La petición sobre Justo & Bueno que hizo la CUT a Duque, previo a la audiencia pública de SuperSociedades

El destino laboral de 8.000 trabajadores de la cadena de tiendas está en juego y podría definirse el 4 de agosto, fecha para la cual está convocada una audiencia pública, dentro del proceso de liquidación de la sociedad, que se adelanta, pero con la expectativa de un salvamento, si los planes de los proponentes de inversiones tienen acogida.

En ese contexto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), le envió una carta al presidente saliente, Iván Duque, en la que le piden que intervenga para evitar la liquidación de la cadena y lograr así, que salve el empleo de estos ciudadanos que han continuado sus labores, aún con un pago diario para la subsistencia, pactado con el liquidador, con tal de contribuir a que las tiendas continúen abiertas y se pueda llegar a salvar las oportunidades laborales.

En la misiva, la agremiación sindical sostiene que además de los empleos directos, también están en la mitad más de 20.000 empleos indirectos, además de los ingresos de 1.500 arrendatarios de locales, en su mayoría pequeños que derivan su sustento de esa actividad. Es decir, los entornos familiares relacionados con esta situación son muchos.

Pero no es todo. También está en juego la suerte de de decenas de proveedores que han esperado la evolución del proceso, inicialmente de reorganización (en mayo) y luego de liquidación, para obtener los pagos de deudas atrasadas.

“Desde la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, demandamos de la Superintendencia de Sociedades todos los esfuerzos encaminados a evitar la liquidación de Justo & Bueno, lo que, de no detenerse, constituiría una masacre laboral y un descalabro económico desastroso para el empleo y la salud de la economía del país”.

Proveedores: unos querían invertir

Sobre la mesa, en pos de un salvamento, ha estado la intención inversionista de los proveedores, lo que, no obstante, no ha sido aceptado de manera unánime. De hecho, recientemente se conoció el retiro de uno de ellos, que dijo que veía muy lejos la posibilidad de que la cadena pueda salir a flote, teniendo en cuenta la abultada deuda que tiene y la demora para resolver la situación.

Según recientes reclamos de un grupo de arrendadores, las deudas serían de 1,8 billones y el 85 % de los locales están cerrados.

El proveedor que retiró su intención de participar en el salvamento de Justo & Bueno fue Marco Monroy, quien dijo actuar en su condición de representante legal de MGM Sustainable Energy, S.A.S.

La mencionada compañía es una de las principales acreedoras de la cadena, según menciona la carta en la que Monroy anuncia su desistimiento de la idea de salvamento.

La deuda de Justo & Bueno con MGM está relacionada con el arriendo de equipos de refrigeración. Argumentó que observaba “un incremento diario superior a mil millones de pesos en los gastos de administración” y el tiempo transcurrido desde la suspensión de la liquidación jugaban en contra: “a nuestro entender, vemos que no resulta viable el pago del valor mínimo del salvamento, como tesis responsable de inversión”, indicó.

Agregó que, con base en cifras analizadas, “los retornos esperados con una posible inversión de la cuantía que exigiría la operación de salvamento, no son conmensurables con el nivel de riesgo, incertidumbre y el gran esfuerzo que la reactivación implica”.

Entre tanto, la firma Lobbying & Consulting Ltda., bajo la dirección de Alfonso Giraldo, había mencionado en días pasados que estaba listo para presentar un plan de inversión que cubra todas las deudas de la compañía, entre ellos, los pagos atrasados de salarios para casi 25.000 empleados, cánones de arriendo para más de mil arrendadores y créditos e impuestos con sus respectivos intereses.

Así las cosas, la audiencia pública programada será definitiva para que el juez del caso analice todos los sucesos ocurridos en el tiempo en el cual ha estado en ‘suspenso’ la audiencia de salvamento, y de allí, tome la decisión definitiva.