instancias que participan en el proceso de otorgamiento de contratos y el desarrollo de actividades”, explicó el DNP.
El Ministerio de Transporte jugará un papel fundamental en esta tarea, ya que el documento en consulta propone que esta entidad sea la encargada de promover la conformación y operación de comunidades portuarias que permitan coordinar las actividades en pro de una cadena logística que mejore tiempos y precios de operación.
En digitalización y tecnología, el documento plantea la construcción, diseño e implementación de una plataforma informática en cabeza del Ministerio de Transporte, en la cual se recopile y maneje toda la información relacionada con el sector portuario como elemento para fortalecer la disponibilidad de información en la toma de decisiones; la puesta en marcha de una herramienta de monitoreo y seguimiento en gestión ambiental, prevención de accidentes ambientales, cambio climático e identificación de la huella de carbono.
“También define acciones para impulsar, mediante los planes de gestión social de los terminales portuarios, medidas de responsabilidad social integrales con énfasis en las comunidades étnicas del área de influencia”, agregó esta entidad.
Finalmente, el documento propone la revisión de la Ley 1 de 1991 y su reglamentación; la revisión de la estructura de remuneración y generación de incentivos económicos adecuados para incrementar la inversión en la infraestructura portuaria, y garantizar la continuidad del servicio, los niveles de calidad e inversión necesarios durante el periodo de terminación y transición de los contratos de concesión portuaria.
Las personas interesadas en participar en este proceso, podrán dar a conocer sus opiniones y observaciones en la página del Departamento Nacional de Planeación hasta el próximo 19 de mayo. Todos estos comentarios servirán como insumo para evaluar los ajustes que se deban realizar de cara a mejorar esta política pública.
En esta página también se encuentra en consulta el documento que busca fortalecer la implementación de la política de Economía Naranja en el país, la cual es una de las principales apuestas de este gobierno para los próximos años.